Cambio histórico: la Iglesia católica ya no recibe más el aporte económico del Estado

La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. A esto se sumará en los próximos meses la prescindencia de una contribución a los seminaristas diocesanos y el completo reemplazo de otra a los párrocos de frontera por una ayuda a la obra solidaria.

El monto del aporte no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales e incluso era menor la ayuda a unos pocos seminaristas y párrocos de frontera- y significada el 7 % del presupuesto de la Iglesia. Pero suscitaba polémica porque implicaba una contribución permanente al sostenimiento de una religión determinada de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.

Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco, la ley 21.950, de 1979, estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Un año antes, la ley 21.540 estableció que los arzobispos y obispos que cesarán en sus funciones por razones de edad o invalidez percibirían una asignación equivalente al 70 %. Pero los montos hace años que no se actualizaban. Finalmente, un decreto de 1980 también dispuso una ayuda a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.

En 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto que promovió el gobierno de Mauricio Macri, se alzaron voces pidiendo la “separación” entre la Iglesia católica y el Estado que, en los hechos, implicaba el cese del aporte económico. En un informe ante el Congreso, el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, expuso la situación a partir de una consulta de la diputada de Evolución, aliada a Cambiemos, Carla Carrizo.

Entonces, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte que ya venía considerando y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles. Dijo tras una reunión de la comisión permanente del Episcopado que se estaban estudiando propuestas “con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional”.

A ello se sumó a fines de ese año una resolución de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación que autoriza a toda religión reconocida por el Estado -o sea, la católica y las que figuran en el Registro Nacional de Cultos- a poder percibir de los padres de los alumnos de los colegios bajo su gestión un aporte para el sostenimiento de su culto.

Además, el año pasado la secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98 mil pesos para un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará -según aclara la propia Conferencia Episcopal- de manera particular siguiendo una serie de requisitos.

La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por abrumadora mayoría. “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”, decía a comienzos del año pasado una circular interna.

La renuncia formó parte de un largo debate interno -en rigor, hay una disposición interna de avanzar en el completo sostenimiento de la Iglesia que data de mediados de la década del ’90, entonces publicada por Clarín- cuya concreción contribuirá a la independencia del Estado que, en la Argentina, es como decir del gobierno de turno, justo cuando el pontífice es argentino.

Del debate por el aborto al “no hay plata”

Suele decirse, con razón, que los tiempos de la Iglesia son largos. La renuncia al aporte del Estado no fue la excepción. A comienzos de los ’90 los obispos ya debatían hacerlo. Y si bien la contribución estatal no era muy significativa -en los últimos años no llegaba al 10 % del presupuesto de la Iglesia- en muchas de las 65 diócesis del país la asignación mensual a los obispos y la ayuda a los párrocos de frontera y los seminaristas diocesanos era valiosa.

El escollo para renunciar era que los obispos no lograban contar con un plan de autosostenimiento eficaz. Por impericia o por reticencia a hablar de dinero con los propios fieles. Y mostrar sin vergüenza sus números. Hubo varios como el Plan Compartir que, en un momento, pareció que cuajaba. Para colmo, muchos católicos creían que la Iglesia estaba totalmente financiada por el Estado y entonces no hacía falta poner un peso.

El debate por la legalización del aborto que habilitó el presidente Mauricio Macri con el envío de un proyecto aceleró los tiempos. La oposición de la Iglesia provocó una campaña de los que agitaban los “pañuelos anaranjados” pidiendo la separación de la Iglesia y el Estado. El tema se coló en un informe ante el Congreso del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante una pregunta de la diputada radical Carla Carrizo.

Para la Iglesia aquello fue una puesta en escena del gobierno -Carrizo, de Evolución, estaba a favor del proyecto y era una aliada de Cambiemos- que, junto con la campaña de los “pañuelos anaranjados”, la decidió a acelerar los tiempos y anunciar que comenzaba el proceso para renunciar al aporte estatal. Era muy poco el dinero que recibía del Estado y el daño en su imagen, cada vez más grande.

Puso en marcha el llamado Programa Fe, actualmente vigente, que cuenta con un fondo compensador para atender a los obispados más pobres. A la vez que obtuvo que los colegios gestionados por todas las religiones reconocidas por el estado pudiesen percibir una contribución de los padres para el sostenimiento del culto.

Así las cosas, la Iglesia gana en independencia y la famosa separación del Estado está en buena media consumada. No es un dato menor que se concrete cuando hay un pontífice argentino que brega por una concepción moderna de la religión en un contexto plural y democrático.

Y no deja de ser curioso que se produzca cuando el flamante presidente Javier Milei viene advirtiendo que “no hay más plata”.