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Politica

Oficializaron la designación de Daniel Scioli como embajador en Brasil

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Mediante un Decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el ex Gobernador bonaerense fue oficializado en el cargo para el que lo designó el presidente Alberto Fernández.

El Poder Ejecutivo formalizó finalmente este lunes la designación de Daniel Scioli como embajador ante la República Federativa de Brasil.

Así lo hizo al publicar en el Boletín Oficial el decreto 570/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del canciller Felipe Solá.

“Nómbrase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Daniel Osvaldo Scioli I (DNI N° 12.787.761), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957”, dice la norma.

En ese marco, se destaca que el Senado ya dio acuerdo a la designación y que oportunamente el gobierno de Brasil concedió el plácet de estilo al ex gobernador y ex vicepresidente.

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Politica

Se reanudó el juicio por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime

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El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción

Cerca de las 16 de ayer se reanudó el juicio oral y público en el que a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción entre ellos su enriquecimiento ilícito. El juicio contra el primer ex funcionario kirchnerista que admitió haber cobrado coimas de empresarios había empezado en abril de 2019 y se había suspendido por la pandemia de coronavirus.

El Tribunal Oral Federal 6 retomó el juicio de manera remota a través de la plataforma Jitsi Meet. Los jueces titulares Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino y el cuarto masgistrado Ricardo Basílico estuvieron conectados desde sus respectivos hogares. Lo mismo sucedió con la fiscal Gabriela Baigún y con los defensores de los varios imputados en el caso. Ninguno de los acusados dio el presente a la audiencia vía remota.

El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime. El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime.

Cuando comenzó la audiencia se produjo una situación un tanto insólita. El defensor oficial de Jaime en el juicio oral Eduardo Chittaro leyó un mail le había enviado el abogado particular del ex funcionario, Claudio Trugman, quien lo defiende en otro caso por corrupción: el de la Tragedia de Once.

La situación era muy extraña. El ex abogado de Jaime en el juicio por cuatro casos de corrupción les habían transmitido a los defensores oficiales el desacuerdo del imputado con el modo en que lo estaban defendiendo. Chittaro planteó que se sentían bajo “violencia moral” por lo manifestado en el mail y pidió que se suspendiera la audiencia hasta tanto se resolviera el entuerto.

Un rato antes Jaime había declinado através de un texto manuscrito enviado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de asistir vía teleconferencia desde la cárcel de Ezeiza a la audiencia de reanudación del juicio. Según explicaron fuentes judiciales, Jaime dijo que no quería avalar el juicio al que considera ilegal. Pero nada había dicho sobre su defensa.

La semana pasada había presentado otro manuscrito en el que decía que “Habiendo sido informado por el defensor oficial Dr. Daniel Ranuschio de lo resuelto por ese Tribunal, en cuanto a la convocatoria a una audiencia el próximo lunes 3 de agosto, para continuar con el juicio al suscripto, pongo de manifiesto lo siguiente: rechazo en forma terminante que la continuidad del juicio se realice de manera virtual ya que se vulnera derechos constitucionales de la defensa en juicio, habida cuenta que estoy con prisión preventiva, prorrogada a cinco años por este Tribunal, lo cual ha impedido tener contacto con los defensores oficiales, a lo que se suma el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Agrego que la única comunicación es por vía telefónica. Quiero dejar expresado que no puedo ser juzgado por aquellos que ya no sean jueces, conforme lo instituye la ley 27.546″.

Presentación manuscrita de Jaime.Presentación manuscrita de Jaime.

De esta manera Jaime reiteraba un pedido que fue rechazado. Considera que dos de los jueces del TOF 6 (Martínez Sobrino y Panelo) que se jubilaron y fueron convocados para continuar con los juicios que ya se habían iniciado, no pueden juzgarlo. Ese planteo fue rechazado por el Tribunal y la apelación está en Casación.

Ante los pedidos de Jaime y de los defensores oficiales (que representan al ex funcionario y a alguno de sus testaferros) el juicio pasó a un cuarto intermedio. Los jueces resolvieron la continuidad y aclararon que todos los planteos que había hecho Jaime ya habían sido resueltos. Ahora serán los defensores oficiales los que tendrán que hablar con Jaime para saber si siguen a cargo de las múltiples defensas en el juicio.

Una vez que el juicio comenzó hubo que conectar a la testigo que abrió la audiencia y que estaba en una oficina del juzgado federal 3 de la provincia de Córdoba. Es que el juicio se había suspendido cuando se estaba analizando la situación de uno de los bienes que incorporó Jaime a su patrimonio a través de testaferros: el hotel Saint Tropez de la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

La sociedad que compró el hotel se llama Lago Azul y sus accionistas eran Alfredo Pielach y Lisandro López. Ambos son ejecutivos de la empresa TEBA, a cargo de la explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, propiedad de Néstor Otero, quien le pagó varias coimas a Jaime. Por una de ellas, el alquiler del departamento donde vivía el ex funcionario, Jaime fue condenado en 2015, antes del cambio de gobierno y antes de que el kirchnerismo descubriera la palabra “lawfare” para explicar algunos casos de corrupción.

Pielach y López, que no tenían inversiones en el negocio hotelero y no tenían relación con Córdoba compraron un hotel. La sociedad puso como domicilio la casa de Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario. Y la hija, según varios testimonios, quedó al frente de la explotación del negocio hotelero. Los investigadores creen que el hotel-negocio adecuado para el lavado de dinero- fue otra de las coimas que Jaime recibió de Otero.

La testigo que declaró desde Córdoba es Marcela del Valle Desantis. Había sido la contadora de la sociedad que compró el hotel. Dijo muchas veces “no recuerdo” y “pasaron muchos años”. Tiene razón en lo segundo al menos: la operación del hotel comenzó en 2007/2008 y se extendió hasta que el caso fue revelado por el diario Clarín en 2010.

Desantis fue la contadora y dijo haber sido contratada por Pielach para hacer la liquidación de sueldos, de impuestos y llevar la contabilidad de una “empresa chica”. Dijo que Julieta Jaime “era como que gerenciba el hotel”. Aunque se encargó de remarcar que la provisión de dinero para lo que fuere necesario la hacía Pielach. La contadora se enmarañó a la hora de describir las tareas de la hija de Jaime, nexo entre los ejecutivos de Otero y el por entonces secretario de Transporte de la Nación y quien debía controlar el buen funcionamiento de la Terminal de Retiro.

Aseguró -después de decir que “era como que gerenciaba”- que Pielach le había dicho que la joven Jaime lo iba a ayudar en “desarollo turístico y en la parte comercial”. Dijo que conoció a Julieta Jaime una vez que fue al hotel y que la hija del ex funcionario les daba “instrucciones a los empleados”. El hotel tuvo “cuatro o cinco” empleados que fueron indemnizados cuando Pielach y López-teóricamente- vendieron el hotel en 300.000 dólares . Los empleados no tenían cuenta sueldo y cobraban en efectivo. Cuando el dinero de lo que recaudaban no alcanzaba, Pielach mandaba cheques.

Para la fiscalía, según fuentes judiciales, la hipótesis sobre la propiedad de Jaime del hotel Saint Tropez, está prácticamente corroborada. Falta que declare una testigo para cerrar ese capítulo sobre uno de los bienes que Jaime compró con dinero producto del pago de coimas. La audiencia finalizó dos horas después de iniciada luego de unos pocos contratiempos técnicos que fueron rápidamente superados. La semana que viene se analizará otro de los bienes que sumaron los testaferros de Jaime: una casa en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba.Para la fiscalía, según fuentes judiciales, la hipótesis sobre la propiedad de Jaime del hotel Saint Tropez, está prácticamente corroborada. Falta que declare una testigo para cerrar ese capítulo sobre uno de los bienes que Jaime compró con dinero producto del pago de coimas. La audiencia finalizó dos horas después de iniciada luego de unos pocos contratiempos técnicos que fueron rápidamente superados. La semana que viene se analizará otro de los bienes que sumaron los testaferros de Jaime: una casa en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba.

En en el mismo juicio oral y público se tratan otros tres casos. Uno –cuyos testigos ya declararon ante el TOF 6- es sobre una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas por la que está acusado el ex secretario de Transporte y personas vinculadas a la empresa.

Otro caso es por el uso de autos de propiedad estatal para beneficio personal en el que está acusado Jaime y ex director del OCCOVI Claudio Uberti, quien en el Caso Cuadernos admitió haber cobrado coimas y repartido durante los años que fue funcionario público.

El último de los capítulos del juicio es tal vez el más relevante desde el punto de vista de la utilización de los fondos del estado que usó la secretaría de Transporte cuando estuvo a cargo de Jaime. Esa repartición dependía del ministerio de Planifiación que manejó Julio De Vido. Tanto De Vido como Jaime deben enfrentar el juicio oral y público acusador por haber decidido la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Se compró material rodante que buena parte no funcionaba y se sospecha que en la operación se pagaron coimas.

De Vido también pidió que no se reiniciara el juicio de manera virtual. Pero su planteo también fue rechazado y ayer se reanudó.

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Politica

Eugenio Zaffaroni insiste con la reforma de la Constitución: “Es imprescindible e inevitable”

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El ex juez de la Corte Suprema planteó la necesidad de una nueva Carta Magna y anticipó un aumento en la inseguridad por la pandemia.

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni se volvió a mostrar a favor de reformar la Constitución para salir de la crisis generada por el coronavirus ​ya que “van a aumentar los niveles de pobreza” y por lo tanto “va a ser necesario elaborar un proyecto de Estado”.

“No nos alcanza con la Constitución de 1949. Necesitamos algo más. De toda crisis de esta naturaleza surge un modelo de Estado; de la de 1929 salió el New Deal y de acá va a salir un nuevo modelo de Estado. Es imprescindible, inevitable una nueva Constitución”, insistió.

Zaffaroni formuló sus declaraciones durante su participación en un ciclo de charlas digitales organizadas por la agrupación Populismo K. El actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que la Argentina “no puede tener una Constitución que permita que un día un señor que gana una elección por un voto endeude el país en miles de millones de dólares que entran por un lado y se van a los refugios fiscales por otro”.

Y agregó, en clara referencia a Mauricio Macri​: “No puede ser, es comprometer el PBI, el trabajo, el valor agregado, por décadas, porque un señor ganó una elección por un voto. Algo ahí está fallando”.

Respecto de si existe la oportunidad política para reformar la Carta Magna, el magistrado dijo que no lo sabe, ya que eso “depende de múltiples circunstancias, sobre todo con esto de la pandemia”.

“Ningún mal es eterno pero hay que ver a qué mundo salimos, con qué sociedad, con qué nuevas necesidades…”, agregó.

Consultado por la inseguridad en la salida de la pandemia, el jurista anticipó: “Va a recrudecer en los próximos meses. Si respondemos a reglas universales, una crisis como la que va a producir este desastre (la pandemia) siempre aumenta los delitos contra la propiedad. Es inevitable”.

En línea con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien consideró que “no son muchos los robos” que están sucediendo y que son los medios de comunicación que “los hacen visibles”, Zaffaroni también cargó contra el periodismo.

“Además de los delitos van a recrudecer los comunicadores sociales, los deformadores de opinión, todos esos bestias que aparecen instigando a la venganza”, disparó.

Y analizó: “Si vas a la cárcel la encontrás llena de pobres. ¿A qué se debe? se debe a que nuestras sociedades muy estratificadas tienen distintos niveles de entrenamiento, es decir en una villa no aprendes a hacer una sociedad off shore o a evadir impuestos y el que por su clase social aprende a hacer eso no sabe cómo sacarle la billetera al que va al lado suyo en el colectivo”.

“Siempre se hace lo más fácil. Encontrar a un estúpido vestido de ladrón por la calle, portador de estereotipos, un estereotipo caminando que roba y hace cosas groseras, que no tiene ningún poder social, no trae ningún inconveniente meterlo preso”, siguió.

“El sistema penal es estructuralmente selectivo, pero no solo para criminalizar, es selectivo también para victimizar. Cuanto más pobre sos en la sociedad tenes mayor riesgo de criminalización y mayor riesgo de victimización, porque no te podes pagar seguridad privada, porque vivís en una vivienda vulnerable, en un barrio más violento… uno se pregunta: ¿Es contra ellos que se ejerce este poder punitivo discriminador y sin embargo lo piden? Lo piden porque son más victimizados; en una de esas lo vas a encontrar menos permeable al discurso de mano dura en ciertos sectores de clase media porque no son victimizados. El que vive la victimización tiene una bronca bárbara, es natural y no hay nada que hacer”, agregó.

De todas formas, Zaffaroni definió el reclamo de “mano dura” como una “campaña populachera de venganza que prende en ciertos sectores” y cuyo resultado es la existencia de “cárceles superpobladas donde hay más riesgo de infecciones, de enfermedades y de violencia”.

“Cuando la cárcel está muy superpoblada, los guardiacárceles pierden el control interno, que queda en manos de una banda que somete a los presos a condiciones de humillación y de servidumbre. A veces de servidumbre sexual. Metes a un tipo ahí y ¿qué sacás? Alguien con un grado de resentimiento social enorme, alguien mucho más deteriorado que cuando entró. Lo sacás con un certificado de incapacidad laboral porque nadie contrata a un tipo que estuvo preso. El efecto real es de reproducción de delincuencia”, apuntó.

Por último se refirió a la llamada “ideología de resocialización”: “No le podés decir al pibe chorro ‘sé buenito’, porque te va a decir: ‘¿Por qué voy a ser buenito si hay otros que son un hijo de tal por cual y están sueltos?’ Y tiene razón. Le tenes que decir: ‘No seas boludo’. Ese es el asunto, tratar de redefinir su subjetividad de ‘yo soy el piola porque salgo de fierro’. Bueno, no seas pelotudo, porque te van a cagar a tiros en la esquina, vas a terminar en un zanjón”.

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El Gobierno denunció al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich por el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

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El Ministerio de Seguridad nacional presentó esta mañana una acusación contra Pablo Noceti y dos ex jefes de Gendarmería por irregularidades y encubrimientos

El Ministerio de Seguridad nacional denunció este lunes a primera hora a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017 en la ruta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven Santiago Maldonado.

La acusación fue presentada en sede judicial por un funcionario del ministerio que conduce Sabina Frederic e involucra entre los denunciados, además de Noceti, a los dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex Director Nacional Gerardo Otero y su segundo, el comandante general Ernesto Oscar Robino, ambos retirados en la actualidad.

Casi exactamente tres años después de aquel operativo, que derivó en un hecho político de grandes proporciones y en una investigación penal por lo que se creía que fue la “desaparición forzada” de Maldonado (algo que aún hoy sostiene su familia, ya que el tatuador estuvo desaparecido 78 días, hasta el 17 de octubre de ese año), el Gobierno acusó a estos ex funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia se basó esencialmente en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron apenas unos días atrás a Frederic. La Ministra les había encomendado en enero revisar el manejo de la propia fuerza en aquel hecho y tras una investigación que duró varios meses concluyeron que la acción para interrumpir el corte de ruta que había organizado la comunidad mapuche de Cushamen estuvo repleta de irregularidades.

Pablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió MaldonadoPablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió Maldonado

Para el Gobierno actual, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado y además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que los siete hombres mapuches más Maldonado que cortaban el camino levantaran el piquete.

La denuncia, que investigará el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello, pone el foco sobre todo en el rol de Noceti, a quien se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se le dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según se deja constancia en esta acusación, el ex virtual viceministro de Bullrich instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas promovido por la ex ministra, pero que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

“En el caso del Dr. Noceti, dicha actuación, además, comportó una intromisión de las autoridades políticas del Gobierno en la actuación encomendada a la Gendarmería por el magistrado entonces actuante (en referencia a Guido Otranto)”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae.

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

El momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, ChubutEl momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut

En el caso del comandante general Ernesto Oscar Robino, se lo denunció por su actuación desplegada en la Información Administrativa N° 3/17 del Registro de la Agrupación XIV Chubut, “orientada deliberadamente a obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior en el que pudiera investigarse la actuación de los miembros de la Fuerza”, y especialmente, de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo de despeje en cuestión.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La denuncia, disparada por la “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. “Así, se consagró una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1° de agosto de 2017”, dice la acusación, firmada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, y Edmundo A. Durval Segovia, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el GobiernoGerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el Gobierno

Para la administración de Alberto Fernández, hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Una de las directivas que recibió la ministra Frederic del actual presidente, Alberto Fernández, fue la de revisar las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, a la actual titular de la cartera le interesa ahondar en todo lo que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, quien, según concluyeron las pericias médicas, se ahogó en el río Chubut cuando intentaba escapar de la represión de Gendarmería.

Noceti y los hechos

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. Esas actuaciones fueron instruidas por Ramón La Cruz Galván, comandante General Oficial Superior Informante de esa fuerza, y registradas bajo la Información Administrativa 1/20.

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. Guido Otranto, titular del Juzgado Federal 1 de Esquel, ordenó al Escuadrón 35 El Bolsón el despeje de la carretera, lo que se concretó cerca de las 3:30 de la madrugada ya del día siguiente.

A la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativoA la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativo

El magistrado pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.

Simultáneamente, según declaró el Comandante Mayor Diego Conrado Héctor Balari, el 31 de julio de 2017, Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Rio Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM.

Noceti pidió que, en caso de un corte de ruta, intervenir para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

El operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en ChubutEl operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en Chubut

Según se evidencia en el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaron que para el despeje debía emplearse la Unidad Móvil Especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola.

Cuando se acercaron al grupo que del corte, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los gendarmes. Eso habilitó, según el informe de Gendarmería a Frederic, a que, en los términos de las órdenes que habían recibido de Noceti, al personal de la Fuerza usar las escopetas.

“Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, fue de inexorable relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional”, dice la denuncia, y agrega: “Su accionar configuró una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impedía involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta estaba actuando como órgano auxiliar de la Justicia”.

Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)

Por eso, para el Gobierno, el operativo que derivó en la muerte de Maldonado obedeció a “una cuestión de voluntad política”.

Pero el protocolo que decidió usar Noceti no estaba vigente. El que sí tenía competencia, firmado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, decía que “las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Algo que evidentemente no se respetó aquel mediodía helado de agosto tres años atrás.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia.

Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)

Y ese argumento que desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. Eso, dedujeron en la denuncia las autoridades actuales del Gobierno, habilitó a Noceti y al Director de Gendarmería a reprimir.

Según el informe administrativo presentado por Gendarmería días atrás a Frederic, Otero y Noceti expusieron al personal de la fuerza de seguridad “a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de protección necesarios”.

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado: “Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

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