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Internacional

“Es el terror”: En Haití, las bandas ganan poder mientras crece el vacío de seguridad

Las bandas dominan hace mucho el país pero ahora hasta el gobierno las utiliza como herramientas de represión.

Violaron a mujeres, quemaron casas y mataron a decenas de personas, incluidos niños, descuartizando sus cuerpos con machetes y arrojando sus restos a los cerdos.

La espantosa masacre de hace tres años, considerada la peor en Haití en décadas, fue algo más que la obra de bandas rivales que luchaban por el territorio.

Fue organizada por altos funcionarios haitianos, que proporcionaron armas y vehículos a los miembros de las bandas para castigar a los habitantes de una zona pobre que protestaban contra la corrupción del gobierno, según anunció el año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Miembros de la banda G9 protestan por el asesinato del presidente Jovenel Moïs. Foto Victor Moriyama/The New York Times.

Miembros de la banda G9 protestan por el asesinato del presidente Jovenel Moïs. Foto Victor Moriyama/The New York Times.

Desde entonces, los miembros de las bandas de Haití se han hecho tan fuertes que dominan franjas del país.

El más notorio de ellos, un ex policía llamado Jimmy Cherizier, conocido como Barbacoa, se disfraza de líder político, dando conferencias de prensa, liderando marchas y, esta semana, incluso desfilando como sustituto del primer ministro en la violenta capital.

Después de que las bandas dispararan contra un convoy del gobierno y cerraran la conmemoración oficial de la muerte del presidente fundador del país el domingo, Cherizier presidió él mismo la ceremonia, vestido con un traje blanco de tres piezas, rodeado de cámaras y guardias enmascarados con rifles de asalto mientras depositaba coronas de flores en el lugar.

La policía se refugia durante una manifestación de la banda G9 en Puerto Príncipe, Haití. Foto Victor Moriyama/The New York Times.

La policía se refugia durante una manifestación de la banda G9 en Puerto Príncipe, Haití. Foto Victor Moriyama/The New York Times.

“Las bandas tienen más autoridad que nuestros líderes”, dijo Marie Yolène Gilles, directora de un grupo local de derechos humanos, la Fundación Ojos Claros.

“Si dicen: ‘Quédate en casa’, te quedas en casa. Si te dicen: ‘Salí’, puedes salir. Es el terror”.

El descarado secuestro de 17 personas de un grupo misionero estadounidense durante el fin de semana, que se cree que fue llevado a cabo por una banda rival llamada 400 Mawozo, subrayó el creciente poder de las bandas de Haití.

Según algunas estimaciones, ahora controlan más de la mitad del país y, en algunos lugares, operan como gobiernos de facto, con sus propios tribunales, “comisarías” y tarifas residenciales para todo, desde la electricidad hasta los permisos escolares.

Las pandillas han dominado durante mucho tiempo en muchos barrios pobres, pero comenzaron a ganar más dominio después de que Jovenel Moïse jurara como presidente en 2017, dicen los expertos, alimentado por la erosión de las instituciones democráticas bajo su mandato y el despliegue de las pandillas por parte de su gobierno como herramientas de opresión.

Y aunque el gobierno estadounidense y las Naciones Unidas han sido conscientes durante mucho tiempo de la creciente conexión entre las pandillas, el gobierno y la policía haitiana, hicieron pocos movimientos para combatir el problema, en parte por temor a poner en peligro la poca estabilidad que tenía Haití, dicen funcionarios actuales y anteriores.

Jimmy Cherizier, que dirige la banda G9, sostiene un retrato del asesinado presidente Jovenel Moïse . Foto Victor Moriyama/The New York Times.

Jimmy Cherizier, que dirige la banda G9, sostiene un retrato del asesinado presidente Jovenel Moïse . Foto Victor Moriyama/The New York Times.

Esa apariencia de estabilidad se derrumbó en julio, cuando Moïse fue asesinado en su habitación en un homicidio que sigue sin resolverse y que ha puesto aún más de manifiesto la debilidad institucional del país.

“Su administración debilitó la policía y el sistema judicial”, dijo Pierre Espérence, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, refiriéndose al gobierno de Moïse.

“No había controles en el puerto, la frontera, el aeropuerto: las armas y las municiones llegan fácilmente a Haití. Y luego, utilizaron a las bandas para masacrar a la gente en los barrios marginales”.

Los ataques, dijo, fueron intentos de asegurar el control político en el período previo a las elecciones en la región de la capital, que representa el 40% del electorado del país – gran parte de él en los barrios marginales abarrotados.

La organización de Espérence ha documentado más de una docena de ataques armados de bandas desde 2018, que han provocado la muerte o desaparición de más de 600 personas.

En muchos casos, esos informes citan un papel de la policía en los asesinatos, incluyendo la participación de oficiales activos y el uso de equipos como carros blindados o gases lacrimógenos.

En al menos dos casos, la organización destacó la implicación de miembros del gobierno de Moïse.

Según Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la red, ninguno de ellos ha dado lugar a detenciones ni a investigaciones sólidas por parte de la policía.

Tampoco se ha sancionado a ningún agente de policía por su presunta implicación.

“Por eso decimos que la violencia que se establece hoy en Haití es una violencia de Estado”, dijo.

Un alto funcionario del gobierno del primer ministro Ariel Henry, que fue intervenido por Moise y tomó las riendas de la nación en julio, dijo que Henry no tenía ningún vínculo con los abusos que se acusa a la anterior administración de facilitar.

Por el contrario, el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que Henry, un médico, fue traído para limpiar el desorden en Haití, y se ha comprometido a hacer justicia por las masacres del pasado y hacer todo lo posible para eliminar las bandas.

En el centro de las acusaciones está Cherizier y la alianza de nueve bandas que dirige, conocida como la coalición G9 en Familia y Aliados.

Pero el “arquitecto intelectual” de la masacre de 2018 fue Joseph Pierre Richard Duplan, un miembro electo del partido del presidente que proporcionó armas a los miembros de las pandillas, dijo el Departamento del Tesoro en diciembre pasado.

Los testigos describieron haber visto a Duplan amonestando a los miembros de la banda durante el ataque, según un informe de Naciones Unidas, diciendo:

“Habéis matado a demasiada gente. Esa no era vuestra misión”.

El jefe del Ministerio del Interior, Fednel Monchéry, también estuvo íntimamente implicado, según el Departamento del Tesoro.

Ambos funcionarios perdieron sus puestos casi un año después, pero ninguno se ha enfrentado a cargos.

La policía detuvo a Monchéry en febrero por un problema con su matrícula, informó el periódico haitiano Le Nouvelliste, pero lo liberó poco después.

“Cuando la policía nos dice que está investigando activamente, podemos decir que eso es obviamente falso”, dijo Ducéna.

El año pasado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a los funcionarios en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, calificándolos de “autores de graves abusos contra los derechos humanos”.

Pero la acción estadounidense se produjo tras años de apoyo público continuado a Moïse, a pesar de las acaloradas advertencias de los legisladores estadounidenses sobre su gobierno cada vez más autocrático.

Tanto el gobierno estadounidense como las Naciones Unidas, cuyo apoyo se considera un lastre esencial para cualquier presidente haitiano, han sido acusados de hacer la vista gorda ante las repetidas denuncias de infiltración de bandas en su gobierno.

Uno de los primeros asesinatos masivos de civiles bajo la presidencia de Moïse comenzó como una redada antipandillas en el barrio pobre de Grand Ravine.

En noviembre de 2017, agentes de la policía haitiana -entre ellos Cherizier, que todavía estaba en el cuerpo en ese momento- hicieron una redada en un campus escolar.

Al final, ocho civiles habían sido asesinados, entre ellos un profesor, un guardia de seguridad y un futuro estudiante “ejecutados a sangre fría”, según una investigación interna realizada por el gobierno haitiano.

Los agentes de policía de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, que habían ayudado a planificar el asalto, habían hecho guardia en el exterior.

Unos meses más tarde, Susan D. Page, entonces jefa de la misión de la ONU en Haití, hizo pública una declaración en la que pedía a las autoridades haitianas que investigaran “las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de unidades de la Policía Nacional de Haití”, incluida la operación fallida.

Como protesta, el gobierno de Moïse retiró a su embajador en las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas, que ya se enfrentaban a duras críticas en Haití por haber desencadenado un devastador brote de cólera en el país en 2010, retiraron rápidamente a Page de su puesto.

“Estaba dirigiendo una misión de apoyo a la justicia”, dijo Page en una entrevista.

“¿No se supone que debo pedir justicia?”.

Farhan Aziz Haq, portavoz de la ONU, dijo en un comunicado que la misión de apoyo a la justicia no había autorizado el “registro de alto riesgo” realizado por la policía haitiana.

Una investigación interna determinó que ningún agente de la ONU había “acudido al lugar donde se produjeron los supuestos asesinatos” ni había disparado sus armas.

Las Naciones Unidas retiraron su gran fuerza de mantenimiento de la paz en 2017, con un legado dañado que incluía a las fuerzas de paz que introdujeron el cólera en el país y abusaron sexualmente y embarazaron a niñas de tan solo 11 años.

La salida dejó una fuerza mucho más pequeña para apoyar a la policía, que también se retiró en 2019.

En su ausencia, creció un vacío de seguridad, especialmente en las zonas pobres de la capital.

Tras varias masacres en las que se vieron involucrados miembros de bandas y policías haitianos, entre ellos Cherizier, más de un centenar de miembros del Congreso de Estados Unidos escribieron a la administración Trump en 2019 para exigir una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las autoridades.

No ocurrió nada, dijo el representante Andy Levin de Michigan, copresidente del Caucus de Haití de la Cámara de Representantes.

“Realmente esperaba que hubiera un cambio de dirección cuando el presidente Biden asumió el cargo”, dijo Levin.

“Todavía estoy esperando”.

Los haitianos de la capital viven en un miedo continuo.

Los secuestros se han disparado, superando con creces el máximo del año pasado, que a su vez había aumentado significativamente respecto al año anterior, según Naciones Unidas.

“Hoy hablamos de ello porque han secuestrado a unos misioneros estadounidenses”, dijo Ducéna.

“En nuestra realidad, es nuestra vida cotidiana. Todos los días salimos de nuestras casas sin saber si vamos a volver”.

En la maltrecha economía de Haití, el secuestro se ha convertido también en una fuente de ingresos primordial para las bandas.

La banda que secuestró a los 16 estadounidenses y a un canadiense de Christian Aid Ministries ha exigido un rescate de 17 millones de dólares, un millón por cada cautivo.

Cherizier, que lidera un grupo de bandas rivales, ha negado cualquier vínculo con el gobierno.

En cambio, se presenta como un revolucionario que lucha contra la pobreza en los barrios marginales.

El domingo, al día siguiente del secuestro de los misioneros, la cabalgata del gobierno haitiano se vio envuelta en un tiroteo y se alejó antes de que el primer ministro pudiera asistir a la ceremonia de homenaje al padre fundador de la nación.

Una vez expulsado el gobierno, Cherizier encabezó la procesión, disfrutando del espectáculo, como si fuera el verdadero líder de la nación.

Gilles especuló con la posibilidad de que él mismo se presentara a las próximas elecciones.

“En este país puede pasar de todo”, dijo, enumerando a los políticos que fueron elegidos a pesar de enfrentarse a graves acusaciones penales.

“No sería la primera vez que personas con problemas con la ley son elegidas”.

Andre Paultre, Harold Isaac y Oscar López contribuyeron con sus informes.

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