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Después de dos años, el Gobierno ya definió que volverán a subir las tarifas de los servicios públicos

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que ajustarán por inflación, pero que no habrá cambios hasta diciembre. En el sector se preguntan qué pasará con el atraso y advierten que la situación es crítica

“Es necesario tener niveles de tarifas de servicios públicos justos en términos distributivos y productivos, sostenibles y equitativos en materia fiscal, alineados con un uso eficiente de los recursos no renovables que alienten un proceso de inversión alineado con las necesidades de crecimiento de la economía”, dice el mensaje del proyecto de Presupuesto 2021.

La iniciativa que fue enviada esta semana al Congreso y que defenderá Martín Guzmán la semana próxima, no hace especial alusión a cómo será el reacomodamiento tarifario en 2021, pero cuando presentó los principales lineamientos del proyecto a los medios, el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento.

“Las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”, dijo Guzmán el martes, cuando recibió a los periodistas para hablar del Presupuesto.

Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.
En esa oportunidad, el ministro también dijo que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó.

De acuerdo con el informe de julio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la ejecución acumulada en los fondos presupuestados para transferencias corrientes dirigidas al sector energético, que reúne la mayor parte del presupuesto vigente anual destinado a subsidios económicos, alcanzó $218.522 millones (84,9% del crédito anual), que se destinaron principalmente a las empresas CAMMESA ($152.061,2 millones) y, en menor medida, a Integración Energética Argentina S.A. ($33.526,3 millones), al Plan de Gas No Convencional ($15.611,8 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($5.219 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.450 millones) y a Yacyretá ($3.368 millones).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que las tarifas se ajustarían por inflación en 2021
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que las tarifas se ajustarían por inflación en 2021
El congelamiento tarifario ya lleva 18 meses y en las empresas ya tenían asumido que no habría cambios por lo menos hasta fin de año, menos aún en el actual contexto de pandemia. Por otra parte, la Secretaría de Energía pasó a depender de Economía y todavía el nuevo titular del área, Darío Martínez, ni siquiera tiene oficializado el nombramiento. Por ende, la discusión se demorará. “Da la sensación de que otra vez se lo vuelve a postergar al sector respecto del valor estratégico que tiene. Estamos muy cerca de colapsar y si no ingresa dinero, la calidad del servicio empeorará en el mediano plazo”, dijeron en una de las distribuidoras eléctricas.

“Tuvimos el último aumento en abril del año pasado y luego se fue postergando la recomposición. Tenemos reuniones con el Enargas y hay una comprensión de la situación y de los números del sector, que necesita un ajuste urgente, pero no tenemos ningún indicio de nada”, dijeron en otra compañía.

En las empresas aseguran que los costos suben, que acumulan la inflación de un año y medio, y tienen la expectativa de poder iniciar una renegociación del esquema tarifario con el Gobierno. El gran interrogante es que se habilitará a las empresas a aumentar lo que no pudieron hacer en estos meses, lo cual pareciera difícil en el actual contexto, en el que se están pisando fuertemente todos los aumentos y aspiran a una desaceleración de la inflación para el año próximo.

El secretario de Energía, Darío Martínez, junto al presidente Alberto Fernández.
El secretario de Energía, Darío Martínez, junto al presidente Alberto Fernández.
En una de las empresas de servicios públicos afirmaron que el sector está muy complicado y que es un rubro en el que todos los años hay que invertir para mantener el servicio. Y si no ingresa dinero, la inversión baja, y se sentirá en el mediano y largo plazo, como ya ocurrió en el pasado. En el caso de las distribuidoras, no sólo no tuvieron actualización de tarifas, sino que sufrieron un crecimiento en la mora. Al principio de la cuarentena, se frenó el cobro porque las oficinas estaban cerradas y si bien luego se normalizó y los usuarios comenzaron a abonar vía Internet o en los locales de pago, “también hubo que darles planes de pago a distintos clientes que estaban con inconvenientes, y lo mismo pasó con los comercios, lo cual agravó la situación”, dijo la fuente.

Si bien en las compañías no quieren hacer especulaciones y prefieren mantener el bajo perfil para evitar futuras complicaciones en la etapa de negociación que se avecina, en una de las firmas consultadas se animaron a afirmar que sólo el segmento de la distribución requiere de un aumento del 60%, lo que implicaría un aumento del 20% para el usuario. Pero también debería agregarse el costo de la generación, ya que un tercio de la factura de luz es el costo de la compra de la energía a CAMMESA; otro tercio es el valor agregado de la distribución y el otro, los impuestos. Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.

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Coronavirus

Argentina superó el millón de contagiados y los 26 mil muertos, con 215 días de cuarentena

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En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud informó 12.982 nuevos casos y otras 451 muertes.

En el día en que se anunció la temporada de verano 2020-2021, el Ministerio de Salud informó este lunes 12.982 nuevos contagios por coronavirus y de esta manera el país alcanzó el millón de infectados desde que comenzó la pandemia.

En tanto en las últimas 24 horas, se notificaron 451 nuevas muertes, por lo que al momento, con estos números, la cantidad de personas fallecidas es 26.716.

De los fallecidos informados en este reporte, 251 son hombres: 102 bonaerenses; 23 de CABA, 4 de Chaco; 1 de Chubut; 3 de Corrientes; 21 de Córdoba; 4 de Entre Ríos; 19 de Jujuy; 3 de La Rioja; 15 de Mendoza; 3 de Neuquén; 7 de Río Negro; 14 de Salta; 2 de San Juan; 16 de Santa Fe; 1 de Santiago del Estero y 13 de Tucumán.

También 198 mujeres: 94 bonaerenses; 23 de CABA; 4 de Chaco; 26 de Córdoba; 1 de Entre Ríos; 11 de Jujuy; 13 de Mendoza; 1 de Neuquén; 4 de Río Negro; 4 de Salta; 1 de Santa Cruz; 12 de Santa Fe; 4 de Tucumán.

De las 159.695 personas que cursan la enfermedad, 4.392 permanecen internadas en unidades de terapia intensiva, cuyo nivel de ocupación de camas se ubica en 63,2% en el AMBA y en 64% en el resto del país. Desde el comienzo del brote, 803.965 pacientes lograron recuperarse.

En las últimas 24 horas fueron realizados 28.395 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.626.406 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 57.880 muestras por millón de habitantes.

Una vez más, casi todas la provincias, menos Misiones, registraron casos. Buenos Aires aportó el mayor número, con 4.206, seguida por Santa Fe (2.050), Córdoba (1.668), Tucumán (1386), Mendoza 744) y la Capital Federal (557).

Más atrás se ubicaron Río Negro (207), Entre Ríos (258), Neuquén (271), Tierra del Fuego (238), Chubut (220), Santa Cruz (138), Chaco (192), Santiago del Estero (145), San Luis (277) y Corrientes (122)

Coronavirus en Argentina: confirman 12.982 nuevos casos y el país llega al millón de contagios

Los demás contagios se repartieron entre Jujuy (51), La Pampa (92), La Rioja (65), Catamarca (12), San Juan (10) y Formosa (6).

Argentina transita la semana número 31, desde que se anunció la cuarentena, con apertura paulatina de algunos comercios y actividades en Capital Federal y Gran Buenos Aires, actualmente hay 18 provincias con ciudades en aislamiento que reforzaron sus controles.

En ese sentido, durante esta tarde el Gobierno bonaerense anunció detalles sobre la temporada de verano 2020-2021, que comenzará el 1° de diciembre y finalizará el 4 de abril.

Adelantaron que no será necesario realizarse un testeo de coronavirus para poder hacer turismo en la provincia de Buenos Aires y que se deberá descargar una aplicación especial para poder ingresar a las localidades de veraneo.

Con respecto a los testeos previos para poder entrar a las ciudades, el gobernador Axel Kicillof dijo que no sirven en el ámbito turístico: “Entendemos que un diagnóstico puede dar negativo hoy, pero al día siguiente contagiarse. Por lo lo cual no tendrá sentido presentar un hisopado para poder ingresar”.

El listado de las naciones más afectadas en cuanto a​ casos de coronavirus en el mundo está encabezado por Estados Unidos, seguido de India, Brasil, Rusia, Argentina y Colombia.

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Argentina, a punto de llegar al millón de hectáreas incendiadas

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En lo que va del año, el Gobierno informó que hubo más de 898 mil hectáreas arrasadas por el fuego. Córdoba tiene 316 mil y Entre Ríos 286 mil.

Argentina superó las 898 mil hectáreas quemadas y los incendios continúan en ocho provincias. Las más afectadas son Córdoba, con 316 mil hectáreas y Entre Ríos, donde arden 286 mil hectáreas de humedales, según el último informe del 18 de octubre del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

A esa fecha, había focos activos en Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. En Rosario, el domingo del Día de la Madre se podía visualizar los enormes incendios en las Islas, al cruce del puente que une a Victoria con esa ciudad.

Ese mismo día, en Córdoba, las llamas estuvieron en la zona norte del Valle de Punillaa un kilómetro del Santuario de animales Proyecto Carayá, donde viven los monos Carayá, que están en peligro de extinción. Y este lunes, el fuego avanzó en la zona de la Aerosilla de Los Cocos. Incluso, los bomberos se trasladaron en ese medio hasta a la cima de la montaña para combatir las llamas.

Los monos carayá ya agonizaron calcinados en Corrientes, en la Reserva San Cayetano. Las fotos de los animales muertos en el suelo, acurrucados, recorrieron las redes sociales.

Causas del fuego

Las causas de los incendios están vinculadas con la sequía (provocada también por las quemas en el Amazonas), y los sectores agroindustrial e inmobiliario. Pero mientras el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandié acusa al sistema de producción ganadero y agrícola por ejercer “prácticas vetustas”, desde el Ejecutivo impulsan la baja de retenciones y planes de fomento para aumentar la producción de soja, maíz y cerdos con el fin de aumentar las exportaciones.

“Argentina está emergencia hídrica”, alertó Cabandié. Pero el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, aseguró al mismo tiempo que el país “dispone de agua en cantidad y calidad” para duplicar la producción de cerdos y utilizar un millón y medio de litros de agua por día.

En su informe “El costo humano de los desastres 2000-2019”, la ONU alertó que el mundo puede convertirse en “un infierno inhabitable para millones de personas” si los Gobiernos no aplican ya mismo políticas para frenar el calentamiento global. Aunque Argentina firmó el Acuerdo de París en 2015 que estableció una meta de no aumento de la temperatura en no más de 1,5 grados para 2100, los datos actuales muestran que el país se dirige hacia el camino contrario.

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Denunciaron a ex funcionarios del macrismo por las 600 mil dosis de vacunas que dejaron vencer

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La denuncia de la Oficina Anticorrupción involucra a Carolina Stanley, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein por el delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa.

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia penal que involucra a los ex ministros de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, así como también a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tras el hallazgo en la aduana de 600 mil dosis de la vacuna triple bacteriana que dejaron vencer pese a estar incluida en el Plan Nacional de Vacunación y que jamás llegaron a quienes la necesitaban.

Según consignó Página/12 este lunes, la OA reconstruyó el trayecto de las vacunas, que llegaron a pasar siete meses en la terminal de cargas de la aduana, durante y luego de lo cual nadie chequeó la cadena de frío, y del dinero que se gastó en la compra y luego su almacenamiento. Pero constató, además, que la incidencia de las tres enfermedades a prevenir (tos convulsa, difteria y tétanos) aumentó en 2019 por la falta de inmunización de la población el año anterior.

Así Stanley, Lemus y Rubinstein podrían enfrentar un proceso por los delitso de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en su variante culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El ministro de salud, Ginés González García, había hecho pública en agosto la aparición de las vacunas en un frigorífico. De acuerdo con la denuncia penal las 600 mil dosis de la triple bacteriana acelular del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A fueron adquiridas por el ex ministros de Salud en los inicios del gobierno de Macri, Lemus. Las vacunas son adquiridas a través de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, que garantiza un precio y la provisión. En esta ocasión llegaron en un vuelo de Martinair, una línea holandesa.

La triple bacteriana protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se aplica a mujeres gestantes y niñes de 11 años, según el calendario nacional de vacunación. La presentación de la OA informa que se pagaron 6.610.306 dólares por todas las dosis que se vencieron. La factura es del 26 de noviembre de 2016, aunque habían sido encargadas en septiembre. Había seis lotes: uno vencía en abril de 2018, tres en junio y dos en agosto de ese mismo año. El embarque llegó a Buenos Aires el 7 diciembre de 2016, y entró a la aduana y quedó en la terminal de cargas (de Aeropuertos Argentina 2000) durante siete meses, hasta el 13 de julio del año siguiente. Ese día las vacunas fueron llevadas al Frigorífico Oneto. En el chequeo inicial, resultó que había frascos rotos y otras averías. Eran 60 dosis inutilizadas.

Pese al tiempo transcurrido recién en ese momento se hizo una verificación de los sensores de temperatura que venían con la carga para garantizar la cadena de frío. Resultó que los sensores en cuestión habían vencido en diciembre. Las vacunas fueron ingresadas a un sector llamado “cuarentena”, hasta que se verificara si estaban en condiciones de ser distribuidas, para lo que hacían falta los termogramas de la terminal de cargas, que ni siquiera fueron reclamados. Ahí quedaron hasta el 16 de julio de 2018, cuando fueron trasladadas al sector “vencidos” del frigorífico contratado, para que después fueran destruidas. Un segundo procedimiento consistió en la contratación del “servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final” de 40 toneladas de residuos peligrosos que estaban en el frigorífico Oneto. Por lo que correspondía a las vacunas se pagaron 4.370.000 pesos. Pero por el total de lo que se almacenó allí se pagaron 205.207 dólares.

La denuncia explica cómo a lo largo de los cuatro años del gobierno de Macri, la estructura del ministerio de Salud cambió, incluso fue degradado a secretaría, por lo que las estrategias de vacunación y las campañas fueron cambiando de dependencias. Por lo menos hubo modificaciones en seis oportunidades, según la presentación.

La OA pidió informes al ministerio de Salud no sólo para reconstruir el trayecto y los controles sobre las vacunas adquiridas, sino el impacto en la salud pública de su falta de distribución. Quedó claro allí la caída en la tasa de vacunación con triple bacteriana en 2018 y el incremento de las enfermedades que debe prevenir.

* El coqueluche es una patología aguda, altamente contagiosa, de las vías respiratorias y también se la conoce como tos convulsa. Creció en 2019 un 8,33 por ciento. La tasa de letalidad fue de 1,2 por ciento, el doble que el año anterior: murieron 947 personas por esta enfermedad ese año, 47 casos más que en 2018.

* La difteria, enfermedad infecciosa, que comienza con dolor de garganta y fiebre pero en casos graves puede generar una toxina capaz de bloquear las vías respiratorias. Cuando pasa al torrente sanguíneo puede lesionar le miocardio, afectar el corazón y causar parálisis. Se transmite de persona a persona fácilmente. El último caso de difteria se había registrado en el país en 2006. En 2019 hubo cuatro sospechosos, uno de ellos confirmado.

* El tétanos es una patología transmisible, tóxico infecciosa, que se caracteriza por espasmos musculares intensos y rigidez generalizadas. Puede ser mortal. Es infrecuente hoy en día por la existencia de la vacuna. En 2019 hubo 7 casos sospechosos de tétanos, seis confirmados, dos de los cuales terminaron en muertes. Los brotes de tétanos están relacionados con la falta de inmunización.

Por estas consecuencias, la OA atribuyó a los ex funcionarios y funcionarias responsables el delito de “propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa”, que prevé de seis meses a cinco años de prisión, y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con penas de un mes a dos años de cárcel.

La clave es que no se cumplió con la Ley de Vacunación Obligatoria (22909). Esa norma impone a las autoridades sanitarias cumplir y hacer cumplir sus disposiciones, ejecutar los programas de vacunación y asegurar la suficiente cantidad de vacunas, el personal y los elementos para aplicarlas.

“La normativa vigente imponía a cada uno de los ministros la obligación de fiscalizar la ejecución relativas a la salud de la población y específicamente la programar y dirigir los programas de vacunación”, dice la OA. En cuanto a los montos pagados, el organismo señala que “se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal”.

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ADT

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