“Acuerdo”, anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al término de una cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana.
El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750 mil millones de euros, de los cuales 390 mil millones se desembolsarán en subsidios y 360 mil millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados.
La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presupuesto para el período 2021-2027 de 1.074 millones de euros.
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“¡Día histórico para Europa!”, celebró en Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron.
“Tenemos acuerdo y un buen acuerdo (…). Nunca la Unión Europea había decidido invertir de una manera tan ambiciosa en el futuro”, afirmó en la misma red social la primera ministra belga, Sophie Wilmes.
Para alcanzar el pacto fueron necesarias concesiones a los autodenominados países “frugales” -Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, que consiguieron reducir el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto.
Esos eran los puntos más controvertidos de la negociación que extendieron los debates, junto a la propuesta para vincular la recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de Derecho.
Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría de los Veintisiete, querían como mínimo 400 mil millones de euros en subsidios no reintegrables, mientras que los “frugales” proponían 350 mil millones.
Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 110 mil millones en las ayudas directas con respecto a los 500 mil millones de euros que propuso la Comisión Europea (más 250 mil millones en créditos).
El Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, la partida más relevante del fondo de reconstrucción, destinada a financiar reformas e inversiones, aumenta su volumen a 672.500 millones, pero el resto de programas del fondo sufren importantes recortes.
El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas, un reclamo de Holanda, que planteaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.
El punto de acuerdo fue que los países remitan sus planes a la Comisión, y estos tendrán que ser aprobados también por una mayoría cualificada de los Veintisiete.
Después, a la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si un país o varios tienen dudas, podrán elevar la cuestión a una cumbre de líderes, con lo que el pago se paralizará hasta que lo hayan abordado.
Por otro lado, aumentan los descuentos que tienen los países “frugales” en su contribución al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales).
Además, se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, de la que recelaban Hungría y Polonia, así como la meta de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo de recuperación apoye objetivos climáticos.