El Gobierno buscará consenso con empresarios para implementar el nuevo impuesto y espera apoyo opositor

Si bien en un comienzo estuvieron pensadas como medidas hermanas, finalmente fueron separadas. El Gobierno decidió escindir el debate sobre un nuevo impuesto a la “renta inesperada” de la asistencia salarial de emergencia a trabajadores informales, monotributistas y jubilados. No habrá una correlación entre la potencial recaudación de ese nuevo gravamen especial con el monto que afrontará el Poder Ejecutivo en esos bonos excepcionoales por la aceleración inflacionaria.

Desde este martes se iniciará, tras el anuncio oficial, una nueva etapa de conversaciones, debates y tira y afloje con empresarios de distintos sectores. El ministro de Economía Martín Guzmán decidió poner en pausa la implementación inmediata de una medida tributaria de esa naturaleza y buscar algún tipo de consenso entre el sector privado y también con la oposición, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso. La misión no será sencilla: algunos empresarios, por lo bajo, ya manifiestan dudas sobre el espíritu de la medida pero esperarán a tener la letra firme oficial para poder opinar.

La dinámica todavía no está determinada y no será inmediata ya que el jefe del Palacio de Hacienda se subió anoche a un avión hacia Washington para participar de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin mayores detalles, en la Casa Rosada prometieron una convocatoria amplia para discutir la aproximación que tendrá el fisco a los balances de un puñado de empresas que cumplan una serie de requisitos.

El ministro de Economía Martín Guzmán decidió poner en pausa la implementación inmediata de una medida tributaria de esa naturaleza y buscar algún tipo de consenso entre el sector privado y también con la oposición, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso

Entre ellas, haber tenido en lo que va del año una ganancia superior a los $1.000 millones (8,8 millones de dólares a tipo de cambio oficial), pero que además hayan tenido una rentabilidad en términos reales mucho mayor a la que tuvieron en 2021 y un margen de ganancias “muy elevado”, según la definición de Guzmán. Como zanahoria, el Gobierno ofrecerá que las empresas que reinviertan parte de esa renta “inesperada” pagarán menos del nuevo tributo en discusión.

“Va a haber una amplia convocatoria, hay una idea y es algo que se está discutiendo en otros países del mundo desarrollado”, mencionó tras el anuncio el ministro de Trabajo Claudio Moroni. La Casa Rosada se refleja en algunos ejemplos concretos donde ya hubo medidas tributarias excepcionales de este tipo, y otras naciones en las que también se debate, sin haber hasta el momento alguna definición.

El Gobierno buscará implementar el nuevo impuesto pero primero ofrecerá un debate ante el sector privad (Nicolás Stulberg)

En ese sentido miran, por ejemplo, a España, que ya contaba con lo que el gobierno de ese país denominó un impuesto a los “beneficios caídos del cielo”, con un espíritu muy similar al que busca el Gobierno argentino. El oficialismo español debate ahora poder reforzar la recaudación de ese tributo. Apunta, en ese caso, a las empresas del sector energético que obtuvieron ganancias extraordinarias por la escalada de los precios internacionales tras la guerra en Ucrania.

Otro país en que este tipo de medidas de excepción para ingresos que no están relacionados con mayores inversiones es Portugal. Según anticipó el ministro de Economía y del Mar, António Costa Silva, buscarán algún tipo de impuesto para “rentas aleatorias e inesperadas”, en una terminología similar a la que utiliza la Casa Rosada. Energía y alimenticias serían los sectores que estarían alcanzados por una decisión de este tipo en ese país.

En la Casa Rosada prometieron una convocatoria amplia para discutir la aproximación que tendrá el fisco a los balances de un puñado de empresas que cumplan una serie de requisitos

Por su parte, un grupo de demócratas en los Estados Unidos y de laboristas en el Reino Unido presionaron en las últimas semanas para que los gobiernos de sus países implementen medidas similares. No sería una medida sin antecedentes, ya que existieron en otros momentos de su historia los windfall taxes, que buscaron gravar rentas por fuera de lo esperable.

La realidad argentina puede distar mucho de las de economías desarrolladas como aquellas e incluso el contexto político podría dificultar el debate de una medida de este tipo. Por empezar, por las diferencias que arrastran de manera cada vez más expuesta las distintas tribus del Frente de Todos. Un dirigente albertista, tras el anuncio del bono y la convocatoria a debatir el nuevo impuesto expresaba, en un claro mensaje hacia la propia coalición: “¿Qué van a decir los que hablaban de que esto era un ajuste?”.

Daniel Funes de Rioja fue el único representante del sector empresario en el acto (Nicolás Stulberg)

También el Poder Ejecutivo deberá tomar la temperatura al propio sector privado, poco afecto en general a dar el brazo a torcer en discusiones sobre la presión tributaria, que actualmente figura en el podio de reclamos y pedidos de cámaras empresarias y figuras del círculo rojo al Gobierno nacional. Uno de los más buscados ayer, luego de finalizado el acto de anuncio en el Salón Blanco de la Casa Rosada fue el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, el único invitado de entre los ejecutivos de cámaras empresarias.

Con su estilo diplomático, el también presidente de Copal -la central de cámaras alimenticias y uno de los sectores que fue apuntado por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti por haber tenido ganancias en los últimos meses-, evitó una definición sobre el nuevo impuesto que acababa de describir Guzmán. “Vamos a esperar a tener el proyecto completo para poder opinar, no quiero hacer una consideración ‘estomacal’”, dijo el abogado laboralista mientras salía de la Casa de Gobierno.

En su discurso el presidente Alberto Fernández anticipó una nueva reunión entre la UIA y la CGT para monitorear cómo avanzaron, tras la convocatoria especial que hizo el Poder Ejecutivo, las negociaciones paritarias de una serie de sindicatos que son decisivos para trazar una referencia de aumentos de ingresos. Según detalló más tarde Moroni, “no vemos ninguna negociación que esté discutiendo valores que no superen a la inflación” y dijo que el Gobierno no descarta “adoptar medidas extraordinarias”, consultado por la posibilidad de decretar un bono para empleados privados cuyas paritarias queden rezagadas.

Alberto Fernández anticipó una nueva reunión entre la UIA y la CGT para monitorear cómo avanzaron, tras la convocatoria especial que hizo el Poder Ejecutivo, las negociaciones paritarias de una serie de sindicatos que son decisivos para trazar una referencia de aumentos de ingresos

Cuando ya casi no quedaba nadie pululando en los pasillos de la Rosada, un ministro que fue uno de los últimos en irse mencionaba a Infobae que el Gobierno prefiere, de momento, no identificar sectores puntuales a los que apuntar a la hora de considerar el nuevo impuesto a la “renta inesperada”, se esperanzaba con un debate constructivo con la oposición -que ya manifestó reparos- y aseguraba que, en todo caso, sería un gravamen por única vez. De todas formas se sinceraba: “Lo que tenemos que hacer es bajar la inflación”.

El acto no fue multitudinario pero tuvo una platea variopinta: desde gremialistas como Pablo Moyano, funcionarios ligados a movimientos sociales como Emilio Pérsico, Daniel Menéndez o Fernando “Chino” Navarro, gobernadores entre los que estuvo el bonaerense Axel Kicillof -que expresa la visión económica enfrentada a la del ministro Guzmán-, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y un puñado de albertistas “puros” como Santiago Cafiero y Cecilia Todesca. De ese grupo el único ausente fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.