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Un hombre tiró una bomba molotov contra la Quinta de Olivos: fue detenido

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Intervino la división de explosivos de la Policía Federal. Investigan si el atacante tiene problemas psiquiátricos.

Un hombre puso en alerta a la seguridad presidencial tras arrojar una bomba molotov contra la Quinta de Olivos, por lo que debió intervenir la división de explosivos de la Policía Federal. Quedó detenido.

El atacante, de 48 años y con domicilio en la zona de la quinta, fue rápidamente reducido por los efectivos, que también le secuestraron botellas con nafta entre sus pertenencias.

Según se informó, por el hecho no hubo heridos ni instalaciones dañadas. Solo quedó parte de la vereda afectada por el fuego que generó el explosivo.

El momento en que el hombre arrojó la bomba contra la quinta.

El momento en que el hombre arrojó la bomba contra la quinta.

Los investigadores intentan establecer cuál fue el motivo por el que Álvarez atacó la residencia donde se encontraba el presidente Alberto Fernández y su familia. También investigan si tenía problemas psiquiátricos.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

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Economia

Dólar hoy: el cepo recargado golpea sobre las proyecciones de recaudación de este año y del próximo

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Es porque con las nuevas restricciones cambiarias habrá menos operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS del 30%.

El endurecimiento del cepo cambiario alteró las proyecciones de recaudación por el impuesto PAIS, el recargo del 30% a la compra de dólares, tanto para este año como para 2021. Es que el proyecto de Presupuesto 2021 se confeccionó antes de la puesta en marcha de las nuevas restricciones a la demanda de divisas, con lo que esos pronósticos ya quedaron desactualizados.

Según el proyecto “los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) alcanzarán $ 342.713,4 millones, monto que será 89% superior al obtenido en el año 2020, mostrando un crecimiento de 0,24 puntos porcentuales en términos del PBI, impulsado principalmente por el incremento del tipo de cambio, y la reapertura de las fronteras que implicará un aumento en las ventas de pasajes al exterior y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito”.

Ya ese 89% de aumento llamaba la atención porque implicaba que se mantendría y hasta aumentaría la demanda de los U$S 200 por mes que hasta el mes pasado llegaba a 5 millones de personas. Es que ese aumento del 89% contrastaba con el proyecto de Presupuesto que prevé una inflación del 29% y un incremento del valor del dólar del 25,7%, de $ 81,40 en diciembre 2020 a $ 102,40 en diciembre 2021. Con esos números, ese aumento del 89% representa un incremento en términos reales del orden del 50% respecto de la inflación y de la suba del valor del dólar.

Hasta agosto, por ese impuesto, la AFIP recaudó $ 89.611 millones, de los cuales casi $ 22.000 millones corresponden al mes pasado. El proyecto de Presupuesto tiene previsto alcanzar este año por el recargo del 30% los $ 181.333 millones. Esto supone unos $ 23.000 millones mensuales entre septiembre y diciembre, lo que estaba en línea con la recaudación de los últimos meses.

Ahora, se descuenta que a esa cifra se podría llegar únicamente en septiembre por las compras hechas antes de las nuevas medidas. En cambio, por las fuertes restricciones cambiarias que se aplicaron, se estima que la demanda de divisas entre octubre y diciembre sería muy menor a la prevista en el Presupuesto 2021. Y los ingresos no se compensarían por el anticipo del 35% de Ganancias a la compra de dólares que, por las propias restricciones, podría alcanzar a un número menor de personas.

Con las restricciones que, en principio por la escasez de las reservas del Banco Central se mantendrán a lo largo de 2021 y tomando como base que este año la meta oficial de recaudación del impuesto será menor, el objetivo de Hacienda de un impuesto PAIS del 89% superior para el 2021 aparece ya desactualizado.

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Politica

La Corte define esta semana los casos de los jueces removidos por el kirchnerismo

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El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis, y el jueves otra de acuerdo . No se sabe aún cómo será el voto de sus miembros. Hay presiones de los K.

La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.

Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.

Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.

Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.

Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.

Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.

El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.

Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.

En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.

En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.

Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.

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Acceso a tratamientos: qué es la “Ley de oncopediatría” que impulsan más de 300 familias

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El proyecto fue presentado hace dos semanas en el Congreso.

Más de 300 familias de todo el país están impulsando una Ley de oncopediatría. Busca crear un certificado que garantice a los niños con cáncer, desde el momento del diagnóstico, el acceso a todos los medicamentos y tratamientos.

El proyecto de ley fue presentado el 10 de septiembre en el Congreso de la Nación. Figura con el número de expediente 4730-D-2020, aunque sus autores todavía no saben cuándo se debatirá.

Propone la creación del llamado Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. En la búsqueda de antecedentes que hicieron los legisladores, no encontraron otro proyecto como este. Por lo tanto, sería el primero.

Una de las promotoras fue Tania Buitrago, mamá de Eliseo, un nene de 6 años con leucemia linfoblástica aguda. “Esta ley la escribí en diciembre del 2019 y me puse en contacto con dos mamás de Córdoba mediante Facebook”, arranca la vecina de Merlo, quien no tiene trabajo, ni obra social.

"Thiago es muy valiente", dice su mamá Florencia Bonade, mientras acompaña su tratamiento en el hospital Notti de Mendoza.

“Thiago es muy valiente”, dice su mamá Florencia Bonade, mientras acompaña su tratamiento en el hospital Notti de Mendoza.

Se fue haciendo un “boca en boca” entre más y más familias. Hasta que se acoplaron desde Mendoza, donde están trabajando fuerte en el tema un grupo de 10 padres.

Una de las abanderadas mendocinas es María Florencia Bonade (33), mamá de Thiago, un pequeño de 3 años también con leucemia linfoblástica aguda. “Nosotras desde acá habíamos empezado con la inquietud de hacer el proyecto, y empezando a indagar dimos con Tania”, cuenta a este diario.

Se sumaron familias de Misiones, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz. Porque su objetivo es que sea una ley a nivel nacional.

“En muchas provincias, las familias ni siquiera tienen un hospital. Tienen que trasladarse sí o sí para hacer todo el tratamiento. Es muy complejo, porque insume muchos gastos”, explica Bonade.

En el grupo hay padres de chicos con distintos tipos de cáncer. Algunos recién están iniciando el camino, mientras que otros tienen un recorrido. Incluso están los que ya perdieron a sus hijos, pero siguen adhiriendo a la iniciativa.

Actualmente, se contactan por WhatsApp y también a través de la página de Facebook “Por los pequeños héroes- Ley oncopediátrica”, donde además de impulsar la normativa suelen reunir donaciones para los nenes en tratamiento.

La idea empezó a tomar forma el 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, cuando juntaron firmas para que el proyecto ingrese al Congreso por consulta popular.

En ese momento no tenían acceso a ningún político a través del cual pudiera tratarse la ley. Tiempo después, una mamá hizo llegar la iniciativa al diputado Alex Campbell, quien le dio el proyecto a la diputada nacional Soher El Sukaria (Córdoba-PRO).

“Presentamos este proyecto de ley como consecuencia del reclamo de muchas familias de diferentes provincias de nuestro país que tienen hijos pacientes de cáncer”, explica El Sukaria en diálogo con Clarín.

“Desde el momento en el que se les diagnosticó la enfermedad, su vida se ha vuelto una lucha no sólo contra la enfermedad sino contra la desatención y la burocracia estatal”, continúa.

Tania Buitrago escribió el proyecto de ley a partir de la experiencia con su hijo, Eliseo. Foto Juan Manuel Foglia.

Tania Buitrago escribió el proyecto de ley a partir de la experiencia con su hijo, Eliseo. Foto Juan Manuel Foglia.

La diputada comparte algunas cifras. En Argentina, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en la segunda infancia y se diagnostican alrededor de 1.400 casos nuevos por año de cáncer en la infancia. Tristemente, fallecen 400 niños por año debido a esta enfermedad.

El Sukaria hizo una reunión vía Zoom con varias de estas familias. Y juntos fueron delineando los detalles de la propuesta. Además, dialogó con expertos sanitarios y asociaciones de pacientes de distintas enfermedades.

Uno de los principales ejes de la propuesta es la cobertura 100% en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos, traslados y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el cáncer.

“Actualmente tenemos que esperar a que el niño termine un tratamiento completo -que son de dos a cinco años dependiendo del tipo de cáncer- y si le queda alguna secuela recién ahí puede llegar a considerarse la discapacidad. Pero antes no. Entonces, no tenemos en el transcurso del tratamiento algo que nos cubra y que nos ampare”, explica Buitrago.

El proyecto indica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar esta cobertura. Porque muchas familias vienen reclamando que no les cubren los medicamentos o los tratamientos. Y que ni siquiera los recursos de amparo son una solución.

“Al presentar los recursos de amparo, las medicaciones llegan de tres a seis meses después. Y nos ha pasado que ha llegado la medicación y el nene falleció o ya no necesita tomarla”, comenta Buitrago.

Otro objetivo del proyecto es que el Estado nacional brinde una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

En ese sentido. las familias aseguran que el tratamiento es agotador, costoso, y no se llega a cubrir con un sueldo básico ni el 25% de los gastos. La situación es extrema para los que no tienen ingresos oficiales, ni cobertura médica.

La cuestión laboral es otro problema para estos padres. Por ejemplo, la mamá de Thiago tuvo que dejar de trabajar como responsable de recursos humanos de una cadena gastronómica, porque tenía que dedicarse el día completo al tratamiento de su hijo con cáncer. Matías Abad, el papá, es ahora el único sostén económico.

Thiago con su traje de superhéroe en una nueva fase de su quimioterapia en el hospital de Mendoza.

Thiago con su traje de superhéroe en una nueva fase de su quimioterapia en el hospital de Mendoza.

Por eso, el artículo 12 del proyecto detalla que los progenitores “gozarán del derecho de licencias especiales que permitan acompañar a los niños, niñas y adolescentes a realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos”.

El programa busca crear un registro consolidado de los pacientes con cáncer menores de 18 años. Permitirá hacer un seguimiento de cada caso y ver si se están protegiendo los derechos de estos niños y adolescentes.

También solicita emitir una credencial para los pacientes inscriptos en el registro, que les facilite los trámites que deben realizar y el acceso a los derechos y garantías que el proyecto menciona.

Después se consideran, en el marco del programa, algunos otros beneficios como el estacionamiento prioritario, la gratuidad del transporte público, la exención de peaje, tarifa social y becas para la educación, que lo que hacen es contemplar la problemática desde una mirada integral.

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