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Pese a las críticas, el Senado convertirá en ley el polémico proyecto sobre teletrabajo

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Será uno de los temas que se debatirán en la sesión virtual de esta tarde y se espera que sea aprobado por el Frente de Todos, que tiene una amplia mayoría. La iniciativa fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto. Qué objeta el sector empleador

El proyecto de regulación del teletrabajo será convertido hoy en ley durante una sesión virtual del Senado. La amplia mayoría de los senadores del Frente de Todos permitirá que la iniciativa apoyada por el sindicalismo y criticada por el empresariado sea sancionada, pero entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio, como figura en el último artículo de la norma.

El texto que fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto obtuvo dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto que había sido aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones.

El Interbloque de Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría en el que figuran cambios pedidos por el sector empleador y que fue firmado por los senadores María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Gladys González, Laura Rodríguez Machado y Guadalupe Tagliaferri.

Durante la sesión virtual, que comenzará a las 14 y será presidida por Cristina Kirchner, también se debatirá el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina, una iniciativa que es esperada por el presidente Alberto Fernández para avanzar en la reestructuración.

Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del SenadoDaniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado

El proyecto sobre teletrabajo establece la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos. También contempla el control de higiene y seguridad, los derechos sindicales, el derecho a la intimidad y la preservación de la información laboral, entre otros puntos.

De acuerdo con la iniciativa que debatirá el Senado, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos (salarios, licencias y vacaciones) que quienes cumplen sus tareas en forma presencial

El artículo referido al derecho a la desconexión digital afirma que el teletrabajador “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y prohíbe que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral.

En otro punto del proyecto, sobre las tareas de cuidado, establece que quienes trabajen en forma remota y “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”. Igual permite que “las pautas específicas” de este derecho se pacten en los convenios colectivos.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado Daniel Funes de Rioja, de la UIA, opinó sobre el teletrabajo ante la Comisión de Trabajo del Senado

En la iniciativa también figura la voluntariedad, que contempla que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

Otro aspecto polémico del proyecto es la reversibilidad, que permite que “el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación”. “En tal caso -dice-, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”.

El texto también fija la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.

Contempla, además, que la jornada laboral “debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”, y establece que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.

“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA“Coincidimos en el espíritu del proyecto, pero no en la forma”, advirtió Brenda Puig, de IDEA

La iniciativa delega en el empleador la garantía de protección de la información laboral y le impide “hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad” y hay dos artículos que garantizan que los derechos sindicales de quienes ejercen el teletrabajo serán iguales a los que se desempeñan en la modalidad presencial.

Se dispone, por otra parte, que “los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.

También se establece en el proyecto aprobado que “la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo” y se advierte que “el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical”.

La iniciativa contempla “las prestaciones transnacionales de teletrabajo”: allí “se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”. Agrega que “en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación” y que “los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”.

Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo"Para Luis Galeazzi, de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo”

Por último, se dispone que la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio y obliga a las empresas que desarrollen el teletrabajo a registrarse en el Ministerio de Trabajo, “acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Críticas de los empresarios

En la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el jueves pasado, pudieron opinar sobre el proyecto diversas entidades empresariales, que coincidieron en pedir modificaciones al texto aprobado en Diputados porque así como estaba redactado podría desalentar el teletrabajo en la Argentina y podría favorecer a la industria del juicio.

Uno de los que habló fue Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, quien planteó sus críticas a algunos artículos del proyecto, como el que prohíbe al empleador comunicarse con los empleados fuera del horario de trabajo, punto que consideró “impracticable” porque “debería acordarse en el marco de los convenios colectivos”. También objetó el que se refiere a la reversibilidad porque “la relación laboral es de confianza y credibilidad” y la posibilidad de revocar el teletrabajo “debería ser común” tanto para el empleado como para el trabajador.

Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de IDEA, destacó que “coincidimos en el espíritu, pero no en la forma” en que están redactados varios artículos, entre los que mencionó también el de la reversibilidad: “No es razonable que sea unilateral, sin preaviso ni adecuación consensuada ni plazo de adecuación”. Con respecto a los gastos por el teletrabajo, a cargo del empleador, aseguró que “es muy relevante aclarar que la provisión (de herramientas de trabajo) sea no remunerativa”.

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajoEl líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajo

Para Luis Galeazzi, presidente de Argencon, “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo justo cuando se necesitan más empleos” y criticó, entre otros artículos, el referido a la reversibilidad: “El INVAP produce reactores nucleares que se exportan a Turquía, Holanda y Australia, y eso implica que hay equipos que viajan de Río Negro a esos países –ejemplificó–. ¿Qué pasa si en Turquía un empleado pide volver a trabajar a Bariloche? Eso debe ser de común acuerdo, no que sea unilateral”. También cuestionó que el proyecto “discrimine el trabajo extranjero cuando exportamos teletrabajo al mundo porque ese rubro es la tercera fuente de exportación argentina”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones de ADEPAPablo Deluca, indicó que “más del 80% de los empleos periodísticos hacen teletrabajo en este momento de crisis, sin inconvenientes y con una productividad muy buena” y le apuntó al artículo sobre la reversibilidad porque “en la práctica se hace inviable en la aplicación con fluidez y flexibilidad”, ya que “es complicado para las empresas porque implica duplicar costos en términos de cantidad de gente que ha decidido el teletrabajo respecto de guardar esa posición por si decidiera volver a hacerlo de manera presencial”.

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajoLa Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto para regular el teletrabajo

Otras entidades que habían podido hablar ante los diputados también expresaron sus reparos sobre el proyecto. El coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, había advertido a Infobae que el proyecto oficial “podría favorecer la industria del juicio” porque la iniciativa “deja muchas lagunas legales”, mientras que el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, sostuvo que “con una ley rígida” sobre teletrabajo los profesionales argentinos podrían elegir trabajar para empresas extranjeras y si eso sucediera, estimó que la Argentina podría perder unos 12.000 millones de pesos de recaudación anual.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), que representa a 30 empresas distribuidas en 11 provincias argentinas, le solicitó al presidente Fernández que, en caso de que el Senado convierta en ley el proyecto, “utilice la facultad que le otorga la Constitución Nacional para vetar la ley” al considerar que, “contrariamente a su objetivo, perjudicará e incluso desincentivará el real desarrollo de la modalidad de teletrabajo y la generación de empleo a nivel federal”.

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Scioli se reunió con Bolsonaro para buscar una solución al conflicto por el trigo: “La exportación a Brasil está garantizada”

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El embajador aseguró que el presidente brasileño se comprometió a mantener el comercio con la Argentina

exportaciones de maíz tuvieran alguna relación con este hecho. “Son dos cosas que van por caminos separados. Además, lo del trigo ya viene de antes”, sostuvo.

Bolsonaro y Scioli, este mediodíaBolsonaro y Scioli, este mediodía

El embajador argentino cumplió 64 años hoy y por eso Bolsonaro le obsequió una botella de cachaza, la tradicional bebida brasileña, como regalo. Scioli había mantenido un diálogo el martes en Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Pedro Miguel da Costa, secretario de negociaciones bilaterales y Mercosur, para tratar el decreto de la discordia. Allí no había conseguido que se destrabara demasiado la situación.

Luego también se juntó con los dirigentes de ABITRIGO (Asociación Brasileña de la Industria del Trigo), la cámara empresarial que agrupa a los principales molinos de Brasil y que preside Rubens Barbosa. De allí sí se había llevado buenas sensaciones y compromisos de la compra del cereal argentino.

Scioli publicó un tuit en su cuenta donde manifestó su satisfacción por el resultado de su reunión con el jefe de Estado brasileño. “Agradezco al presidente @jairbolsonaro nuestro encuentro y el regalo en el día de mi cumpleaños. Me manifestó que vamos a seguir profundizando nuestra relación y me dio la tranquilidad que están garantizadas las exportaciones de todo el trigo argentino a Brasil”, escribió en Twitter.

El lunes pasado Scioli había expresado su preocupación por el Decreto 10.557 de Brasil en el que se habilitaba una cuota de importación mínima, de forma permanente, de 750 mil toneladas de trigo por fuera del Mercosur con un arancel de importación del 0%, un beneficio reservado a los países del bloque regional. Esto venía ocurriendo en la práctica desde 2019 por un compromiso que Bolsonaro había asumido ante el presidente estadounidense Donald Trump, pero de forma extraordinaria.

Las exportaciones de trigo a Brasil representan el 15% del total para Argentina, aunque en el último año decayó la participación argentina en cantidad de toneladas de 5,4 millones en 2019 a 4,3 millones en 2020. A Scioli le aseguraron que, por este decreto, Argentina no perderá terreno frente a otros competidores como Canadá o Estados Unidos.

Por otro lado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, recibió hoy al nuevo embajador de Brasil en Buenos Aires, Reinaldo José de Almeida Salgado, con quien mantuvo una reunión en la que se abordaron temas de la agenda bilateral y del Mercosur.

Coincidieron en la relevancia que el Mercosur tiene para ambos países y la necesidad de aunar los esfuerzos para consolidar y profundizar el proceso de integración en un contexto regional e internacional complejo, producto de la crisis sanitaria por covid-19, que impactó en las economías de los dos países.

Ambos funcionarios, además, conversaron sobre la conmemoración de los 30 años del Mercosur que se cumplirán el 26 de marzo y analizaron los temas de la agenda prioritaria regional. También concordaron en avanzar en la profundización del bloque en el presente año 2021 durante las presidencias pro témpore del bloque regional que liderarán Argentina y Brasil en el primero y segundo semestre del año, respectivamente.

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Vacunas contra el COVID-19: Alberto Fernández negociará con Moderna y espera que Pfizer acepte su última propuesta legal

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Mientras tanto, la cartera de Salud regatea el precio final de la Sinopharm china. Además, en Balcarce 50 aguardan que la segunda dosis de la Sputnik V rusa llegue a Buenos Aires en una semana

Alberto Fernández iniciará esta semana una inesperada negociación con la empresa farmacéutica Moderna, que recibió de la Casa Blanca cerca de 1.000 millones de dólares para producir un antídoto eficaz contra el COVID-19. La vacuna de Moderna ya fue aprobada en los Estados Unidos, es efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años y su precio ronda los 35 dólares.

El Presidente lideró conversaciones con AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y el Fondo Ruso de inversión Directa, pero no estaba en su agenda abrir una negociación con la compañía Moderna. Sin embargo, el contacto institucional se produjo la semana pasada y ahora hay una posibilidad de cerrar la provisión de una vacuna eficaz que ya fue vendida a la Unión Europea, Japón, Canadá, Reino Unido e Israel.

Moderna compite a nivel global con Pfizer y observó que esta empresa asociada a BioNtech protagoniza una fuerte pulseada legal con la Casa Rosada que trabó la provisión de miles de vacunas, las cuales podrían haber llegado a principios de enero. En este contexto, Moderna se movió rápido y la audiencia con Alberto Fernández se dará esta semana en Balcarce 50.

“Yo quiero vacunas. Y me voy a sentar conversar con Moderna. Ya fue aprobada en Estados Unidos y tiene contratos con todo el mundo”, dijo el presidente en Olivos.

Alberto Fernández, la secretaria Carla Vizzoti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini recibieron a dos asesores de Andrés Manuel López Obrador que lideran la lucha contra el COVID-19 en MéxicoAlberto Fernández, la secretaria Carla Vizzoti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini recibieron a dos asesores de Andrés Manuel López Obrador que lideran la lucha contra el COVID-19 en México

Mientras aguarda que se confirme el día y la hora de su reunión con Modena, el jefe de Estado espera una respuesta del departamento jurídico de Pfizer. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, remitió a Estados Unidos la última propuesta del Gobierno para lograr un equilibrio entre las necesidades de inmunidad que pretende Pfizer y los derechos soberanos de la Argentina.

Todavía no llegó la réplica de la compañía de los Estados Unidos, pero Alberto Fernández ya sospecha que no sólo se trata de un asunto jurídico. El Presidente recibió a dos altos funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la conclusión que quedó después del encuentro es que Pfizer está en dificultades para cumplir con sus contratos de provisión de vacunas.

En este contexto, se entiende la visita fugaz a Buenos Aires de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, y Efraín Guadarrama Pérez, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

López-Gatell Ramírez y Guadarrama Pérez le pidieron al Presidente un contacto con el Fondo Ruso de Inversión frente al virtual incumplimiento de contrato de Pfizer. Los asesores de AMLO revelaron a Alberto Fernández que tienen pocas vacunas de Pfizer -en relación al contrato vigente- y que necesitaban acercar posiciones con el Fondo Ruso para lograr una rápida provisión de la vacuna Sputnik V.

La vacuna rusa, embarcada en un avión de Aerolíneas Argentina rumbo a Buenos Aires (Presidencia)La vacuna rusa, embarcada en un avión de Aerolíneas Argentina rumbo a Buenos Aires (Presidencia)

El jefe de Estado tiene relación personal con López Obrador y puso a disposición a Cecilia Nicolini y Carla Vizzotti que protagonizaron las negociaciones con el Fondo Ruso para que llegaran las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V. La asesora presidencial y la secretaria de Salud ya le abrieron la puerta del Fondo Ruso a los enviados mexicanos y la negociación ya se inició entre AMLO y Vladimir Putin.

-¿Cuándo llega la segunda dosis de la vacuna Sputnik V?-, le preguntaron anoche a Alberto Fernández.

El 15 de enero estarían llegando las 300.000 segundas dosis…-, contestó el Presidente.

-¿Y el resto prometido?

-Entre el 21 y el 31 de enero estarían llegando 4 millones de la primera dosis y un millón de la segunda. En febrero estarían entrando 6 millones de la primera dosis y 9 millones de la segunda. Y en marzo, otras diez millones de dosis. Ese es el cronograma que tenemos acordado con el Fondo Ruso.

Las 300.000 unidades de la segunda dosis de la Sputnik V serán transportadas por Aerolíneas Argentinas desde Moscú a Buenos Aires. Pero aún se desconoce el origen del resto de las vacunas prometidas por Alberto Fernández. Pueden provenir de Rusia, Corea del Sur o la India. Este dato todavía es una incógnita.

En tanto, las negociaciones emprendidas entre Ginés González García y la empresa Sinopharm aún continúan abiertas. La compañía china, que responde a las órdenes directas de Xi Jinping, propone un precio cercano a los 35 dólares por vacuna. Un número que el Ministerio de Salud aún regatea a la espera de una decisión política ejecutada por el presidente del gigante asiático.

Alberto Fernández asume que China pretende vender su vacuna por razones geopolíticas más que en términos de una disputa de market share en América Latina. Y por eso aguarda que Xi Jinping acepte cambiar cierto peso regional por un beneficio económico que siempre sería menor al softpower obtenido en un área de influencia que pertenece a los Estados Unidos.

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Amado Boudou espera una “solución política pronta” para los kirchneristas condenados y aclara: “Yo nunca pedí un indulto”

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Habló el mismo día que se publicó una solicitada para pedir su libertad. Atacó a la Corte y dijo que la “democracia está condicionada” por los jueces.

El mismo día que salió la solicitada para reclamar por la libertad de Amado Boudou, el exvicepresidente aseguró que nunca pidió un indulto ante la condena ratificada por la Corte por corrupción, pero insistió con reclamar “una solución política pronta” para los kirchneristas que están condenados o con procesos abiertos. Fue horas después de que el presidente Alberto Fernández asegurara en una entrevista con Clarín que no aplicará ningún indulto.

Boudou, asimismo, se manifestó contra la resolución del juez Daniel Obligado que el 30 de diciembre revocó su prisión domiciliaria. En ese contexto, dijo que detrás de esa decisión hubo un intento de tapar la agenda oficial del proyecto del aborto legal, la llegada de la vacuna rusa y la ley del cambio de movilidad jubilatoria.

“Había que tapar esto y recurrieron a un viejo nombre para hacerlo el último dia del año. Es tapar una agenda además de continuar con la persecución. Lo mismo va a pasar este año. No tengo ninguna duda de que la agenda electoral para este año va a estar opacada por la agenda judicial sobre la vicepresidenta“, señaló Boudou en una entrevista de más de una hora con radio El Destape.

“Yo será una anécdota más en una historia -siguió el exfuncionario- estoy preparado para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar sin arrepentirme nada de lo que hice, pero el problema político es severo y tiene que ver con que si el Gobierno va a poder gobernar o no, o solo va administrar”,

Añadió: “Nunca pedí un indulto; lo que dije siempre es que me gustaría que hubiera un juicio para demostrar que fue armado, que el juez (Pablo) Bertuzzi fue una especie de juez Moro en la Argentina, que se disfrazan de jueces para jugar a la política”.

Consultado sobre las palabras del presidente sobre el indulto, Boudou señaló: “Yo no soy quién para decir cuál es la herramienta idónea para resolver esta situación que el presidente ya dijo que es una catástrofe (…) No tengo nada que decir sobre esta expresión; necesitamos que Argentina recupere un sistema de administración de leyes razonable y no el partido de la oligarquía que comanda hoy el sistema judicial”.

La Corte Suprema​

En ese sentido, Boudou le apuntó duramente al poder judicial. Dijo que con “las persecuciones políticas” y lawfare “el objetivo final está en que la Corte Suprema se convierta en garante de los poderes oligárquicos, de los poderes concentrados y minoritarios”.

Y consideró que “las condenas que provoca el poder judicial o las detenciones son la convalidación institucional de sentencias y condenas mediáticas”.

De este modo, Boudou le apuntó a los medios de comunicación por la resolución del 30 de diciembre: “Dos tapas de Clarín fueron suficientes para que el juez cambiaria, sin argumentos, su punto de vista que había tenido varios meses antes, y sin esperar los informes que había pedido al Servicio Penitenciario Federal”.

“Una democracia condicionada”

¿Imaginás una salida política pronta al tema de los “presos políticos”?, le preguntaron al exministro de Economía. Boudou respondió: “Yo espero que sí, no por mi caso, imaginate que ya pasé 3 años preso y 8 años de persecución permanente, sino por la democracia argentina”.

Completó: “Un país donde la principal perseguida política es la vicepresidenta elegida hace un año es una democracia condicionada que no tiene ningún destino porque es un mecanismo para que los gobiernos no puedan ejercer la representación popular”.

Mauricio Macri y la “mesa judicial”

Boudou, en ese marco, le apuntó duramente al gobierno de Mauricio Macri tanto desde el plano judicial como desde el económico. El economista consideró que fue un “gobierno orwelliano”, que fue la etapa “con menos independencia del poder judicial” que hubo en Argentina y le apuntó al ex ministro Germán Garavano.

Garavano tenía un conjunto de personas para articular o apretar con jueces o fiscales. Apretaron a camaristas para que dejen su lugar o los corrieron por decreto para poner personas que le servían a sus objetivos de persecución como el caso de Bertuzzi que fue el juez que me condenó a mi”, dijo.

Agregó: “Y después cuando este hombre (Bertuzzi) tiene que ir al Congreso a hacer el trámite constitucional decide no ir porque no puede explicar lo que hizo. De diez pliegos que envió el Presidente al Congreso, solo tres no fueron, los que no podían explicar por qué estaban ahí, cómo estaban ahí y qué habían hecho”.

Concluyó sobre el tema: “La pelea de que sigan ahi hoy es porque son los garantes de la impunidad de Macri. Hay una cobertura y arreglo de impunidad de estas personas sobre la figura de macri y su equipo”.

Respecto al plano económico, Boudou dijo que en el Congreso tiene que haber una investigación con consecuencias políticas y penales respecto a la deuda tomada en el gobierno de Macri.

Macri provocó que argentina sea el peor pais del mundo en deuda con el FMI. No se están diciendo las cosas como son y cuando no se dicen después no nos quejemos si personajes como estos pueden volver a tener lugares relevantes en el futuro”.

El Frente de Todos

Boudou reivindicó distintas medidas del gobierno de Fernández como el manejo de la pandemia, el IFE (“debe seguir”, dijo), la ley de las grandes fortunas (celebró el proyecto compartido de Máximo Kirchner y Carlos Heller), la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de movilidad jubilatoria.

“La postpandemia no existe, el momento para tomar decisiones estructurales es este, pero entiendo que nuestro frente hay muchos puntos de vista y uno no se puede ofender, sino aportar en términos propositivos y cariñosos a sostener la unidad”, dijo. Entre esas decisiones, Boudou consideró que deben estatizarse ahora los servicios públicos.

Al referirse por otra parte a las escuchas judiciales en la cárcel y esa causa en curso, dijo que no veía a los “republicanos” escandalizarse por eso. Y añadió: “No veo que nadie se escandalice demasiado por algo que es escandaloso ni siquiera nuestro gobierno”.

¿Volvería a ejercer la función pública?

En otro tramo del reportaje le preguntaron a Boudou si volvería a ejercer un cargo público en caso de que se cayera su condena  por Ciccone que lo inhabilita para hacerlo.

“A mi me interesa ser un militante y eso no me lo van a sacar con ninguna ley, podés ser militante desde la cárcel, tu casa y desde un cargo público también. No me van a callar, doblar, cambiar, ni siquiera sacar la alegría de trabajar y pelear por las cosas que siento y nuestro espacio tiene, que es amor e igualdad. Yo estoy para estar en el lugar que mis compañeros y compañeras y el pueblo piensen que puedo servir para algo. La respuesta es sí, claro que sí”.

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ADT

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