Escándalo en Chaco: un ex juez federal, al borde del juicio oral por proteger a narcos y encubrir a gendarmes corruptos

Ocurrió con el juez federal de Oran, Raúl Reynoso, que pasó de ser considerado el luchador número uno contra el narcotráfico a recibir una condena a 13 años de prisión por proteger traficantes. Antes había pasado algo similar con el camarista salteño Antonio Sola Torino que en 2020 se suicidó luego de que la Corte Suprema de Justicia la Nación dejara firme su sentencia a 6 años de prisión por cobrarle una coima a uno de los mayores proveedores de cocaína del NOA.

Más cerca en el tiempo, en junio de 2023, un tribunal federal le impuso también 6 años de prisión al ex juez federal electoral de Corrientes Carlos Soto Dávila. La acusación: cobrar coimas para proteger a narcos. Y apenas a principios de noviembre de juez Federal de Mendoza, Walter Bento fue destituido y terminó preso acusado de liderar una asociación ilícita.

El esquema, que se repite en distintas provincias de Argentina, no tuvo su excepción en Chaco. Allí quien ahora quedó al borde de la cárcel es Miguel Mariano Aranda (55), un abogado que actuó como juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña. Fue procesado por su desempeño y los fiscales acaban de pedir que su caso sea elevado a juicio oral.

“Asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley), incumplimiento de promover la investigación de un delito, coimas y encubrimiento agravado”.

Por estos delitos la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger procesó en diciembre de 2022 a Aranda quien, hasta octubre de ese año, se desempeñaba como juez federal subrogante de la ciudad de Roque Sáenz Peña, segunda en importancia en la provincia de Chaco.

El fallo de Niremperger fue confirmado en mayo de 2023 por la Cámara y ahora, con el requerimiento de elevación a juicio, Aranda quedó mas cerca de un veredicto que podría terminar con su detención.

En su momento la resolución de procesamiento –de casi 200 páginas, a la que tuvo acceso Clarín– no incluyó la prisión preventiva, por lo que Aranda está libre, y así llegara a juicio. La jueza sí le ordenó un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos.

En el fallo se le dictó “falta de mérito” en relación a supuestas irregularidades detectadas por la fiscalía en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones. Esta era una de las acusaciones más graves realizadas por los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Por eso ahora, en el requerimiento de elevación a a juicio (un análisis de 164 paginas sobre la causa) se pide expresamente que se extraigan testimonios para seguir investigando esa línea.

Aranda no es el único procesado del caso. Tambien cayó su cuñada, Clarisa Galissier (46), el esposo de la mujer –Rafael Raimundo Martín (46)– y tres gendarmes: el comandante segundo y oficial de inteligencia Raúl Scheurman (40), el comandante principal Alberto Farías (49) y el primer alférez Enzo Aguirre (29).

A ellos se suman Alejandro Quintana (41, un ex gendarme conocido por el apodo de “Taliban” dedicado al alquiler de canchas de futbol 5) y Walter Darío Ayala (47), un hombre vinculado a diferentes causas por drogas.

La causa

Cientos de cartones de cigarrillos de contrabando secuestrados que debían ser quemados pero terminaron en el mercado. Ropa de contrabando que tenía que ser donada y desapareció de los depósitos de la Gendarmería. Gendarmes que estuvieron a punto de quedar impunes… dos veces.

Bajo esta acusación, la jueza Zunilda Niremperger ordenó, en octubre de 2022, once allanamientos simultáneos y la detención de media docena de oficiales de Gendarmería, entre ellos algunos jefes ya cuestionados.

Por entonces también ordenó la indagatoria de Aranda.

La orden de Niremperger tuvo un coletazo inmediato: la Cámara Federal de Chaco –que en su momento había designado a Aranda como suplente en Roque Sáenz Peña– decidió revocarle esa designación.

Pero además hubo otra noticia sorpresiva: Cristian Marangón (51), el ex jefe del Escuadrón de Gendarmería en Roque Sáenz Peña –a quien la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue a buscar para detenerlo– murió pocos minutos antes de que se cumpliera la captura.

Según fuentes de Chaco, cursaba la etapa terminal de una seria enfermedad. Por eso, terminó sobreseído por extinción de la acción penal.

Lo hechos que se le imputan al grupo –acusado de “asociación ilícita”– muestran un descontrol importante. Un ejemplo: en la investigación consta que dos oficiales jefes de Gendarmería anularon una infracción que se había hecho a un camión que transportaba semillas porque era de la familia del juez Aranda.

El camión pertenecía la empresa E.A.F.A., una firma cuya titular es Clarisa Galissier, cuñada del juez Aranda (hermana de su esposa, Romina Galissier). Pero hay más: investigando la flota de esa empresa se descubrió que el seguro de otro camión era pagado por Ana María Flamenco (56), la jefa del clan narco Sosa, integrado por sus cuatro hijos.

El clan Sosa

En la investigación se logró rescatar un diálogo de Whatsapp entre Marangón y su mano derecha, Scheurman, ahora punto de llegar a juicio.

Marangón le pide a Scheurman que anule el acta de infracción N° P00059501 labrada el 12 de junio de 2020 contra el camión de E.A.F.A, medida que sólo puede tomar un juez.

Scheurman pasa la orden a sus subalternos. Como le explica luego Marangón, “el acta no es nada comparado con lo que le sacamos a Aranda”.

La relación entre Aranda y los jefes del Escuadrón local de Gendarmería quedó al descubierto en una causa en la que se acusó a la cúpula de esa repartición de armar causas y hasta plantar droga que le daban los propios narcos que nunca iban a detener.

En ese caso, el juez subrogante de Roque Sáenz Peña procesó a cinco de los ocho gendarmes investigados. Fue el 20 de diciembre de 2021 y en la misma resolución le dictó falta de mérito a Marangón.

Ahí la cosa se puso interesante porque el fiscal federal Carlos Amad apeló a la Cámara, que fue muy dura con el juez. El 22 de marzo de 2022 dijo: “No es posible conocer cuáles han sido las razones por las cuales el magistrado arribó a las falta de mérito cuestionadas por la Fiscalía ya que, con independencia del acierto o error de tal decisión, no se describe el proceso de valoración de las pruebas producidas hasta el momento, no se verifica una concreta individualización del objeto procesal ni relaciona la intervención que los imputados pudieron haber tenido en los hechos, lo que se reitera con los restantes encausados”.

Los camaristas le ordenaron revisar la decisión, pero el 6 de abril de 2022 el juez Aranda volvió a dictar la falta de mérito con iguales argumentos… o sin ellos. Ante esto, el fiscal volvió a apelar y esta vez la Cámara, con fecha 14 de junio de 2022, declaró la nulidad de las falta de mérito y, además, apartó a Aranda de la investigación.

Todo bastante escandaloso. Y en tren de ejemplos impresentables está toda la seguidilla de allanamientos infructuosos a los miembros del clan Sosa, una familia que tiene aterrorizada a Roque Sáenz Peña.

Según el planteo de los fiscales, los allanamientos fracasaron sistemáticamente porque la información se filtró y quien la filtró fue el juez.

Los fiscales ponen dos ejemplos que lo incriminan: uno es el de la jefa del clan Sosa, que aparece pagando el seguro de uno de los camiones de la cuñada del juez. El otro es una metida de pata que parece diseñada por el destino.

En abril el fiscal Amad pidió una serie de detenciones y, por un error, solicitó la de todos los miembros del clan (madre, hijos y dos de sus cuñadas) pero el nombre de uno de los hijos, Lucas, se traspapeló y fue en un requerimiento separado.

Cuando se hizo el operativo, que movilizó a 300 gendarmes, Lucas fue el único que fue encontrado en su casa. Todos los demás habían escapado con tiempo.

Algo similar pasó el 23 de septiembre pasado.

Orden de allanamiento y captura en mano, los gendarmes llegaron a una casa del barrio Puerta del Sol, ubicado al norte de Roque Sáenz Peña, dispuestos a tirar la puerta abajo. Pero no hizo falta.

En la propiedad los estaba esperando una mujer con las llaves del lugar. Ella misma les explicó lo que estaba pasando: el dueño, que sabía que se iba a hacer un operativo para detenerlo, se las había dejado con el expreso pedido de que las entregara a las autoridades para que no le rompieran nada.

MG