Connect with us

Economia

El Gobierno prorrogó el congelamiento de tarifas y la prohibición de cortes de los servicios públicos

Publicado

on

Ante la emergencia económica que produjo la pandemia de coronavirus

El gobierno nacional congeló hasta fin de año las tarifas de los servicios públicos y suspendió por el mismo período los cortes por falta de pago tanto de la luz, agua y gas, como así también de la telefonía móvil y fija, internet y televisión por cable.

La medida establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 543/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial fue tomada en el marco de la emergencia económica y apunta a evitar que las economías familiares colapsen tras la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. Además protege a los sectores más vulnerables de la posible falta de servicios.

El decreto prorroga el artículo 5° de la ley 27.541 que vencerá en los próximos días y le da un plazo adicional de 180 días corridos. Establece que “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios”.

Además, precisa que las compañías no podrán interrumpir los servicios por mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas con vencimientos desde el 1 de marzo de este año a las siguientes personas:

* Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

* Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

* Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

* Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

* Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

* Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

* Electrodependientes, beneficiarios de la ley 27.351 que regula los beneficios a personas en esas condiciones.

* Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

* Personas exentas en el pago de ABL o tributos locales.

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1

Economia

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva analizaron la oferta a los bonistas y un posible Stand-By para la Argentina

Publicado

on

Por

El Presidente dialogó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional para diseñar una hoja de ruta común que incluirá la reestructuración de la deuda externa y el futuro programa económico post COVID-19

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva dialogaron para analizar las negociaciones del Gobierno con los bonistas y la futura relación institucional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmaron a Infobae tres funcionarios argentinos y uno norteamericano que conocen los detalles de la conversación mantenida entre el Presidente y la directora gerente.

Alberto Fernández estaba en Olivos y Georgieva en Washington, y la conversación desarrollada un día feriado sirvió para acelerar el diseño financiero de la propuesta oficial a los acreedores privados que hoy se registrará en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

El Presidente había solicitado a la directora gerente un informe del staff del FMI estableciendo las condiciones para determinar la sostenibilidad de la deuda externa frente a las exigencias económicas y financieras de los acreedores privados. Una manera técnica-política de explicitar el apoyo del FMI a las negociaciones que estaba emprendiendo Martín Guzmán.

En un hecho inédito para el Fondo, Georgieva aceptó la propuesta de Alberto Fernández y avaló un informe que establecía que Argentina no podía destinar más del 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) al año para la deuda externa contraída en moneda extranjera.

Ese límite al gasto público avalado por la directora gerente del FMI implicó que la primera oferta oficial naufragara. Los bonistas se plantaron, y al Presidente y su ministro de Economía no les quedó otra alternativa que enterrar las recomendaciones que Georgieva había mandado a escribir a su staff a pedido de la quinta de Olivos.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una conferencia en Ciudad del Vaticano

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una conferencia en Ciudad del Vaticano

Alberto Fernández explicó a la directora gerente que debía quebrar los límites de sostenibilidad de la deuda recomendados por el FMI, frente a la promesa de evitar un default y cerrar un deal con los bonistas de New York. Georgieva, la principal aliada del Gobierno en Washington, avaló la decisión del jefe de Estado.

La directora gerente del FMI había recomendado -a través de su informe técnico- que el Valor Presente Neto (VPN) de los bonos a canjear no podía pasar el límite de los 49.90 dólares por cada lámina de cien dólares. Y detrás de ese número supuestamente infranqueable, Guzmán se había parapetado ante la ofensiva sistemática de los acreedores privados que pedían -sí o sí- un VPN con “un 5 adelante” (más de 50 dólares).

El aval de Georgieva y la decisión política del Presidente implosionaron la arquitectura financiera de las sucesivas ofertas oficiales que se presentaron a los medios de comunicación. La propuesta que se registrará hoy en la SEC establece que el VPN de la mayoría de los bonos será de 53.4 dólares por cada lámina de 100 dólares. Y en el caso de los Exchange 2005-2010, su Valor Presente Neto pasa los 57 dólares.

El diálogo protagonizado por Alberto Fernández y Georgieva ratificó la alianza estratégica que Olivos tiene con el Fondo Monetario Internacional. Si la directora gerente hubiera dicho que no, Argentina caminaba inexorablemente al default.

Ello no implica que habrá acuerdo entre el Gobierno y los acreedores privados para lograr una reestructuración exitosa de la deuda externa, pero el gesto político de la directora gerente ayuda muchísimo a una negociación trabada que tiene final abierto.

Alberto Fernández y Martín Guzmán en la quinta presidencial de Olivos

Alberto Fernández y Martín Guzmán en la quinta presidencial de Olivos

Además de la negociación con los bonistas, Alberto Fernández y Georgieva analizaron las relaciones institucionales entre la Argentina y el FMI. Se deben 44.000 millones de dólares, y el board del organismo multilateral espera un programa de economía y un plan de pago de esa deuda externa pública.

El Presidente recordó a la directora gerente que su intención es honrar la deuda contraída, pero que su decisión política es evitar los planes de ajuste a cambio de cumplir con el Fondo Monetario Internacional.

La intención de Alberto Fernández es obtener un nuevo Stand-By, ante la opción de acordar un Crédito de Facilidades Extendidas. En el Stand-By hay margen de maniobra para evitar ajustes y reformas vinculadas al sistema previsional -por ejemplo-; en el caso del Crédito de Facilidades Extendidas, se aplica un programa de medidas excepcionales que siempre dejó más perdedores que ganadores.

Si la negociación con los acreedores privados concluye en septiembre, la intención del Presidente y Guzmán es iniciar durante octubre un diálogo de aproximación con el staff técnico del FMI. En este sentido, Alberto Fernández y su ministro de Economía consideran que las negociaciones con Georgieva se estirarán hasta principios de 2021.

El Presidente concluyó satisfecho la conversación con la directora gerente del FMI. Ratificó que Georgieva es su aliada y que podrá contar con su apoyo institucional al momento de negociar los 44.000 millones de dólares que Argentina adeuda al Fondo Monetario Internacional.

Es lo que prometió su mejor amiga en DC.

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1
Seguir leyendo

Economia

Deuda: el gobierno presentó su oferta final

Publicado

on

Por

El acuerdo propuesto implica un valor de recupero cercano al 53 por ciento para los bonistas sin resignar derechos legales en la letra chica del contrato.

El Gobierno presentó este domingo la oferta final del canje. La propuesta la publicó el domingo por la noche el Palacio de Hacienda y este lunes se elevará a la comisión nacional de valores de Estados Unidos (SEC). El acuerdo propuesto implica un valor de recupero cercano al 53 por ciento para los bonistas sin resignar derechos legales en la letra chica del contrato. El plazo para que los inversores acepten la oferta se estiró hasta el 4 de agosto. 

El ministerio de Economía informó además que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina” explicó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Las claves de la propuesta de reestructuración pueden resumirse en unos pocos puntos:

1) La quita de capital es del 1,9 por ciento (promedio ponderado)

2) El valor de recupero es del 53,5 por ciento (promedio ponderado)

3) El pago de intereses empieza en el 2021 con una tasa baja del 0,125 por ciento anual.

4) Se adelanta el vencimiento de algunos bonos y se reconocen los intereses devengados.

5) Se incorpora una cláusula de participación mínima.

“Hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes”, aseguró el ministro Guzmán.

La reestructuración para ser exitosa debe superar el 75 por ciento de aprobación de los bonistas con títulos del canje 2005 y el 66 por ciento en los títulos colados en el macrismo.

Por ello la disputa con los inversores liderados por BlackRock y agrupados en Ad Hoc y Exchange resulta un problema para las expectativas de alcanzar un acuerdo rápido.

La deuda a reestructurar suma 66 mil millones de dólares. Estos acreedores dicen tener la tercera parte. Eso les brinda capacidad de veto de cualquier oferta que no consideren adecuada. Tienen la llave para llevar a la Argentina a las cortes de Nueva York.

Oferta final

El presidente Alberto Fernández adelanto este domingo a la mañana la presentación de la oferta final del Gobierno. “La oferta se va a conocer hoy y va a estar abierta hasta agosto. Espero que entiendan que es un esfuerzo enorme”, dijo el presidente.

Fernández agregó que “la oferta es el máximo esfuerzo que podemos hacer y espero que lo comprendan. No se le pide a nadie que pierda, sino que dejen de ganar. Son ganancias que el mundo no reconocía y que Macri les dejó ganar”.

Bonistas blandos

Las especulaciones respecto de lo que harán los bonistas con esta propuesta son muchas. Los fondos Gramercy, Fintech, Greylock y Oaktree informaron al Palacio de Hacienda que aceptarán la oferta del Gobierno. Lo adelantaron hace una semana.

Estos inversores hace meses que tienen una mayor predisposición al diálogo y buscaron alcanzar un acuerdo en forma acelerada. El problema es que no tienen peso para garantizar que el acuerdo de reestructuración supere los umbrales de participación.

Bonistas duros

En el otro extremo aparecen los acreedores liderados por BlackRock que se mostraron agresivos en la negociación y sin intenciones de aceptar las propuestas del Palacio de Hacienda. Los motivos no son económicos. La oferta del Gobierno es casi idéntica a lo que piden.

Este fondo es el más grande del mundo y tiene inversiones a escala global. La deuda que negocia con la Argentina no representa ni el 0,1 por ciento de su cartera de activos.

Pero intentar marcar el precedente para futuras reestructuraciones. El país se transformó en un caso testigo ante una catarata de posibles renegociaciones por efecto de la pandemia.

Contratos

La propuesta inicial del Gobierno cercana al 40 por ciento de valor de recupero es ahora superior al 50 por ciento. La cifra está alineada con la expectativa monetaria de los acreedores.

La alternativa de ofrecer un cupón PIB no prosperó y finalmente se mejoró el valor presente de los pagos con menor quita no minal y adelanto en el pago de intereses.

El elemento económico no parece ser un motivo para frenar el éxito de la reestructuración. En los detalles contractuales parece estar el principal problema.

Los bonistas agresivos quieren cláusulas del estilo two limb (como las recibidas en 2005). Consideran que este tipo de cláusulas les asegura mayor poder de negociación en caso que en el futuro se vuelva necesario hacer otra reestructuración de deuda.

En el Gobierno consideran excesivo ceder en este punto. Los contratos que ofrecen están en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario y la asociación internacional de mercado de capitales. Son cláusulas single limb similares a las ofrecidas a partir de 2016.

La posibilidad de cerrar este desacuerda viene de la mano de una innovación en la redacción de los contratos que se conoce como cláusula de participación mínima. Permite mantener la esencia de las single limb y al mismo tiempo garantiza que los Gobiernos no se aprovechen de las tácticas de re asginación de bonos para hacer entrar a los inversores a un canje.

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1
Seguir leyendo

Economia

Rotura de silobolsas: entidades agropecuarias denuncian que ya fueron dañadas 5.700 toneladas

Publicado

on

Por

En CRA realizaron un mapa con los diferentes actos delictivos, y aseguraron que los mismos afectan a sus 16 Confederaciones. Además, advirtieron: “Sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie, no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”

El delito rural ha registrado un incremento importante en los últimos tiempos. Una situación que se venía alertando desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que conforma la Mesa de Enlace, ya que la problemática afecta a las 16 Confederaciones que la conforman a lo largo y ancho del país. Uno de los delitos que más notoriedad está presentando es la rotura de silobolsas en las provincias del centro de la Argentina.

Los integrantes de CRA realizaron un mapa donde están reflejados los distintos actos delictivos que se sufren en cada provincia. “Con mucho dolor, tenemos que contar dos asesinatos a productores, en Misiones y Tucumán”, dijeron desde la entidad.

Y agregaron: “Hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo en mano de delincuentes. Y sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”.

El mapa de delitos rurales elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas

El mapa de delitos rurales elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas

En lo que va del presente año, la inseguridad rural que a diario sufren los productores está demostrada en los siguientes delitos: se registraron asesinatos, rotura de silobolsas, incendios intencionales, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos, abigeato y la usurpación de campos. “Los productores agropecuarios también somos ciudadanos merecedores de todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y la seguridad es uno de ellos”, manifestaron los dirigentes de CRA.

Por citar algunos ejemplos, en Mendoza robaron la cosecha de 8.000 kilos de ajo a un productor. En los 60 casos, aproximadamente y al día de hoy de roturas de silobolsas, de acuerdo a la información proporcionada por el Departamento Económico de CRA, se estima que en total son 5.700 toneladas las que han sido dañadas. Además, en cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo, sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente.

Esclarecimiento

Tal como informó este medio, ayer por la tarde, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, David Tonello, denunció un incendio en su establecimiento ubicado en Charras, departamento de Juárez Celman. Se investiga si el mismo fue intencional o no.

Hay que recordar que hace menos de un mes, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, también había sufrido un siniestro en su campo de Oliva, al que calificó como un “mensaje mafioso”, ya que lo definió como “intencional”.

Además, hay ataques a la propiedad privada que derivaron en una gran preocupación que existe en todo el mundo agroindustrial.

Ante esta situación, los integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María manifestaron su solidaridad con el presidente de la rural de Río Cuarto y solicitaron a las autoridades policiales el esclarecimiento del hecho a la brevedad.

Campaña

Los hechos de vandalismo y sabotaje en campos privados, con el robo de ganado, abigeato y rotura de silobolsas, han tomado estado público y generó no solo el repudio y la preocupación del sector agroindustrial y de sectores de la oposición, sino también de la ciudadanía que no necesariamente está vinculada a la actividad.

Así, Gastón Marra, empleado oriundo de la localidad bonaerense de Pehuajó, impulsó un petitorio que ya cuenta con 18.500 firmas a través de la plataforma change.org, para que el Gobierno nacional y los estados provinciales, repudien los actos vandálicos en la propiedad privada rural y que éstos tomen medidas para combatir la problemática.

“Pedimos que desde el Ministerio de Agricultura y también desde el Ministerio de Seguridad se dé a conocer una política clara que ayude al poder judicial a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada”, indicó Marra, y agregó que “el gobierno tiene que tomar medidas concretas para comenzar a esclarecer estos hechos de sabotaje y vandalismo, implementar medidas de prevención y transmitir el mensaje político que estos delitos deben acabar porque terminan perjudicándonos a todos los argentinos”.

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1
Seguir leyendo

Tendencias