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El Gobierno denunció al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich por el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

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El Ministerio de Seguridad nacional presentó esta mañana una acusación contra Pablo Noceti y dos ex jefes de Gendarmería por irregularidades y encubrimientos

El Ministerio de Seguridad nacional denunció este lunes a primera hora a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017 en la ruta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven Santiago Maldonado.

La acusación fue presentada en sede judicial por un funcionario del ministerio que conduce Sabina Frederic e involucra entre los denunciados, además de Noceti, a los dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex Director Nacional Gerardo Otero y su segundo, el comandante general Ernesto Oscar Robino, ambos retirados en la actualidad.

Casi exactamente tres años después de aquel operativo, que derivó en un hecho político de grandes proporciones y en una investigación penal por lo que se creía que fue la “desaparición forzada” de Maldonado (algo que aún hoy sostiene su familia, ya que el tatuador estuvo desaparecido 78 días, hasta el 17 de octubre de ese año), el Gobierno acusó a estos ex funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia se basó esencialmente en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron apenas unos días atrás a Frederic. La Ministra les había encomendado en enero revisar el manejo de la propia fuerza en aquel hecho y tras una investigación que duró varios meses concluyeron que la acción para interrumpir el corte de ruta que había organizado la comunidad mapuche de Cushamen estuvo repleta de irregularidades.

Pablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió MaldonadoPablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió Maldonado

Para el Gobierno actual, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado y además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que los siete hombres mapuches más Maldonado que cortaban el camino levantaran el piquete.

La denuncia, que investigará el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello, pone el foco sobre todo en el rol de Noceti, a quien se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se le dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según se deja constancia en esta acusación, el ex virtual viceministro de Bullrich instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas promovido por la ex ministra, pero que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

“En el caso del Dr. Noceti, dicha actuación, además, comportó una intromisión de las autoridades políticas del Gobierno en la actuación encomendada a la Gendarmería por el magistrado entonces actuante (en referencia a Guido Otranto)”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae.

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

El momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, ChubutEl momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut

En el caso del comandante general Ernesto Oscar Robino, se lo denunció por su actuación desplegada en la Información Administrativa N° 3/17 del Registro de la Agrupación XIV Chubut, “orientada deliberadamente a obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior en el que pudiera investigarse la actuación de los miembros de la Fuerza”, y especialmente, de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo de despeje en cuestión.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La denuncia, disparada por la “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. “Así, se consagró una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1° de agosto de 2017”, dice la acusación, firmada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, y Edmundo A. Durval Segovia, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el GobiernoGerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el Gobierno

Para la administración de Alberto Fernández, hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Una de las directivas que recibió la ministra Frederic del actual presidente, Alberto Fernández, fue la de revisar las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, a la actual titular de la cartera le interesa ahondar en todo lo que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, quien, según concluyeron las pericias médicas, se ahogó en el río Chubut cuando intentaba escapar de la represión de Gendarmería.

Noceti y los hechos

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. Esas actuaciones fueron instruidas por Ramón La Cruz Galván, comandante General Oficial Superior Informante de esa fuerza, y registradas bajo la Información Administrativa 1/20.

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. Guido Otranto, titular del Juzgado Federal 1 de Esquel, ordenó al Escuadrón 35 El Bolsón el despeje de la carretera, lo que se concretó cerca de las 3:30 de la madrugada ya del día siguiente.

A la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativoA la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativo

El magistrado pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.

Simultáneamente, según declaró el Comandante Mayor Diego Conrado Héctor Balari, el 31 de julio de 2017, Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Rio Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM.

Noceti pidió que, en caso de un corte de ruta, intervenir para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

El operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en ChubutEl operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en Chubut

Según se evidencia en el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaron que para el despeje debía emplearse la Unidad Móvil Especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola.

Cuando se acercaron al grupo que del corte, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los gendarmes. Eso habilitó, según el informe de Gendarmería a Frederic, a que, en los términos de las órdenes que habían recibido de Noceti, al personal de la Fuerza usar las escopetas.

“Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, fue de inexorable relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional”, dice la denuncia, y agrega: “Su accionar configuró una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impedía involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta estaba actuando como órgano auxiliar de la Justicia”.

Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)

Por eso, para el Gobierno, el operativo que derivó en la muerte de Maldonado obedeció a “una cuestión de voluntad política”.

Pero el protocolo que decidió usar Noceti no estaba vigente. El que sí tenía competencia, firmado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, decía que “las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Algo que evidentemente no se respetó aquel mediodía helado de agosto tres años atrás.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia.

Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)

Y ese argumento que desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. Eso, dedujeron en la denuncia las autoridades actuales del Gobierno, habilitó a Noceti y al Director de Gendarmería a reprimir.

Según el informe administrativo presentado por Gendarmería días atrás a Frederic, Otero y Noceti expusieron al personal de la fuerza de seguridad “a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de protección necesarios”.

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado: “Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

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La Corte define esta semana los casos de los jueces removidos por el kirchnerismo

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El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis, y el jueves otra de acuerdo . No se sabe aún cómo será el voto de sus miembros. Hay presiones de los K.

La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.

Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.

Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.

Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.

Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.

Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.

El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.

Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.

En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.

En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.

Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.

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Sin la oposición, el Senado desplazó a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner

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Con 41 votos de oficialistas y aliados, aprobó remover a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que intervienen en causas de corrupción. Antes, y como protesta, Cambiemos abandonó la sesión.

Tras una previa cargada de cruces con la oposición y en soledad -porque el bloque de Juntos por el Cambio se desconectó de la sesión denunciando irregularidades– el oficialismo del Senado aprobó este miércoles remover de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al juez Germán Castelli, quienes intervienen en causas de corrupción ligadas a Cristina Kirchner.

Ahora los magistrados -Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la actual vicepresidenta en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” y Castelli integra el tribunal oral que juzgará ese caso- quedaron a un paso de tener que volver a sus juzgados de origen. Los tres están a la espera de una posible intervención de la Corte.

El rechazo de los traslados fue aprobado por 41 votos a favor del oficialismo y sus aliados. “Por unanimidad”, subrayó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans. Ninguno de los 29 senadores opositores participó de la votación.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

El oficialismo argumentó que los traslados de los tres jueces eran “inconstitucionales” porque fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. También se les objetó haber adoptado una posición de “rebeldía” al no haber concurrido a la comisión de Acuerdos del Senado cuando se los convocó.

“Avalar esta situación es avalar que existen dos sistemas: el constitucional y el que hizo el gobierno anterior, que fue una selección de jueces a la carta, según sus conveniencias”, dijo la titular de la comisión de Acuerdos, la cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Días atrás, la propia Cristina Kirchner había tuiteado contra Bruglia y Bertuzzi. Este miércoles, en el momento en que se votó desplazar a los jueces, Cristina no presidía la sesión del Senado sino la senadora Claudia Ledesma.

Antes de retirarse de la sesión -en realidad “desconectarse” ya que era virtual-, Juntos por el Cambio rechazó el procedimiento y señaló un avance del oficialismo sobre la Justicia.

“Los traslados de estos jueces no requerían acuerdo del Senado. Son válidos si es para desempeñar funciones de la misma jerarquía y similar competencia. Incluso el ex ministro de Justicia (Germán Garavano) consultó a la Corte sobre el procedimiento”, señaló la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien consideró que “hay una decisión política de avanzar sobre la Justicia”.

Y sentenció: “El siguiente paso será declarar nulo todo lo actuado por estos jueces porque van a decir que sus traslados no fueron conforme a derecho. Pero hay una doctrina de la Corte de dar legitimidad sobre lo actuado por jueces removidos de sus cargos. Pero quieren aumentar los miembros de la Corte para modificar esta decisión. Cartón lleno”.

También cuestionaron el temario de la sesión. “La agenda de hoy es la de la Presidenta del cuerpo, después disfrácenlo de épica, de democratización de la Justicia, pero es lisa y llanamente eso”, sentenció el radical Martín Lousteau, quien en el arranque protagonizó un nuevo cruce con Cristina, con fastidio, por el reparto de los tiempos para los oradores.

Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados en 2018 por Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los “Cuadernos”. Dijo que no va a reconocer lo que aprobó el Senado. “Yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Si me quieren sacar, que me saquen a empujones delante de la gente”, aseguró a la TV.

Ahora, el Senado comunicará su decisión al Ejecutivo, que tiene que dictar el decreto de remoción correspondiente, que se va a efectivizar una vez publicado en el Boletín Oficial.

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

A su vez, los senadores aún deben dictaminar sobre los otros 7 traslados de jueces que están en revisión en la comisión de Acuerdos. Se espera que lo hagan la semana que viene, y que la siguiente lo lleven al recinto.

JxC abandonó la sesión después de que se votara seguir con las sesiones virtuales por 60 días. Denunció que Cristina las prorrogó sin acuerdo y que se necesitaba una mayoría calificada para ratificar ese protocolo.

Polémica por la prórroga de las sesiones virtuales

El lunes pasado Cristina Kirchner firmó un decreto en el que prorrogó por otros 60 días las sesiones virtuales del Senado. Esa prorroga fue votada y aprobada este miércoles por el oficialismo en el recinto, aunque Juntos por el Cambio la cuestionó. Por un lado por que la decisión del kirchnerismo fue unilateral. Por otro, porque según entienden se viola el reglamento.

“No vamos permitir la vulneración del reglamento. Avanzan sin contar con los dos tercios. Esperemos no tener que iniciar una instancia de judicialización”, advirtió el radical Luis Naidenoff, quien anunció que se retirarían de la sesión y le pidió a la vicepresidenta “un gesto político” para destrabar la situación.

JxC había solicitado una sesión especial. Pero la dieron de baja a último momento al ver que en la convocatoria hecha por Cristina figuraba el decreto que se niegan a aceptar como válido. “Para no caer en esta trampa hemos decidido suspenderla”, señalaron.

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Allanaron y detuvieron a “El Presto”, el youtuber que amenazó de muerte a Cristina

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Pasado el mediodía un grupo de efectivos de la Policía Federal se presentó en su domicilio de la calle Balcarce, en el centro de Córdoba.

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como “El Presto”, fue detenido este miércoles en el centro de la ciudad de Córdoba capital, luego que fue denunciado por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El Presto tiene 28 años y nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. En público se presenta como director del portal de noticias Data 24. En la intimidad conforma la “mesa chica” de un intimidante grupo de jóvenes militantes ultra libertarios, que agrede, descalifica, apremia, coacciona y amenaza de muerte a dirigentes políticos y periodistas que piensan distinto a la ideología liberal de Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei.

La primera denuncia la presentó Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta, quien denunció a título personal a Prestofelippo en el área de cibercrimen de la Justicia por los amenazantes mensajes publicados en su perfil de Twitter. El joven youtuber vaticinó un “estallido social” en las próximas semana y aseguró que la ex primera mandataria no “va a salir” de ese caos. “Te queda poco tiempo”, le juró.

“Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.

Otra de las denuncias contra el militante liberal la presentó la diputada nacional Gabriela Estévez, del Frente de Todos, ante la fiscalía de turno de la ciudad de Córdoba. En esta denuncia penal “El Presto” fue imputado días atras.

La legisladora había solicitado que se investigue lo ocurrido bajo la figura penal de “amenazas, instigación pública a cometer delitos o suscitar tumultos o desórdenes, apología del delito y violencia contra la mujer”.

La denuncia de la diputada señala que “el tenor de los dichos de Prestofelippo, en su condición de ‘influencer’, tiene la entidad suficiente para instigar, impulsar y/o determinar a cualquier habitante del suelo argentino a cometer lo propuesto por el denunciado”.

“Este tipo de manifestaciones públicas contienen expresiones de odio incompatibles con la convivencia democrática, y conducen a individuos anónimos a sostener que los modos de resolución de las disputas políticas son a través de la violencia física, hasta la eliminación del adversario político”, aseguró la legisladora del Frente de Todos.

En la formulación de la denuncia, Estévez señaló que “Prestofelippo no puede ampararse en la libertad de expresión para justificar la amenaza de muerte de la vicepresidenta de la Nación, ni para contradecir el orden constitucional de recambios políticos”.

En mayo pasado el intendente de Paraná, Adán Bahl, denunció a “El Presto” por instigación a cometer delitos e incitación a la violencia previsto en los artículos 209 y 212 del Código Penal, con pena de prisión de 2 a 6 años, por haber incitado a los trabajadores de la Municipalidad a que vayan a su casa y le prendan fuego con la familia adentro. La amenaza la dejó grabada en un video subido a Youtube el 2 de mayo del 2020, que se titula “violadores y asesinos libres, ¿dónde están las feministas? Interna K”.

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