“Si usted tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo” fue la opinión del presidente electo Javier Milei cuando le consultaron sobre la posibilidad de que su gobierno implemente algún cambio que beneficie a las personas que tomaron créditos hipotecarios UVA, atados a la inflación.
Esos créditos que se crearon durante el gobierno de Mauricio Macri y en su momento tenían cuotas que equivalían a un alquiler, se dispararon de la mano de la inflación. Primero durante la pandemia y luego por la suba de los precios, los propietarios que habían tomado esos préstamos salieron a pedirle ayuda al Gobierno.
Alberto Fernández les dio algunos beneficios y, este año, diputados kirchneristas elaboraron un proyecto de ley que preveía que la cuota a abonar no debía superar el 30% de los ingresos de los deudores y que se iban a actualizar por el RIPTE (salarios) en lugar de la inflación. La Cámara Baja le dio media sanción y el proyecto se trabó en el Senado.
Milei comparó la toma de estos créditos con “una decisión en términos de renta-riesgo” y explicó: “Ahora como el resultado es adverso quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo”, graficó, en el programa A Dos Voces, por TN.
Sobre los deudores hipotecarios dijo: “Nadie les puso una pistola en la cabeza para que lo saquen [al crédito]”.
Según explicaron los bancos en su momento, desde el nacimiento de las UVA en 2016 y hasta 2019 (cuando se frenaron por la crisis) se otorgaron aproximadamente 105.000 créditos hipotecarios UVA para la vivienda. Y, también según las entidades, el nivel de morosidad es bajo.
Qué dice el proyecto de ley
El proyecto de ley que tiene media sanción en Diputados, fue modificado por el dictamen de comisión del Senado, pero nunca se trató en el recinto.
La nueva propuesta del kirchnerismo en el Senado planteaba la renovación del contrato crediticio con fecha del 1 de septiembre de 2023, mientras que el capital debía retrotraerse al 31 de agosto de 2019. Al capital adeudado había que restarle las cuotas que se hubieran abonado desde esa fecha hasta el nuevo contrato.
A partir del nuevo préstamo se dejaba sin efecto la cláusula de ajuste UVA y se adoptaría el RIPTE, el índice que mide la variación salarial con un interés del 3,5 % nominal anual.
En la propuesta de Diputados, la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomaba en cuenta el índice mensual que diera más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en el RIPTE y el IPC que mide la inflación promedio.
Al igual que en el dictamen de Diputados, se suspendían los juicios y desalojos por 365 días y los términos procesales en curso, mientras que se fijaba como autoridad de aplicación al Banco Central.
