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Tras la confirmación de la condena a Milagro Sala, Morales pidió que vaya a una cárcel común
Para el gobernador de Jujuy, la líder de la Tupac Amaru se encuentra en condiciones de dejar la prisión domiciliaria. Además, reafirmó que pese a tener la facultad para otorgarle el indulto, no lo hará
Luego del fallo de la Corte Suprema de la Nación que condena a 13 años de prisión a Milagro Sala, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales no solo respaldó la decisión del máximo tribunal sino que también pidió que la líder de la Tupac Amaru cumpla prisión en una cárcel común.
Tras ratificarse la condena a Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa conocida como “Pibes Villeros”, Morales se mostró conforme con la decisión pero consideró que debería cumplir condena en prisión efectiva, en una celda y no en su domicilio como ocurre ahora. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que tiene que estar en prisión domiciliaria por dos razones. Primero porque se trataba de una prisión preventiva que ya no ocurre porque tenemos condena firme, y la segunda razón es su situación de salud pero les puedo asegurar que goza de muy buena salud”, explicó.
En ese marco, Morales indicó que existen pruebas que demuestran que Sala se encuentra en buen estado de salud. “Hace fiestas en su casa y hemos agregado los informes médicos que dan cuenta que se encuentra en muy buena situación”, explicó.
Milagro Sala“Por lo que en mi opinión tiene que cumplir la condena en cárcel común como cualquier ciudadano”, sostuvo el gobernador en diálogo con A24. Además, recordó que la Constitución de Jujuy le otorga la facultad de indultar, algo que no piensa hacer. “Aclaré que no iba a indultar. Me parece que tenemos que buscar la verdad y la justicia”, remarcó.
Al igual que en su carta abierta posterior al fallo, Morales reiteró que se restablece el orden y “confirma el proceso de transformación de la matriz productiva”. Por tal motivo, planteó que todo la historia “nos interpela en el sentido que pone en debate el asistencialismo como política pública que no resuelve el problema de la pobreza sino que la consolida. Lo que lo resuelve es el trabajo decente con transformación productiva”.
Para el gobernador de Jujuy, la causa permite abrir el debate en torno a “lo que hacen muchos jefes de organizaciones sociales que manejan un estado paralelo. Esto es lo que tiene que debatirse el kirchnerismo”, consideró. De hecho, sostuvo que se trata de una situación que se reitera a nivel nacional y “los riesgos de una política que se viene consolidando y destruyendo la estructura del esfuerzo y el trabajo”.
Al respecto, planteó que en el país se debería debatir el concepto de asistencialismo para lograr la inclusión en términos del “trabajo decente”. En su carta, Morales se mostró crítico al sostener que el fallo permitió la desarticulación del “estado paralelo” del kirchnerismo que por medio de organizaciones se disponía de presupuestos millonarios “en beneficio propio, convirtiendo a las personas más vulnerables en rehenes y esclavos”.
“La justicia no juzgó ideología o activismo social, juzgó hechos concretos de corrupción que todos los argentinos vimos con nuestros propios ojos y que los jujeños padecimos por más de una década”, destacó Morales sobre el accionar de los jueces, e hizo énfasis en que el fallo “ratifica la paz social lograda y la convivencia democrática en Jujuy”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala y de esa manera dejó firme la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”.
El Tribunal Oral concluyó que Sala conformó y lideró una asociación ilícita entre los años 2013 y 2015. Los delitos atribuidos a dicha asociación fueron las extorsiones a varias personas y defraudaciones en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
