Los dirigentes massistas del caso “chocolate” Rigau seguirán presos hasta el juicio oral

El dirigente del Frente Renovador y concejal de Unión por la Patria (UxP), Facundo Albini y su padre, Claudio -ex funcionario de la Cámara de Diputados- seguirán presos mientras se desarrolle el proceso por la maniobra ilegal con el manejo de las tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense.

Según confirmaron a Clarín en los tribunales platenses, el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa de los imputados. Consideró que ambos políticos ligados al massismo provincial integrarían una asociación ilícita que se dedicaba a defraudar al Estado a través del manejo de los sueldos de personal contratado en la Cámara de Diputados bonaerense. No serían los jefes, pero sí miembros de la organización.

En el fuero penal platense explicaron que “se deniega (el pedido de excarcelación formulado por la defensa) por las características del hecho, la gravedad, la pena en expectativa y porque se considera que, de recaer sentencia, la misma será de cumplimiento efectivo”.

O sea: el panorama judicial de los Albini es oscuro. Deberían permanecer detenidos hasta el juicio oral. Y en caso de que un tribunal ratifique las presunciones que hasta el momento presentaron los investigadores, seguirán un tiempo más en una celda.

El responsable de la tarea de extracción de dinero era Julio “Chocolate” Rigau, quien fue detenido el 9 de septiembre pasado con 48 plásticos en su poder y 2.2 millones de pesos en una bolsa de consorcio. Estaba en los boxes de cajeros automáticos de una sucursal del Bapro en pleno centro de la capital provincial.

Se presume en la investigación que este puntero del peronismo platense era un eslabón de una cadena que ascendía hacia responsables políticos con mayor jerarquía. Facundo y Claudio Albini (quien se desempeñó como director de Personal de Diputados) aparecen en esos escalones superiores.

Por eso Atencio evaluó –además- que existe “riesgo procesal” ante una eventual liberación de los Albini que están presos desde hace una semana, alojados en la alcaidía “Roberto Petinatto” del complejo penitenciario de Abasto, en las afueras de la capital bonaerense.

Ayer, Atencio había resuelto la liberación de 15 de los 48 dueños de los plásticos que usaba para sacar la totalidad de sus sueldos, casi todos de 480 mil pesos (de entonces). Revisó un primer criterio de imputarlos como integrantes de la banda delictiva. En su nueva evaluación afirma que son responsables por el delito de defraudación al Estado, que permite la excarcelación.

La tarea de reunir constancias y pruebas está a cargo de la fiscal Betina Lacki. Ella pidió las detenciones y también ordenó y realizó una pericia en el celular de Rigau. De allí habría obtenido los principales indicios del funcionamiento de la estructura delictiva armada para obtener recursos de las arcas de la Legislatura.

El “escándalo de las tarjetas” podría derivar en nuevas revelaciones. Por ahora, Atencio y la investigadora Lacki vuelcan el mayor peso de la responsabilidad en Albini hijo (quien fue contratado en Diputados hace unos años), apoderado del Frente Renovador de la Provincia y en su padre Claudio. Además, por supuesto en la acción de Rigau.

Pero, creen que “los contratos (que se otorgaron a estos 48 ciudadanos) son concedidos a los distintos legisladores por lo que, posiblemente, con el avance de la invetigación podrán ser identificados los jefes de la asociación delictiva”.

Allí podrían quedar apuntados los responsables del manejo de la Cámara, a cargo de Federico Otermín (alfil de Martín Insaurralde, ahora desaparecido de la escena política por el caso del viaje a Marbella con una actriz), Adrián Urrelli (Pro), Rubén Eslaiman (Frente Renovador), Carlos Moreno (kirchnerista) y Fabián Prechodnik (Pro).

Todos comparten los cargos jerárquicos en la Cámara de Diputados. Eslaiman -un legislador de estrecha confianza del ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, está en la lupa de los investigadores. Por ahora sólo aparecen algunos mensajes en el celular de Rigau que podrían comprometerlo.

En el auto de pedido de prisión, Lacki y Atencio estiman que la defraudación al Estado se reitera “en al menos” 136 oportunidades. Es lo que lograron constatar con los documentos que le secuestraron a “Chocolate” en allanamientos. Y que la maniobra habría determinado un prejuicio para las arcas públicas de por lo menos 800 millones de pesos. Es que esta operatoria se repetía todos los meses (sacar 480 mil pesos de 48 tarjetas con casi 23 millones mensuales) y desde hace tres años, como mínimo.

La Plata (Corresponsalía)