La entidad ya había cerrado la gerencia zonal en respuesta a la decisión del gobierno pampeano de subir al 15,5% la alícuota del impuesto provincial para los préstamos.
El Banco Nación resolvió cerrar 9 sucursales ubicadas en la provincia de La Pampa, lo que se suma a la medida tomada días atrás de cerrar la Gerencia Zonal de esa provincia. Ambas medidas, según explicó la entidad en un comunicado, “se fundamentan en la decisión del gobierno pampeano de elevar al 15,5% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las pymes”.
Por ese motivo, se dispuso “el cese de actividades en las sucursales de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica”.
Al mismo tiempo, se facultó a la subgerencia General de Gestión de las Personas y a la subgerencia General de red de Sucursales “para que dispongan el destino de los agentes afectados y los puestos de revista”. Entre las sucursales que serán cerradas reúnen un total de 80 empleados. El resto de las sucursales que el Nación tiene en territorio pampeano pasarán a depender de la Gerencia Zonal de San Luis.
Otros bancos privados analizan seguir el mismo camino y cerrar total o parcialmente sus sucursales en La Pampa, según pudo saber Infobae de fuentes del sector financiero, donde reina el malestar con el gobierno pampeano por la sobrecarga impositiva. El punto crítico es cómo evitar que los clientes queden desantendidos. “Se está evaluando la radicación de las cuentas de las sucursales pampeanas en filiales de otras provincias y sostener la atención por vía digital en la medida de lo posible”, señalaron las fuentes.
De ese modo, en muchas localidades la única entidad financiera que sostendría su actividad sería el Banco de La Pampa, perteneciente al estado provincial. “Para los bancos, lo de La Pampa puede transformarse en un caso testigo: depende de cómo se resuelva el conflicto, otras provincias van decidir si suben o no sus impuestos provinciales. En cierto modo hay que aleccionar a los gobernadores”, explicó un alto ejecutivo de una entidad financiera.
El presidente del BNA, Daniel Tillard, insistió en que “la incidencia de los impuestos locales duplica el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial”.
“Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener ni nuestra Zonal ni las sucursales mencionadas en la provincia de La Pampa”, agregó.
El origen de la controversia entre el Banco Nación y el gobierno de La Pampa proviene de la promulgación de la ley provincial N° 3575, en la que estableció la duplicación de la alícuota de Ingresos Brutos a partir del 1° de septiembre pasado “sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia”.
Además del cierre de la gerencia zonal, el Banco Nación Argentina presentó dos semanas atrás una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Pampa, en respuesta al aumento impositivo sobre la actividad financiera, que saltó del 7% al 15,47%.
La réplica del Nación al gobierno pampeano ocurrió en un contexto en el que el gobierno nacional busca implementar medidas para limitar la proliferación de tasas e impuestos a nivel provincial y municipal, lo que vino ganando relevancia en la discusión pública durante las últimas semanas.
El apoyo al Nación llegó incluso desde la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la entidad que nuclea a las entidades de capital extranjero, a través de un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por el aumento impositivo de La Pampa, advirtiendo que este tipo de decisiones “castiga a los usuarios de servicios financieros” y podría tener efectos adversos en la actividad económica.
Para ABA, “el incremento de un gravamen por demás distorsivo, de 7% a 15,47%, atenta contra el normal desarrollo de la actividad en la provincia y principalmente castiga a los usuarios de servicios financieros que verán encarecidas sus líneas de crédito en forma desproporcionada”.
El presidente de la entidad, Claudio Cesario, “Nos equiparan la alícuota a los casinos, aplicando la misma tasa a la actividad bancaria y financiera, se encarece el precio de productos y servicios financieros y expulsar a la gente que más necesidad tiene. Se va a achicar el sistema formal, va a crecer el informal, y la gente va a terminar cayendo en las garras de usureros”.