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Internacional

La brutal amenaza a la fiscal general de Ecuador que pidió la captura de Rafael Correa

Se trata de Diana Salazar, la Procuradora General que está enfrentada al ex presidente. “Antes de matarte, te hago llorar y sufrir”, dicen el video que le enviaron en las últimas horas.

La fiscal general de Ecuador que pidió la captura de Rafael Correa, Diana Salazar, recibió en las últimas horas un video con una brutal amenaza. “Antes de matarte, te hago llorar y sufrir. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”, se escucha en el video donde aparece un grupo personas con armas largas.

La filmación, que le llegó a través de un mensaje de WhatsApp a su celular, dura cerca de un minuto. En ella aparece un grupo armado de encapuchados. Son siete personas que no dejan ver su rostro pero sí las armas largas en sus manos. Todos vestidos de negro y jean.

Uno de ellos comienza: “La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti. Pero esta vez no creo que te me salves. Tengo todas tus ubicaciones“.

Y continúa amenazando a su hija: “Ya vas a cumplir años. No quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija. Porque antes de matarte, te hago llorar y sufrir”.

“Esto es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Y por las malas te mando a festejar al infierno asi que decide bien“, agregó en tono desafiante.

Dianita, no hagas que use todo mi poder, mi gente y mis armas que son más de las que tu piensas y te imaginas. Decide bien o serás mi próximo objetivo militar“, concluye el mensaje que le llegó pasadas la 1 de la mañana y fue difundido por la Fiscalía Ecuador. “Buen día, usted decide”, fue la frase escrita que acompañó al video enviado.

El mensaje que llegó al celular de Diana Salazar. Foto: Fiscalía de EcuadorEl mensaje que llegó al celular de Diana Salazar. Foto: Fiscalía de Ecuador

En un comunicado, la institución advirtió que “las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad han escalado”.

“Rechazamos todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva”, expresan.

Y concluyen: “Hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado en general a mantenerse atentos ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo”.

Por su parte, la fiscal Salazar había denunciado el martes intentos desesperados por sacarla del cargo por parte de dos organismos del Estado que atribuyó a represalias por los casos de corrupción que lleva adelante en contra de Correa y de otras altas autoridades de ese gobierno.

En una entrevista en el canal de televisión Ecuavisa, la cabeza de la Fiscalía aseveró que “todo lo que están fraguando es únicamente con la intención de tomarse la Justicia, no lo van a lograr porque no tienen la razón y la verdad”. Dijo que tales “intentos son desesperados con desinformación para generar expectativas que van en contra de la ley y la constitución”.

Durante la noche del lunes, el Consejo de la Judicatura convocó a una reunión para analizar un expediente disciplinario en contra de la fiscal y una posible suspensión.

La sesión no se instaló por ausencia de los vocales, según un comunicado del órgano de control de los jueces posterior a la denuncia de la Fiscalía. Y más tarde, Wilman Terán, presidente de ese organismo que administra la justicia en Ecuador, adujo que el asunto fue un malentendido y que respeta la institucionalidad.

Ni la constitución ni las leyes en Ecuador permiten que la Judicatura sancione a la fiscal general.

La polémica por la tesis universitaria de la fiscal

En las últimas horas, el Consejo de Participación Ciudadana notificó a Salazar que se abrió un expediente por pedido de dos colectivos ciudadanos que denunciaron el presunto plagio en la tesis de Abogacía de la titular del Ministerio Público. Fue citada para una audiencia fijada para el viernes e informada de que si no asiste puede procederse con la destitución de la funcionaria.

Ante el aviso, Salazar manifestó que esos organismos no tienen la facultad de fiscalizar o realizar acciones en contra de la Fiscalía y adujo que esos procesos están impulsados por quienes buscan la impunidad, aquellos que se encuentran privados de la libertad, prófugos de la justicia.

Se refiere al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), a su ex vicepresidente Jorge Glas, recién salido de prisión por casos de corrupción; al ex contralor del estado, Pablo Celi, en prisión; al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también en prisión por abuso sexual; y muchos de los más altos funcionarios del régimen del ex mandatario de izquierda, procesados durante su gestión al frente de la Fiscalía General de Ecuador.

Acerca de la situación, en su cuenta de Twitter, Correa la atacó: “Yo solo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas, perversas y tontas como usted. Tiene razón en estar desesperada. Ya falta poco…“.

Salazar recordó que la entidad que la designó en el cargo y la única que puede terminar sus funciones es la Asamblea Nacional, que está cerrada hasta las próximas elecciones. “La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”, defendió en su Twitter.

El presidente del país, Guillermo Lasso, decidió semanas atrás cesar a la Asamblea al aplicar la figura conocida como muerte cruzada que le obliga a acortar su mandato y convocar elecciones. Lo hizo en medio de una grave crisis política y de gobierno. Para reemplazar al mandatario y a los legisladores se fijaron elecciones para el 20 de agosto.

A la fiscal general le resta un año y 10 meses para terminar su período de gestión y añadió que ante estos intentos de removerla del cargo, “la Fiscalía actuará con toda la contundencia de la ley”, aunque no anticipó qué tipo de acciones.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, llamó a respetar la institucionalidad de la Función Judicial y aseguró que la Judicatura “no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General” y añadió que “el respeto al poder judicial no se cede ni negocia”.

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