Antes de que se cumpla un mes de su llegad a la Casa Rosada, Javier Milei deberá tomar decisiones respecto del futuro de YPF. Mientras el mandatario anticipó sus intenciones de privatizar la petrolera estatal, deberá lidiar con el multimillonario juicio de US$ 16.0000 millones que enfrenta por su expropiación en 2012.
La jueza estadounidense Loretta Preska puso una nueva fecha límite para que el Gobierno argentino fije su posición. Para evitar un embargo, el país debería solicitar una “apelación express” antes de fines de enero de 2024 y además presentar una serie de avales y garantías antes del 10 de ese mes.
Esta decisión llega una semana después de que la magistrada del Distrito Sur de Manhattan diera el visto bueno para que la Argentina pueda evitar pagar los US$ 16.0000 millones establecidos en la sentencia del juicio por la expropiación de YPF, a cambio de presentar una serie de “activos en garantía”. En ese momento, la neoyorkina había fijado como fecha límite para esto el próximo 5 de diciembre.
Ahora, aceptó otorgarle más plazo al país, algo que puede ser visto como un guiño hacia el nuevo gobierno de Javier Milei, que deberá decidir en poco más de 45 días qué activos pone como garantía y tomar una posición respecto si le interesa ir por una apelación rápida al adverso fallo.
Preska se expidió luego de una solicitud presentada por el estudio de abogados que representa al país, Sullivan & Cromwell. “El 19 de noviembre de 2023, el pueblo de la Argentina eligió un nuevo Presidente. El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre de 2023 y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la República a partir de esa fecha. Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre de 2023″, decía la misiva.
Sin embargo, esto también apura los tiempos del presidente electo, ya que todos los activos que el Estado argentino decida poner como garantía deben ser previamente aprobados por el Congreso Nacional. Al mismo tiempo, si opta por la apelación express, tal como aconseja la jueza, tendrá un plazo máximo de 35 días para ponerse en regla.
Luego de un juicio que lleva más de ocho años, el futuro de YPF está ahora en la mira del Gobierno y de los inversores. Solo este mes, el ADR de la petrolera saltó más de 71% en dólares en la bolsa de Nueva York, impulsado sobre todo por los primeros dichos de Javier Milei luego de su victoria en la segunda vuelta presidencial, respecto a una posible privatización.
También tuvo un impacto positivo desde el punto de vista de los inversores el nombramiento del ex Tecpetrol, Horacio Marin, que tiene más de 35 de experiencia en la industria de oil and gas.
