La Argentina le pedirá a la Justicia de Nueva York que le permita apelar el fallo por la expropiación indebida de YPF, sin adelantar pagos. Así lo anticipó el miércoles en un escrito a la jueza Loretta Preska, tras el pedido de los demandantes de embargar bienes desde el 16 de octubre para ejecutar la sentencia por US$ 16.100 millones.
El fondo Burford, que compró los derechos del juicio a los accionistas demandantes Grupo Petersen y Eton Park, le pidió la semana pasada a la magistrada que se establezcan 30 días como un “período de tiempo razonable” después del fallo del 15 de septiembre, para iniciar el embargo y ejecutar la decisión judicial.
Para evitar la retención de bienes en el exterior, Argentina debería pagar en forma anticipada un bono por el total de la indemnización que fijó Prezka, pero los representantes del gobierno advirtieron sobre la imposibilidad de afrontar semejante monto en un período tan corto de tiempo, por lo que pedirán un perdón mientras continúan su reclamo.
En su presentación, afirman que “el intento de los demandantes de “acelerar” los procedimientos de ejecución debe ser denegado, particularmente a la luz de la moción anticipada de la República para suspender la ejecución” y que prevén solicitar la suspensión “sin fianza” -lo que ocurriría en las próximas horas- a la espera de la conclusión del procedimiento de apelación.
Para apoyar esa moción, el Gobierno comenzó a recopilar pruebas sobre la capacidad del Estado argentino de asignar de forma inmediata los fondos necesarios para la ejecución de la sentencia. Y señaló que los demandantes no identifican ninguna propiedad de la República en los EEUU que pudiera ser embargada.
Por otra parte, según la defensa, Burford Capital vendió el 38,75% de su participación en estos casos a terceros inversores dispersos en el mundo, cuya identidad se desconoce, lo que en caso de que avanzar en las ejecuciones “serían extremadamente difícil de deshacer en caso de que la República prevalezca en la apelación”.
En cuanto al plazo, los representantes del gobierno señalaron que más allá de la posibilidad de una suspensión, el plazo de 30 días solicitado por los demandantes es mucho más corto de lo que los tribunales suelen considerar “razonable” para ejecutar la condena contra un Estado y que suelen esperar “varios meses”.
La estrategia del gobierno es apelar la sentencia y estirar los plazos de ejecución, pero la jugada del fondo extranjero aceleró la posibilidad de que la Argentina tenga que pagar un depósito anticipado para impedir el embargo de Aerolíneas Argentinas, la deuda soberana o, como ya ocurrió en 2012, la fragata Libertad.
“Esto es sentencia firme, si Argentina no paga o no deposita la garantía equivalente al fallo, tiene que estar expuesta a embargos, puede apelar, pero si lo hace sin la garantía se arriesga, por eso es razonable evitar que durante un año más, que es lo que dura la apelación, te expongas a embargos“, dijo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
El problema es que el pago de la fianza para evitar la ejecución tendría un fuerte impacto sobre las arcas públicas. “La sentencia de 16.100 millones de dólares representa una cantidad equivalente a casi el 20% del presupuesto federal de la República para 2023. y advirtieron que esa proporción no sería sería posible para ningún gobierno en el plazo exigido”, señaló la defensa.
En rigor, ese monto representa el triple de lo que el gobierno tenía previsto en un principio y es el más caro que se le haya impuesto a un Estado en la historia de EE.UU. En ese marco, las autoridades consideraron que la ejecución de la sentencia sería una “violación extraordinaria de la cortesía internacional”.
Prezka definió el 8 de septiembre pasado que la Argentina debe pagar US$ 16.100 millones. Según el fallo, el Estado argentino, cuando tomó el control de YPF en 2012, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, que luego vendieron los derechos del juicio a Burford.
