El alto costo fiscal obliga a reducir las partidas después de tres meses de cuarentena.
De camino a los cien días de cuarentena el gobierno pisa el freno y empieza a achicar los programas de asistencia armados para contener la emergencia social en medio de la pandemia del coronavirus. Ya con menos restricciones para circular y trabajar los funcionarios buscan ponerle coto al agujero fiscal al que se enfrenta el país este año, cercano al 7% del PBI según estimaciones privadas.
La piedra angular de la ayuda social en este período es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se puso en marcha junto con la primera fase de la cuarentena, a fines de marzo. La radiografía de la pobreza que el gobierno tenía hasta ese momento estaba llena de baches. A tal punto que arrancaron estimando que el bono de $ 10.000 alcanzaría a 3,6 millones de personas y se encontraron con una demanda de 12 millones de argentinos. Al organizar el padrón quedaron adentro casi 9 millones de beneficiarios. Así, lo que en las planillas iba a ser una partida de $ 36.000 millones se transformó en pocos días en un gasto de $ 90.000 millones. Y eso solo fue la primera fase. Con la extensión de la cuarentena y ya con la pobreza escalando, el gobierno tuvo que sumar una segunda ronda. Para junio el gasto ya era de $ 180.000 millones.
A punto de terminar el primer semestre el pico del coronavirus en Argentina aún no aparece. El gobierno se enfrenta ahora a la definición de una tercera fase del IFE y la restricción presupuestaria empieza a hacer efecto. A diferencia de otros países de la región que también implementan paquetes de ayuda, Argentina no puede endeudarse para enfrentar la pandemia. Mientras Chile toma deuda al 2,5% anual y Paraguay al 5%, Argentina tiene los mercados cerrados y una única alternativa: la emisión monetaria. La maquinita del Banco Central volcó a la calle $ 250.000 millones por mes, una situación potencialmente explosiva en una economía que va por su tercer año seguido de inflación por encima del 40% anual.
Desde el gobierno prometen que cuando llegue la reactivación en el segundo semestre irán esterilizando los pesos que abundan en el mercado para bajar la presión sobre los precios y a la vez ajustarán el gasto público. Pero el pronóstico oficial de cerrar 2020 con un déficit primario del 3,1% parece ilusorio. Las consultoras privadas están llevando ese cálculo al 7% del PBI.
Lo que viene
“Aún no sabemos si habrá un nuevo pago del IFE. No hay ninguna precisión”, indican desde Anses. Sin embargo, tanto desde esa repartición como desde otras vinculadas a la atención social admiten que cuando la cuarentena termine la pobreza habrá subido y que esto requerirá mantener algún tipo de asistencia al menos para los sectores más sumergidos.
De las 9 millones de personas que cobran IFE la mitad está en la economía informal y apenas 500.000 son monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.
