Para intentar detener la suba de los precios, luego del salto inflacionario del mes pasado, el Gobierno anunció un paquete de medidas, que básicamente hacen foco en dos estrategias: el acuerdo de precios con los empresarios que se extendería hasta fin de año y una mayor fiscalización por parte del Estado.
Según definió este jueves el Gabinete Económico, estas acciones “tienen el objetivo de garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento y la competencia del sector; lograr acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de los precios en los próximos meses y garantizar precios accesibles para los alimentos”.
La justificación oficial acerca del salto inflacionario del primer trimestre del año, sobre todo el pico de 4,8% alcanzado en marzo, radica en el incremento de los precios internacionales de los productos agropecuarios. “Se trata de uno de los mayores aumentos de precios de los últimos años”, dijeron y señalaron que si bien la mejora de los términos de intercambio es positiva para el país porque permite aumentar el ingreso de divisas vía exportaciones, tiene un costado negativo, ya que genera más presión sobre los precios en el mercado interno. “Vamos adaptando las medidas a cuenta de que un shock que es positivo para la economía no sea regresivo”, aseguró una fuente oficial.
Según detallaron, el precio de las carnes fue uno de los más afectados por este doble juego de mayor exportación. Por eso, las medidas anunciadas en conjunto con el Ministerio de Producción, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio y la supervisión a la distancia del MInistro de Economía, Martín Guzmán, ponen su atención en la producción y comercialización de carne vacuna como uno de los principales frentes a atacar, tanto a nivel interno como internacional.
Por un lado, se le pedirán a los productores y exportadores mayores requisitos a la hora de exportar. Además, se creará un nuevo registro donde deberán dejar asentadas estas operaciones para que la Secretaría de Comercio Interior controle y administre que las ventas al exterior no generen desabastecimiento en las góndolas.
La idea es que funcione como hoy en día se hace con las exportaciones de granos y así, garantizar la correcta liquidación de las divisas producto de esa venta al exterior y evitar la subfacturación y otras maniobras fraudulentas. “Vimos que los precios de exportación declarados muchas veces no coincidían con los del mercado internacional. Esa subfacturación mucha veces estaba vinculada a una fuga de dólares, que vía el contado con liquidación o las criptomonedas volvían a generar nuevas exportaciones y así más presión sobre los precios locales”, explicaron.
En lo que respecta al comercio interno, los Ministros de Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca y Trabajo, decidieron establecer el “troceo” como forma de comercialización obligatoria. Esto comenzará a ser la regla en todo el país desde 2022, y se les ofrecerá un financiamiento a tasas subsidiadas para aquellos productores que necesiten hacer inversiones para poder cambiar la forma de comercializar las reses.
Otro de los puntos que se priorizarán para contener la inflación en lo que queda del año se basa en mayores acuerdos de precios. Por un lado, el Gobierno plantea un pacto con la línea de producción avícola, a la cual también se le otorgará un financiamiento especial en caso de necesitar invertir en mejoras. Pero también se firmará un acuerdo, tanto con los productores de insumos industriales como los relacionados con la construcción para mantener los precios vigentes en marzo en los próximos meses de 2021.
En esta misma línea, también se anunció un acuerdo de precios con los fabricantes y comercializadores de tecnología y electrodomésticos. Acá también se propone mantener los precios actuales sin cambios hasta octubre.
El tercer punto del paquete de medidas anunciado pone el foco en hacer llegar a las familias productos frescos a precios accesibles, Por un lado, explicaron el rol que cumplirá el Programa Mercado Federal Móvil, que en una primera etapa funcionará en el Gran Buenos Aires, pero que planea llevarse a distintos puntos del país. Estas ferias ofrecerán bolsones de frutas y verduras a valores de entre $120 y $250. También se prevé sumar cortes de carnes a precios accesibles y un nuevo acuerdo con alimenticias.
El cuarto de los puntos planteados apunta a profundizar la aplicación de la Ley de Góndolas y permitir que pequeños y medianos productores aumenten la oferta en los supermercados. Para esto, el Gobierno prepara cinco líneas de financiamiento por $4.800 millones.
El último de los objetivos planteados apunta a un mayor control estatal sobre los precios y las normas de abastecimiento. Se sumarán 500 nuevas personas que fiscalizarán en las góndolas que se cumpla lo que las empresas debieron informar previamente en el SIPRE, que entró en vigencia este mes. Además habrá control de rotulados y se pondrá en marcha el observatorio de precios
