Según la Justicia, ese miembro podría ser el de A.
Su caso, si las sospechas en su contra son ciertas, es incluso peor que el de Russo. El pediatra tenía un modus operandi para obtener su material: lo hacía con niñas que eran sus pacientes en consultas médicas, con el permiso de sus propias madres, que confiaban en el especialista y en su prestigio, un hombre que viajaba por el mundo y daba discursos en congresos. Russo tomaba las fotos con expreso permiso, con presuntos motivos médicos, estudiar el caso. El material encontrado por el CIJ en el teléfono de A., si es realmente suyo, si realmente lo produjo él, va un paso más allá del pediatra: los investigadores pudieron ver una situación de abuso evidente. Solo queda determinar si ese miembro es suyo.
Hoy, A. se encuentra preso en el pabellón de abusadores del penal de Marcos Paz, procesado con prisión preventiva: pidió salir la semana pasada, la fiscal Dupuy se opuso y el beneficio le fue denegado. Pero la historia de A. va más atrás en el tiempo. A ese celular, que contenía esa foto aberrante, la Justicia lo había encontrado casi un año antes de su captura a la salida del Elizalde, cuando lo habían detenido por primera vez. Su arresto de marzo último no fue el primero. En enero de 2019, la división Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA detuvo al enfermero pediátrico tras allanar su casa en Moreno por orden de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza a cargo de la doctora Lorena Natalia Pecorelli. Se lo llevaron por violar a su propia hijastra, una adolescente, filmar el abuso y subirlo a un sitio porno amateur.
El caso comenzó en enero del año pasado, cuando el padre de una ex compañera de colegio de la hijastra de A. se presentó en una comisaría de La Matanza de la Policía Bonaerense. Otra ex compañera le había dicho a su hija “que tuviera cuidado”, que A. “había manoseado” a otras compañeras del colegio y que les enviaba un link con un video. “Mexicanita muy joven”, decía el link. El hombre entró al video, una escena de pocos minutos que mostraba una situación explícita y humillante. Había dos personas en la imagen: A. y su propia hijastra, una adolescente.
Así, se libró una orden de allanamiento: A. fue aprehendido, sus aparatos secuestrados. El video fue borrado poco después del sitio, especializado en contenido amateur. Sin embargo, otras páginas porno lo habían replicado. Quedaba todavía una captura de pantalla, una pequeña foto, donde se podía a ver a A. y su víctima. A ese video, por otra parte, alguien más lo filmó.
Su hijastra declaró en tres ocasiones, bajo la supervisión de un gabinete psicológico. Contó que conocía a A. desde que ella tenía 9 años, cuando había formado una pareja con su madre. Habló del abuso filmado: dijo que ocurrió en el verano de 2018, mientras cuidaba a la hija de I., el hermano de A., también un profesional de la salud, en la cama matrimonial del hermano de su padrastro, en un departamento de Montserrat. I. entró al lugar y los sorprendió. La hijastra del enfermero afirmó en una de sus declaraciones que A. le pidió a su hermano que le cumpla “una fantasía”, que los filme, a él y a su hijastra. La menor afirmó que el hermano de su padrastro también abusó de ella. Ella llevaba una corbata en el video: su padrastro se pidió que se la ponga. No hubo dudas en la identificación de A. en el video, un tatuaje en el antebrazo izquierdo lo delató.
Su hermano también fue detenido, pasó dos meses preso en Marcos Paz, acusado de lo mismo que su hermano sería acusado meses después: ser un productor de pornografía infantil y un abusador. La declaración de la menor motivó un cambio en la jurisdicción: al descubrirse que el video había sido filmado en territorio porteño el caso fue remitido al Juzgado N°37 en la Capital Federal, en ese momento a cargo de la doctora Silvia Ramond, que procesó con prisión preventiva a I., el hermano del enfermero, una decisión que fue revocada por la Sala IV de la Cámara, que lo liberó con una prohibición de acercamiento a su víctima.
Lo que dijo la hijastra cambió todo. Aseguró, según documentos judiciales a los que accedió Infobae, que las relaciones con su padrastro y su hermano fueron consentidas. Tenía 16 años en ese entonces. El 22 de agosto de 2019, la jueza Ramond resolvió decretar el procesamiento sin prisión preventiva del enfermero A. por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de producción de representaciones de una menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas.
No lo imputó por abuso con acceso carnal. El artículo 120 del Código Penal que habla de un libre consentimiento en personas de 16 años de edad o mayores: los análisis psicológicos convalidaron que existió un consentimiento, el mismo criterio que tuvo la fiscalía original del caso en La Matanza. Ramond, por otra parte, entendió que la causa debía continuar por otro frente, que se investigue la producción de pornografía infantil, con un cambio de fuero.
Mientras tanto, A. continuó trabajando en el sistema de salud porteño, procesado, acusado de un delito aberrante, investigado por otro delito gravísimo: sus últimos aportes pagos según registros previsionales datan de enero de 2020.
Entonces, el caso llegó a la fiscal Dupuy en el fuero contravencional porteño, que ordenó una serie de medidas sobre los dispositivos que le habían secuestrado. El CIJ ingresó a uno de sus aparatos, un Motorola: tenía 68 fotos de abuso infantil explícito. Su hijastra aparecía mucho más: la cara de la menor pudo verse en 353 imágenes. En algunas tiene sexo con ella, en la ducha. También se ve a la bebé. Las fotos son dos.
También descubrieron que enviaba y recibía material por Telegram y WhatsApp, más de 100 videos y otras 300 fotos de contenido erótico o abuso infantil explícito. La pericia encontró cosas peores: grupos de chats con otros usuarios para intercambiar material y links, al menos siete. Uno tenía un nombre perturbador: “Pequeñas Personitas”. Envió por WhatsApp un video de un niño a otros dos hombres, uno de ellos estaba agendado en su teléfono con las palabras “Casa Cuna” junto a su nombre.
Tras la pericia, la fiscal Dupuy pidió la detención del enfermero. La investigación en su contra continúa. Su nombre se mantuvo en reserva en este artículo por un simple motivo: nombrarlo implica exponer a su víctima.