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El caso inició con la denuncia de Guillermo Marijuan
El fiscal federal Franco Picardi ordenó una serie de medidas preliminares antes de decidir si abre la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación y control de los planes Potenciar Trabajo. Se trata de la denuncia que expuso viajes al exterior de más de 160.000 beneficiarios del programa de ayuda social.
El caso inició con la denuncia de Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS). En la denuncia reclamó dar de baja a 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo” que viajaron al exterior.
Después del entrecruzamiento de datos con documentación requerida a la Dirección Nacional de Migraciones, le envió un oficio a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, donde le dijo: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
En función de los números expuestos, el Gobierno admitió que 1.129 beneficiarios del plan de ayuda social, habían realizado viajes al exterior. Incluso, detalló la Ministra, 34 de ellos lo hicieron en embarcaciones.
Con estos antecedentes y una denuncia formulada en Comodoro Py, el fiscal Franco Picardi pidió a la jueza María Servini que impulse una serie de medidas preliminares, “previo a determinar si se impulsa la acción penal o no”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Esto es: si encuentra elemento suficientes para que se investiguen los hechos denunciados.
Lo que se requirió a la cartera que dirige Tolosa Paz, es la normativa a través de la cual “se rigen los planes sociales Potenciar Trabajo”. Así, la Justicia intenta saber cómo se controlaban los planes sociales de los beneficiarios que viajaron al exterior.
De esta manera, la justicia federal, busca conocer en detalle, cómo se adjudica el programa de asistencia social, pero también el control que la Ley indica que debe ejercerse sobre el mismo.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la información requerida busca determinar “los requisitos de acceso y permanencia al Programa”. También incompatibilidades y motivos que generan la quita, baja o exclusión” del beneficio social.
La jueza María Servini dio lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal y se espera la respuesta de la cartera de Desarrollo Social en los próximos días.
El número de beneficiarios a los que el Gobierno le dio de baja es una mínima porción de la cantidad denunciada por Marijuan.
En la denuncia que ahora el fiscal Picardi debe decidir si abre la investigación o no, se especificó que viajaron al exterior por avión 29.075 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo; 349.835 en auto; 817 en crucero; 83.974 en baro; 199.977 en ómnibus y 149.227 sin especificar cómo salieron.
En su presentación ante la Justicia, Marijuan denunció que “159.919 personas que desde el año 2020” percibieron el Programa Potenciar Trabajo y que, en paralelo, “viajaron al exterior, muchas de ellas en numerosas oportunidades”.
En ese contexto, el responsable de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social, requirió a Tolosa Paz como responsable del Ministerio que otorga el programa Potenciar Trabajo, que “dejen de cobrarlo puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”.
El texto judicial refiere a un “un perjuicio contra el Estado de un total de $10.554.654.000 mensual”. La cifra responde al cálculo inicial si se tiene en cuenta la suma de $66.000 que percibió en octubre cada titular del plan Potenciar Trabajo.
Sobre los números denunciados, la ministra Tolosa Paz aclaró que de 1.263.182 titulares del Potenciar, que es el padrón activo, “es menos del 1%, que podemos denominar ‘algunos vivos que pretenden ingresar a la fuerza del Estado y cobrar un Plan Potenciar sin hacer la contraprestación, y tomarse un avión a un extranjero”.
