Falsificaban papeles y se quedaban con casas en sucesión: procesan a un fiscal y funcionarios provinciales

Buscaban propiedades de personas fallecidas de las que sus familiares no habían hecho la sucesión y otras que no tenían toda la documentación al día. El dato lo aportaban funcionarios del Registro de la Propiedad y de Catastro. Luego, falsificaban los papeles y se anotaban los bienes a su nombre. Entre los acusados hay un fiscal, funcionarios y una abogada, acusados de asociación ilícita, estafa y adulteración de documentación pública.

La organización operaba en localidades cercanas a la ciudad de Corrientes. La jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales analizó cuatro denuncias y en base a eso procesó a 18 personas.

Directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro eran personas claves para detectar aquellas propiedades que estaban en sucesión o no tenían toda la documentación en regla pero también facilitar la inscripción a nombre de los nuevos titulares. A partir de esos datos, la banda armaba poderes falsos de administración e iniciaba los trámites ante la Justicia Civil o fraguaba ventas para luego presentar la documentación ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra pata de la banda. Algunas ventas incluso se hacían a través de inmobiliarias.

Para los investigadores, es clave el rol que desempeñó Teresa Olinda Vázquez, quien se mantiene prófuga desde fines de 2021, cuando estalló el escándalo. La mujer tenía fluidos vínculos con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según surge de escuchas telefónicas. Ambos se conocen de su pueblo natal, en Formosa.

Vazquez vivía en el pintoresco pueblito de Santa Ana, un pueblito muy cerca de Corrientes capital y en los últimos tiempos se convirtió en un boom inmobiliario.

A través de esa mujer, Schmitt Breitkreitz habría detectado una enorme propiedad cuyos titulares habían fallecido y sus herederos no habían iniciado los trámites sucesorios. El funcionario judicial inició en la Justicia Civil un trámite de prescripción adquisitiva pero como tuvo un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Vázquez. La mujer utilizó un poder falso y fraguó una venta a Domingo Sebastián Billordo y luego éste transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. El hombre se enteró de esa operación cuando fue citado a indagatoria.

El fiscal Gustavo Roubineau y la jueza González Cabañas Morales recibieron las primeras denuncias a fines de 2021 e iniciaron una paciente investigación para intentar establecer los alcances de la organización delictiva y sus integrantes.

Mega estafa en Corrientes: filtración, denuncias y sospechas de encubrimiento

El dato se filtró y el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, Pedro Antonio Verón, impulsó una denuncia penal que no habría tenido otra finalidad de eludir su responsabilidad en las maniobras. Y también cubrir a la por entonces directora de ese organismo, Maria Eugenia Demetrio.

Otro personaje central en estas estafas, a criterio de la magistrada, fue la escribana Gladis Dionisia Baez, que está alojada en el Instituto Pelletier y tiene al menos quince denuncias por estafas reiteradas, falsificaciones de documentos y uso irregular de documentos púbicos y fraude a la administración publica. Además, ya registra una condena en el fuero federal.

El expediente ya acumula más de 60 cuerpos y la jueza necesitó más de 635 carillas para describir cómo operaba la organización, establecer responsabilidades y los delitos que cometió cada uno de los imputados en sólo cuatro de las denuncias.

Fuentes judiciales revelaron que el Estado correntino se constituyó en querellante en la causa pero en todo el proceso investigativo no tuvo un rol destacado. En los organismos involucrados tampoco se dispusieron auditorías.

La ex directora del Registro de la Propiedad Inmueble, la escribana Demetrio, y el ex director de Catastro, Narciso Santín Toffoletti, fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero a éste último la jueza y el fiscal lo consideraron también parte de la asociación ilícita.

Precisamente por este último delito fueron procesados a la escribana Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón. A algunos de ellos también se los acusó de estafas y uso de documentos públicos falsos.

Por incumplimiento de los deberes de funcionario público quedaron procesados, además de Demetrio y Santín Toffoletti, los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa, María Mercedes Arostegui, todos empleados de las reparticiones involucradas en las maniobras.

El fiscal Schmitt Breitkreitz fue procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. Cuando estalló el escándalo, el fiscal se defendió públicamente, negó los cargos y dijo que en realidad él es una víctima porque pagó dos veces por una misma propiedad. Además pidió que le quitaran los fueros.

Por fuera de esa presunta asociación ilícita, pero por delitos de estafa y uso de documento público falso, también quedaron a un paso del juicio la abogada Virginia Griselda Aquino y Gerardo Martin Berman. También fueron procesados por delitos de estafas Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva.

En la resolución se dictó la falta de mérito a Juan Martín Valdéz, Franco Arturo Nigro Carrieri, Silvia López y Mercedes Rita Arce; mientras que Billordo fue totalmente desvinculado.

Para la jueza, en la causa no se pudo probar algunos delitos tales como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública.

La investigación continúa abierta porque desde la Justicia detectaron maniobras similares en la localidad de Riachuelo y en la ciudad de Corrientes, y aún no se pudo establecer desde cuándo venía operando la banda.

Misiones. Corresponsal

MG