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Sociedad

La inesperada decisión que tomó ahora el Gobierno con las prepagas en medio de una fuerte pelea

La inesperada decisión que tomó ahora el Gobierno con las prepagas en medio de una fuerte pelea

Resolvió reducir el aporte que deben hacer a un fondo para tratamientos de alto costo.

Dicen que es una medida necesaria para “terminar con los sellos de goma”.

Además, Comercio dio de baja una cautelar clave que controlaba las cuotas.

La relación del Gobierno con las prepagas va y viene. El peor momento de ese vínculo, que desde comienzos de abril se volvió tempestuoso, hoy parece ir quedando atrás. Una novedad inesperada, a casi diez días del acuerdo judicial en Tribunales, así lo insinúa. Según pudo saber Clarín, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió reducirles a las prepagas un costo extra que les había impuesto el DNU 70/2023.

Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo. Todas aportan a ese fondo, pero a partir del decreto en cuestión la retención para las prepagas había aumentado del 15 al 20 por ciento, y ya no sólo sobre los aportes y contribuciones del afiliado, sino sobre el valor total de la cuota. Las empresas pusieron el grito en el cielo en diciembre y aquello fue el embrión de una polémica que luego creció y se ramificó.

Para recordar, el artículo 284 del decreto 70, en su artículo 19 bis, dice que “cuando las entidades reciban aportes adicionales a los de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, deberán depositar el veinte (20 %) al Fondo Solidario de Redistribución”. Ese texto será desde ahora apenas material de archivo y consulta para cuando alguien quiera revisar la historia de esta crisis.

Según explicaron a Clarín fuentes de la SSS, a raíz de la nueva imposición habían sido muy pocas las prepagas inscriptas en un registro habilitado para que los afiliados que así lo deseen puedan derivar sus aportes directamente a la cobertura privada, sin necesidad de triangular con lo que llaman “sellos de goma”, es decir, firmas que se quedan con un porcentaje sin ofrecer algo a cambio. La falta de quórum en ese registro derivó en un tire y afloje cuyo desenlace está a la vista.

La decisión de la Superintendencia responde a un reclamo de las prepagas y a agilizar un nuevo sistema de afiliación sin intermediarios.La decisión de la Superintendencia responde a un reclamo de las prepagas y a agilizar un nuevo sistema de afiliación sin intermediarios.

Esta nueva reglamentación iguala los aportes que realizan los agentes de la salud al Fondo Solidario de Redistribución. “Los cambios permitirán que las empresas de medicina prepaga aceleren los procesos de su inscripción y así ponerle fin de una vez y para siempre a las famosas ‘intermediaciones’, esas cajas negras que atentan contra la libertad de los beneficiarios y la equidad del sistema”, dijeron en la SSS.

El Fondo Solidario de Redistribución, en teoría, se utiliza para los tratamientos y coberturas de drogas de mayor costo para el sistema. Aunque en los últimos años ese dinero fue absorbido en gran medida por el gasto en discapacidad. Según datos de la SSS, 52 mil millones de pesos de los 70 mil millones que manejó el Fondo en abril fueron destinados a ese rubro. Por otro lado, desde el sector de la medicina privada se cuestiona que “el Fondo siempre se manejó de forma política y discrecional”.

En ese sentido, si bien la reglamentación de esta parte del decreto vuelve a poner las cosas como estaban antes de que Javier Milei fuera Presidente, no resuelve el problema de base, que es la manera en que funciona esa caja. Una discusión que forma parte de un problema más complejo y que supone volver a discutir las prioridades de un sistema de salud empobrecido.

La relación entre el Gobierno y las prepagas

La reducción del aporte de las prepagas al FSR parece ser un nuevo mojón en la senda de un potencial acercamiento entre el Gobierno y las prepagas. En la audiencia judicial del 27 de mayo pasado ya había existido un guiño en ese sentido, cuando la SSS aceptó que las empresas devolvieran a los afiliados lo cobrado por encima de la inflación mediante un plan más cómodo que el que preveía la aspiración oficial original.

El juez Juan Rafael Stinco realizó el 27 de mayo la audiencia en la que el Gobierno llegó a un acuerdo con las prepagas. Foto: Senado TVEl juez Juan Rafael Stinco realizó el 27 de mayo la audiencia en la que el Gobierno llegó a un acuerdo con las prepagas. Foto: Senado TV

Ese beneficio se tradujo en que la cantidad de cuotas para devolver el excedente pasara de las 7 de la propuesta inicial a 12; que la tasa de actualización de la deuda se rigiera por el interés de plazo fijo del Banco Nación en lugar de por el IPC; y que a partir de julio las prepagas tuvieran otra vez la libertad de aumentar los precios sin un tope reglado.

La baja de la cautelar generó otra polémica. Hernán Reyes, uno de los legisladores de la Coalición Cívica que accionó contra las prepagas para que dicha medida tutelar se dictara, criticó la decisión: “La CNDC demuestra que no tiene peso como órgano de control y subordina la autonomía de un proceso independiente a un acuerdo político”, en alusión al acta firmada entre las prepagas y el Gobierno en la Justicia. Además, se preguntó: “¿Qué pasará con los precios de las cuotas a partir de julio? ¿Quién garantiza que no vuelva a pasar lo mismo que ya ocurrió en enero?”.

PS

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