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Politica

Se reanudó el juicio por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime

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El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción

Cerca de las 16 de ayer se reanudó el juicio oral y público en el que a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción entre ellos su enriquecimiento ilícito. El juicio contra el primer ex funcionario kirchnerista que admitió haber cobrado coimas de empresarios había empezado en abril de 2019 y se había suspendido por la pandemia de coronavirus.

El Tribunal Oral Federal 6 retomó el juicio de manera remota a través de la plataforma Jitsi Meet. Los jueces titulares Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino y el cuarto masgistrado Ricardo Basílico estuvieron conectados desde sus respectivos hogares. Lo mismo sucedió con la fiscal Gabriela Baigún y con los defensores de los varios imputados en el caso. Ninguno de los acusados dio el presente a la audiencia vía remota.

El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime. El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime.

Cuando comenzó la audiencia se produjo una situación un tanto insólita. El defensor oficial de Jaime en el juicio oral Eduardo Chittaro leyó un mail le había enviado el abogado particular del ex funcionario, Claudio Trugman, quien lo defiende en otro caso por corrupción: el de la Tragedia de Once.

La situación era muy extraña. El ex abogado de Jaime en el juicio por cuatro casos de corrupción les habían transmitido a los defensores oficiales el desacuerdo del imputado con el modo en que lo estaban defendiendo. Chittaro planteó que se sentían bajo “violencia moral” por lo manifestado en el mail y pidió que se suspendiera la audiencia hasta tanto se resolviera el entuerto.

Un rato antes Jaime había declinado através de un texto manuscrito enviado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de asistir vía teleconferencia desde la cárcel de Ezeiza a la audiencia de reanudación del juicio. Según explicaron fuentes judiciales, Jaime dijo que no quería avalar el juicio al que considera ilegal. Pero nada había dicho sobre su defensa.

La semana pasada había presentado otro manuscrito en el que decía que “Habiendo sido informado por el defensor oficial Dr. Daniel Ranuschio de lo resuelto por ese Tribunal, en cuanto a la convocatoria a una audiencia el próximo lunes 3 de agosto, para continuar con el juicio al suscripto, pongo de manifiesto lo siguiente: rechazo en forma terminante que la continuidad del juicio se realice de manera virtual ya que se vulnera derechos constitucionales de la defensa en juicio, habida cuenta que estoy con prisión preventiva, prorrogada a cinco años por este Tribunal, lo cual ha impedido tener contacto con los defensores oficiales, a lo que se suma el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Agrego que la única comunicación es por vía telefónica. Quiero dejar expresado que no puedo ser juzgado por aquellos que ya no sean jueces, conforme lo instituye la ley 27.546″.

Presentación manuscrita de Jaime.Presentación manuscrita de Jaime.

De esta manera Jaime reiteraba un pedido que fue rechazado. Considera que dos de los jueces del TOF 6 (Martínez Sobrino y Panelo) que se jubilaron y fueron convocados para continuar con los juicios que ya se habían iniciado, no pueden juzgarlo. Ese planteo fue rechazado por el Tribunal y la apelación está en Casación.

Ante los pedidos de Jaime y de los defensores oficiales (que representan al ex funcionario y a alguno de sus testaferros) el juicio pasó a un cuarto intermedio. Los jueces resolvieron la continuidad y aclararon que todos los planteos que había hecho Jaime ya habían sido resueltos. Ahora serán los defensores oficiales los que tendrán que hablar con Jaime para saber si siguen a cargo de las múltiples defensas en el juicio.

Una vez que el juicio comenzó hubo que conectar a la testigo que abrió la audiencia y que estaba en una oficina del juzgado federal 3 de la provincia de Córdoba. Es que el juicio se había suspendido cuando se estaba analizando la situación de uno de los bienes que incorporó Jaime a su patrimonio a través de testaferros: el hotel Saint Tropez de la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

La sociedad que compró el hotel se llama Lago Azul y sus accionistas eran Alfredo Pielach y Lisandro López. Ambos son ejecutivos de la empresa TEBA, a cargo de la explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, propiedad de Néstor Otero, quien le pagó varias coimas a Jaime. Por una de ellas, el alquiler del departamento donde vivía el ex funcionario, Jaime fue condenado en 2015, antes del cambio de gobierno y antes de que el kirchnerismo descubriera la palabra “lawfare” para explicar algunos casos de corrupción.

Pielach y López, que no tenían inversiones en el negocio hotelero y no tenían relación con Córdoba compraron un hotel. La sociedad puso como domicilio la casa de Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario. Y la hija, según varios testimonios, quedó al frente de la explotación del negocio hotelero. Los investigadores creen que el hotel-negocio adecuado para el lavado de dinero- fue otra de las coimas que Jaime recibió de Otero.

La testigo que declaró desde Córdoba es Marcela del Valle Desantis. Había sido la contadora de la sociedad que compró el hotel. Dijo muchas veces “no recuerdo” y “pasaron muchos años”. Tiene razón en lo segundo al menos: la operación del hotel comenzó en 2007/2008 y se extendió hasta que el caso fue revelado por el diario Clarín en 2010.

Desantis fue la contadora y dijo haber sido contratada por Pielach para hacer la liquidación de sueldos, de impuestos y llevar la contabilidad de una “empresa chica”. Dijo que Julieta Jaime “era como que gerenciba el hotel”. Aunque se encargó de remarcar que la provisión de dinero para lo que fuere necesario la hacía Pielach. La contadora se enmarañó a la hora de describir las tareas de la hija de Jaime, nexo entre los ejecutivos de Otero y el por entonces secretario de Transporte de la Nación y quien debía controlar el buen funcionamiento de la Terminal de Retiro.

Aseguró -después de decir que “era como que gerenciaba”- que Pielach le había dicho que la joven Jaime lo iba a ayudar en “desarollo turístico y en la parte comercial”. Dijo que conoció a Julieta Jaime una vez que fue al hotel y que la hija del ex funcionario les daba “instrucciones a los empleados”. El hotel tuvo “cuatro o cinco” empleados que fueron indemnizados cuando Pielach y López-teóricamente- vendieron el hotel en 300.000 dólares . Los empleados no tenían cuenta sueldo y cobraban en efectivo. Cuando el dinero de lo que recaudaban no alcanzaba, Pielach mandaba cheques.

Para la fiscalía, según fuentes judiciales, la hipótesis sobre la propiedad de Jaime del hotel Saint Tropez, está prácticamente corroborada. Falta que declare una testigo para cerrar ese capítulo sobre uno de los bienes que Jaime compró con dinero producto del pago de coimas. La audiencia finalizó dos horas después de iniciada luego de unos pocos contratiempos técnicos que fueron rápidamente superados. La semana que viene se analizará otro de los bienes que sumaron los testaferros de Jaime: una casa en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba.Para la fiscalía, según fuentes judiciales, la hipótesis sobre la propiedad de Jaime del hotel Saint Tropez, está prácticamente corroborada. Falta que declare una testigo para cerrar ese capítulo sobre uno de los bienes que Jaime compró con dinero producto del pago de coimas. La audiencia finalizó dos horas después de iniciada luego de unos pocos contratiempos técnicos que fueron rápidamente superados. La semana que viene se analizará otro de los bienes que sumaron los testaferros de Jaime: una casa en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba.

En en el mismo juicio oral y público se tratan otros tres casos. Uno –cuyos testigos ya declararon ante el TOF 6- es sobre una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas por la que está acusado el ex secretario de Transporte y personas vinculadas a la empresa.

Otro caso es por el uso de autos de propiedad estatal para beneficio personal en el que está acusado Jaime y ex director del OCCOVI Claudio Uberti, quien en el Caso Cuadernos admitió haber cobrado coimas y repartido durante los años que fue funcionario público.

El último de los capítulos del juicio es tal vez el más relevante desde el punto de vista de la utilización de los fondos del estado que usó la secretaría de Transporte cuando estuvo a cargo de Jaime. Esa repartición dependía del ministerio de Planifiación que manejó Julio De Vido. Tanto De Vido como Jaime deben enfrentar el juicio oral y público acusador por haber decidido la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Se compró material rodante que buena parte no funcionaba y se sospecha que en la operación se pagaron coimas.

De Vido también pidió que no se reiniciara el juicio de manera virtual. Pero su planteo también fue rechazado y ayer se reanudó.

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Politica

La Corte define esta semana los casos de los jueces removidos por el kirchnerismo

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El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis, y el jueves otra de acuerdo . No se sabe aún cómo será el voto de sus miembros. Hay presiones de los K.

La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.

Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.

Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.

Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.

Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.

Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.

El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.

Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.

En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.

En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.

Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.

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Politica

Sin la oposición, el Senado desplazó a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner

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Con 41 votos de oficialistas y aliados, aprobó remover a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que intervienen en causas de corrupción. Antes, y como protesta, Cambiemos abandonó la sesión.

Tras una previa cargada de cruces con la oposición y en soledad -porque el bloque de Juntos por el Cambio se desconectó de la sesión denunciando irregularidades– el oficialismo del Senado aprobó este miércoles remover de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al juez Germán Castelli, quienes intervienen en causas de corrupción ligadas a Cristina Kirchner.

Ahora los magistrados -Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la actual vicepresidenta en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” y Castelli integra el tribunal oral que juzgará ese caso- quedaron a un paso de tener que volver a sus juzgados de origen. Los tres están a la espera de una posible intervención de la Corte.

El rechazo de los traslados fue aprobado por 41 votos a favor del oficialismo y sus aliados. “Por unanimidad”, subrayó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans. Ninguno de los 29 senadores opositores participó de la votación.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

El oficialismo argumentó que los traslados de los tres jueces eran “inconstitucionales” porque fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. También se les objetó haber adoptado una posición de “rebeldía” al no haber concurrido a la comisión de Acuerdos del Senado cuando se los convocó.

“Avalar esta situación es avalar que existen dos sistemas: el constitucional y el que hizo el gobierno anterior, que fue una selección de jueces a la carta, según sus conveniencias”, dijo la titular de la comisión de Acuerdos, la cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Días atrás, la propia Cristina Kirchner había tuiteado contra Bruglia y Bertuzzi. Este miércoles, en el momento en que se votó desplazar a los jueces, Cristina no presidía la sesión del Senado sino la senadora Claudia Ledesma.

Antes de retirarse de la sesión -en realidad “desconectarse” ya que era virtual-, Juntos por el Cambio rechazó el procedimiento y señaló un avance del oficialismo sobre la Justicia.

“Los traslados de estos jueces no requerían acuerdo del Senado. Son válidos si es para desempeñar funciones de la misma jerarquía y similar competencia. Incluso el ex ministro de Justicia (Germán Garavano) consultó a la Corte sobre el procedimiento”, señaló la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien consideró que “hay una decisión política de avanzar sobre la Justicia”.

Y sentenció: “El siguiente paso será declarar nulo todo lo actuado por estos jueces porque van a decir que sus traslados no fueron conforme a derecho. Pero hay una doctrina de la Corte de dar legitimidad sobre lo actuado por jueces removidos de sus cargos. Pero quieren aumentar los miembros de la Corte para modificar esta decisión. Cartón lleno”.

También cuestionaron el temario de la sesión. “La agenda de hoy es la de la Presidenta del cuerpo, después disfrácenlo de épica, de democratización de la Justicia, pero es lisa y llanamente eso”, sentenció el radical Martín Lousteau, quien en el arranque protagonizó un nuevo cruce con Cristina, con fastidio, por el reparto de los tiempos para los oradores.

Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados en 2018 por Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los “Cuadernos”. Dijo que no va a reconocer lo que aprobó el Senado. “Yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Si me quieren sacar, que me saquen a empujones delante de la gente”, aseguró a la TV.

Ahora, el Senado comunicará su decisión al Ejecutivo, que tiene que dictar el decreto de remoción correspondiente, que se va a efectivizar una vez publicado en el Boletín Oficial.

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

A su vez, los senadores aún deben dictaminar sobre los otros 7 traslados de jueces que están en revisión en la comisión de Acuerdos. Se espera que lo hagan la semana que viene, y que la siguiente lo lleven al recinto.

JxC abandonó la sesión después de que se votara seguir con las sesiones virtuales por 60 días. Denunció que Cristina las prorrogó sin acuerdo y que se necesitaba una mayoría calificada para ratificar ese protocolo.

Polémica por la prórroga de las sesiones virtuales

El lunes pasado Cristina Kirchner firmó un decreto en el que prorrogó por otros 60 días las sesiones virtuales del Senado. Esa prorroga fue votada y aprobada este miércoles por el oficialismo en el recinto, aunque Juntos por el Cambio la cuestionó. Por un lado por que la decisión del kirchnerismo fue unilateral. Por otro, porque según entienden se viola el reglamento.

“No vamos permitir la vulneración del reglamento. Avanzan sin contar con los dos tercios. Esperemos no tener que iniciar una instancia de judicialización”, advirtió el radical Luis Naidenoff, quien anunció que se retirarían de la sesión y le pidió a la vicepresidenta “un gesto político” para destrabar la situación.

JxC había solicitado una sesión especial. Pero la dieron de baja a último momento al ver que en la convocatoria hecha por Cristina figuraba el decreto que se niegan a aceptar como válido. “Para no caer en esta trampa hemos decidido suspenderla”, señalaron.

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Allanaron y detuvieron a “El Presto”, el youtuber que amenazó de muerte a Cristina

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Pasado el mediodía un grupo de efectivos de la Policía Federal se presentó en su domicilio de la calle Balcarce, en el centro de Córdoba.

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como “El Presto”, fue detenido este miércoles en el centro de la ciudad de Córdoba capital, luego que fue denunciado por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El Presto tiene 28 años y nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. En público se presenta como director del portal de noticias Data 24. En la intimidad conforma la “mesa chica” de un intimidante grupo de jóvenes militantes ultra libertarios, que agrede, descalifica, apremia, coacciona y amenaza de muerte a dirigentes políticos y periodistas que piensan distinto a la ideología liberal de Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei.

La primera denuncia la presentó Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta, quien denunció a título personal a Prestofelippo en el área de cibercrimen de la Justicia por los amenazantes mensajes publicados en su perfil de Twitter. El joven youtuber vaticinó un “estallido social” en las próximas semana y aseguró que la ex primera mandataria no “va a salir” de ese caos. “Te queda poco tiempo”, le juró.

“Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.

Otra de las denuncias contra el militante liberal la presentó la diputada nacional Gabriela Estévez, del Frente de Todos, ante la fiscalía de turno de la ciudad de Córdoba. En esta denuncia penal “El Presto” fue imputado días atras.

La legisladora había solicitado que se investigue lo ocurrido bajo la figura penal de “amenazas, instigación pública a cometer delitos o suscitar tumultos o desórdenes, apología del delito y violencia contra la mujer”.

La denuncia de la diputada señala que “el tenor de los dichos de Prestofelippo, en su condición de ‘influencer’, tiene la entidad suficiente para instigar, impulsar y/o determinar a cualquier habitante del suelo argentino a cometer lo propuesto por el denunciado”.

“Este tipo de manifestaciones públicas contienen expresiones de odio incompatibles con la convivencia democrática, y conducen a individuos anónimos a sostener que los modos de resolución de las disputas políticas son a través de la violencia física, hasta la eliminación del adversario político”, aseguró la legisladora del Frente de Todos.

En la formulación de la denuncia, Estévez señaló que “Prestofelippo no puede ampararse en la libertad de expresión para justificar la amenaza de muerte de la vicepresidenta de la Nación, ni para contradecir el orden constitucional de recambios políticos”.

En mayo pasado el intendente de Paraná, Adán Bahl, denunció a “El Presto” por instigación a cometer delitos e incitación a la violencia previsto en los artículos 209 y 212 del Código Penal, con pena de prisión de 2 a 6 años, por haber incitado a los trabajadores de la Municipalidad a que vayan a su casa y le prendan fuego con la familia adentro. La amenaza la dejó grabada en un video subido a Youtube el 2 de mayo del 2020, que se titula “violadores y asesinos libres, ¿dónde están las feministas? Interna K”.

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