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Polémica por un pedido oficial para trasladar a un empleado bancario a la cárcel para pagarles el IFE a los presos

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Ocurrió en Tucumán. Según pudo saber este medio, hay una lista de 17 detenidos del Complejo Carcelario Villa Urquiza que figuran como autorizados para iniciar el trámite del cobro de la ayuda estatal

Una situación insólita se vivió en Tucumán. En medio de una reunión por la crisis carcelaria de esa provincia, un representante del Servicio Penitenciario pidió que se autorizara el traslado de personal bancario a una cárcel para que los presos puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El llamativo pedido dejó en evidencia que existe una lista de unos 17 detenidos autorizados para iniciar ese trámite.

Todo comenzó el jueves pasado en la Casa de Gobierno de Tucumán en medio de una reunión interministerial en la que entre otros temas se trató la crisis carcelaria que vive la provincia. Allí, un alto funcionario del Servicio Penitenciario provincial planteó la necesidad de trasladar a personal del Banco Nación al Complejo Penal de Villa Urquiza, para que los detenidos puedan cobrar el IFE en ese lugar y evitar que tengan que ser trasladados en medio de la pandemia.

Allí contó que pocos días atrás uno de los detenidos solicitó permiso para ir a la sucursal bancaria a cobrar la ayuda de $10.000 pesos brindada por el Estado. Después de indagar sobre su situación, se lo autorizó.

El detenido fue traslado en un móvil hasta las instalaciones del Hipódromo, que es donde se cobra ese beneficio en la capital tucumana.

Una vez allí, los efectivos penitenciarios observaron una larga fila y comenzaron a dudar. “No lo podíamos bajar. Si después se infecta, podría esparcir el virus por toda la cárcel”, detalló una alta fuente del SP tucumano.

Ante esto, decidieron que lo mejor era devolverlo al calabozo y plantear la situación en la reunión con el Poder Ejecutivo provincial. “Acá el problema no es nuestro, si tenemos jueces de ejecución que autorizan la salida y el cobro, nosotros no podemos hacer nada. No está en nuestra órbita esa decisión”, se defendió el funcionario.

Según trascendió, en ese complejo carcelario fueron autorizados para iniciar el trámite del cobro del IFE un total de 17 de detenidos. De todos modos, la propuesta del funcionario para trasladar un empleado bancario hasta la cárcel fue denegada.

El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, en diálogo con Infobae, explicó: “No están contempladas las personas privadas de la libertad a cobrar el IFE, es falso eso. Pero lo que puede ocurrir es que un familiar o un abogado los haya anotado y el sistema los aprobó porque el entrecruzamiento de datos se hace con AFIP y Migraciones no con información de la Justicia”. Y agregó: “La Justicia es la que define los permisos”.

El caso fue revelado por el diario local La Gaceta, que además publicó una lista con algunos de los detenidos que habrían sido autorizados para iniciar el trámite. Así, la jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó un informe para determinar quiénes eran los presos que habían accedido al IFE.

Dentro del listado aparecieron: Raúl “El Turco” Fadel que en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo. Andrés Alejandro González: sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. Y por último, Tomás Alejandro Ceballos, condenado a prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá.

De este modo, según informaron fuentes judiciales, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) corroboró que llegaron varios pedidos para que se permitiera salir del penal a internos para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Considero que los penados no deben cobrar, no necesitan ese dinero dentro de la cárcel y tendrían que haber hecho entrecruzamiento de datos con Registros de Antecedentes Penales (RNR). Porque los procesados mientras no se demuestre lo contrario son inocentes”, dijo la jueza Merched a Infobae. “Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, sostuvo

Y agregó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

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Desesperada búsqueda de un joven de 22 años. Su madre denuncia la desaparición forzada de su hijo y vincula a la policía bonaerense

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Cristina Castro la mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30/4, conversó con León sobre la angustiosa búsqueda que moviliza a todas las fuerzas policiales y judiciales de la región, y que por algunos detalles oscuros que giran en torno a su desaparición la preocupan y la movilizar a denunciar el caso como ““desaparición forzada de persona”.

Facundo es buscado desde el pasado 30 de abril. Desapareció tras salir de la localidad de bonaerense de Pedro Luro mientras se dirigía a Bahía. Según la versión policial difundida, el joven no contaba con un permiso de circulación, por lo que un retén policial lo detuvo y le labró un acta por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tras ello, lo dejaron seguir su ruta hacia Bahía Blanca, pero nadie volvió a verlo.

Cristina Castro, la mamá, a través de sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía Federal de Bahía Blanca a cargo de Santiago Ulpiano Martínez por “desaparición forzada de persona” con el argumento de que “fueron policías” quienes vieron por última vez al joven con vida “y las explicaciones que dieron no son convincentes”.

CUALQUIER INFORMACIÓN COMUNICARSE AL 911,  AL 2928420120 O DIRIGIRSE A LA COMISARIA MAS CERCANA.

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Las pruebas y los testimonios que podrían llevar a Roberto Giordano a la cárcel

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Para el juez Marcelo Aguinsky, que procesó al peluquero y determinó un embargo por 30 millones de pesos, la pruebas son contundentes. Por tener una condena previa en 2014 -evasión simple- si fuera encontrado culpable debería cumplir la pena tras las rejas

Roberto Giordano, el peluquero que supo tener de clientas a las mujeres más famosas del país, está contra las cuerdas en tribunales. No le quedarían muchas opciones de escapatoria. Eso al menos piensan en los tribunales.

En los últimos seis años la justicia acumuló una gran cantidad de pruebas y de testimonios que lo ubicarían como el único responsable de un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que tenía como objetivo esconder sus bienes, evitar juicios laborales y evadir el pago de cargas sociales de sus empleados.

Giordano ya fue procesado y embargado por 30 millones de pesos por el juez Marcelo Aguinsky.

El delito por el cual fue procesado -insolvencia fraudulenta- tiene una pena de 2 a 6 años según el Código Penal. “Es muy difícil que alguien vaya preso por algo así, salvo que tenga una condena previa”, dicen en los pasillos de la justicia. Pero Roberto Giordano la tiene: en 2014 fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de evasión simple. Ese antecedente es el que hace que cualquier pena que le apliquen en el futuro juicio, deba cumplirla indefectiblemente en un penal.

“Lo que hizo Giordano en esta causa que se investiga fue, básicamente, crear una serie de empresas falsas y sellos de goma que puso a nombre de conocidos suyos, en su mayoría empleados sin capacidad financiera. Empresas que en realidad él manejaba desde las sombras. Es decir, usó testaferros. El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas 17 bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explica una fuente en los tribunales del fuero penal económico.

Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A, Giordano habría utilizado testaferros para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A, Big Brands S.A, Arimis S.R.L y Unidor S.RL, entre otras, trasladó personal y sobre todo bienes.

“Una vez que hizo todo eso, la empresa que él reconoce como propia, Aspil S.A, quedó vacía, es decir solo quedó el cascarón: sin empleados, sin bienes, sin absolutamente nada. Mientras tanto seguía ahí acumulando deudas, no pagaba impuestos, evitaba abonar las cargas sociales. Si le hacían juicio, ya no tenía nada a su nombre, lo había pasado todo a las empresas truchas. Esa es la maniobra. La realidad es que es muy común que se haga esto solo que él lo llevó al paroxismo”, afirma a Infobae una fuente que conoce los tribunales y sobre todo conoce a Giordano.

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En total son 17 los bienes que el peluquero habría pasado de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hacía a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Cuando el peluquero tuvo la oportunidad de defenderse en indagatoria dijo desconocer esas maniobras. Dijo que era un simple empleado. Aseguró que las empresas falsas lo habían contratado a él y que no tenía ningún tipo de responsabilidad: “Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”.

“Debido a la inmensa cantidad de juicios laborales que tuve que afrontar y pagar, sumado a los bajos ingresos de la peluquería, decidí dejar de explotar los diversos salones y ofrecer mis servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades mi nombre (marca) para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre”, declaró Giordano frente al magistrado.

El juez Aguinsky no le creyó. Básicamente porque en el expediente hay una serie de pruebas que contradicen a Giordano en varios aspectos.

El magistrado construyó en base a eso su hipótesis: “Sin perjuicio de que Roberto Leonardo Giordano no integraba formalmente las empresas Unidor, Arimis, Big brands y Nilamar era quien en los hechos dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de aquellas, es decir era el verdadero responsable de la explotación de la cadena de peluquerías y que los cargos directivos de tales empresas se encontrarían ocupados a título formal por personas relacionadas con aquel”.

Las pruebas que complican al peluquero

Un cotejo realizado por la AFIP en cuanto a los empleados en relación de dependencia que trabajaron para Giordano develó que ASPIL, la empresa que el acusado reconoce como propia, traspasó 227 empleados a Big Brands, 55 a Arimis y 3 a Unidor, mientras que luego hubo pases de empleados entre las propias sociedades. Para el magistrado esto no parece lo más común si se tiene en cuenta que Giordano nada tenía que ver con las nuevas sociedades.

Otro dato fundamental que llamó la atención al juez tuvo que ver con el resultado de un allanamiento. El 8 de marzo de 2012 se realizó un operativo en una oficina de la calle Montevideo al 700 perteneciente al escribano Juan José Almirón, hermano de Mirtha Selva Servando de Almirón, esposa de Giordano. Allí se encontró documentación vinculada a Big Brands y a Unidor.

¿Por que el cuñado de Giordano tendría en su estudio voluminosa documentación de dos empresas en las que el peluquero era, según su declaración, un simple empleado?, se preguntaron los investigadores.

Más pruebas en contra del hombre de los desfiles, según la investigación: la empresa Televisión Federal (Telefe) informó al juzgado que para celebrar contratos con la empresa Unidor y Big Brands se contactó con Roberto Giordano.

A todo esto se suman los testimonios de muchos de los empleados que Giordano tuvo durante varios años. Una peluquera, M.J.C, dijo en en el juzgado: “A mi entender el dueño y el que dirigía la empresa era Roberto Giordano. Se comentaba entre los empleados que tenía varios testaferros”.

Por su parte, una colorista, S.F, que fue empleada de ASPIL hasta 2007, y luego lo fue de Big Brands y posteriormente de Unidor, relató:“Los empleados nos enterábamos que cambiaba la razón social porque figuraba en el recibo de sueldo pero siempre trabajábamos igual en las peluquerías de Roberto Giordano. Las condiciones no cambiaban, era todo lo mismo. Se notaba que para decidir algo las encargadas de los locales debían consultar a Giordano. Él estaba a la cabeza de todo”.

“Cada vez que le transmitíamos a alguna de las encargadas un pedido relacionado a dinero ellas nos decían que debían consultarlo con Giordano. La máxima autoridad de cada local era el gerente, salvo que estuviese Giordano. Una vez, cuando trabajábamos para Big Brands, vino Roberto a una reunión del local de Paseo Alcorta y despidió en el mismo momento a cinco personas juntas porque se rumoreaba que estaban armando su propia peluquería”.

En el documento el juez enumera alguno de los inmuebles que Roberto Giordano intentó esconderle a la AFIP y a sus acreedores: un departamento en calle Arenales 1251, las unidades funcionales 1 y 2 del edificio de Libertador 4880 y tres vehículos.

Sobre el final del procesamiento, Aguinsky, que se trata del mismo magistrado que lo condenó en 2014, es contundente en cuanto a la responsabilidad de Giordano: “El acusado no habría desconocido la existencia de las diversas fiscalizaciones que le fueron iniciadas por la AFIP, ni la constitución de las sociedades indicadas ni mucho menos las distintas transferencias de bienes de su patrimonio que se hicieron a estas empresas las cuales, pese a no encontrarse formalmente designado como autoridad, eran manejadas por el imputado. Todas estas circunstancias permiten inferir que Roberto Giordano habría obrado con conocimiento y voluntad”.

La defensa del peluquero apeló el procesamiento y el embargo y ahora la suerte del imputado quedó en mano de la sala B de la Cámara Federal. En caso de que se rechace el planteo, el juez Aguinsky enviará inmediatamente la causa a juicio oral.

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“Le quise hacer una joda y le pegué el tiro”, la confesión de un absurdo crimen que conmociona a Tapalqué

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La víctima tenía 26 años y era el hermano del presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

“Me mandé la cagada. Le quise hacer una joda y le pegué el tiro”.

Tomás Echegaray tenía 26 años y su pasión era el fútbol. No había llegado a Primera División pero en Atlético Tapalqué se había destacado. Tanto que en 2020 había firmado con Boca Juniors de Azul, aunque el coronavirus no lo dejó debutar. Ya no tendrá la chance: fue víctima de un crimen absurdo.

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