Con el objetivo de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales, el Gobierno decidió transformar el megaplan social que hoy asiste a 1,3 millones de personas: será el propio ministerio de Capital Humano el encargado de segmentarlo en dos nuevos programas -uno destinado a promover el acceso al mercado laboral de los beneficiarios y otro a contener a los sectores más vulnerables- que comenzarían a funcionar la semana próxima.
El presidente Javier Milei publicó el decreto N° 565 que crea los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” que, según el relato oficial, “replantea las políticas de integración social” en Argentina. La reglamentación desengancha, de hecho, el salario social complementario de la evolución del salario mínimo porque otorga a la ministra Sandra Pettovello la potestad de fijar, en un ulterior reglamento, los montos de los ingresos que cobrarán los beneficiarios.
Si bien se busca hacer más eficiente una política que, a través del Potenciar Trabajo, sólo logró que el 1,3% de los beneficiarios lograran acceder a un empleo formal, el oficialismo también intenta con esta medida correr a los grupos piqueteros del sistema de asistencia que parió la crisis del 2001.
Es que en las últimas semanas el Gobierno no sólo dispuso la línea 134 para denunciar eventuales “aprietes” de los referentes sociales sino que ahora apuesta a vaciarlos de poder al quitarles influencia en el manejo de los flamantes programas.
El vínculo entre las partes ha sido por demás tenso ya que fueron las agrupaciones piqueteras de izquierda y aquellas referenciadas en el peronismo las que más hicieron sentir en la calle el repudio a las políticas de LLA.
Desde Capital Humano aducen que pudieron constatar la supuesta intermediación de los denominados “gerentes de la pobreza” cuando se eliminó el requisito de la presencialidad en las unidades de gestión del Potenciar, por lo que las “orgas” perdieron la capacidad para “para manejar y monitorear la asistencia” de los beneficiarios.
La supuesta “zanahoria” que ofrece la reforma actual es que los beneficiarios podrán conservar la asignación del plan -unos $80 mil-y, al mismo tiempo, cobrar ingresos por hasta tres salarios mínimos ($540 mil) por otro tipo de tareas. El problema, como siempre, radica en el acceso de los cooperativistas a un trabajo formal.
Es que cada gobierno que asume en Casa Rosada usualmente cambia el nombre al megaplan social vigente y las condiciones de accesibilidad. Lo que cambia con la actual reforma es que el Ejecutivo se mete de lleno en la disputa por la intermediación de la ayuda social que venían ejerciendo los movimientos piqueteros.
Según se informó, se utilizarán “mecanismos” que reduzcan el “manejo discrecional” de los recursos por parte de las unidades de gestión que conducían los dirigentes sociales.
En Capital Humano enfatizan que durante la gestión de UP esas entidades manejaron unos US$ 34 millones anuales con el objetivo de realizar cursos y otras actividades que, según el tamiz oficial, “no resultaron efectivos en la promoción de empleabilidad o en la generación de empleo”.
También se eliminarán las “planillas de asistencia” y se les dará participación a las delegaciones de las secretarías de Trabajo y Niñez y Familia.en las provincias y a los propios municipios.
Con todo, las mayores expectativas oficiales están puestas en “Volver al Trabajo”, destinado a personas de hasta 49 años, que representan el 75% del universo de beneficiarios.
La iniciativa apunta, según un borrador al que accedió este diario, a “fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin último de incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal”. Tendrá una “asignación dineraria personal y directa”, no especificada, aunque en principio sería la equivalente al salario social complementario con la posibilidad de sumar otros ingresos.
El otro programa está orientado a la contención de los sectores vulnerables -mayores de 50 y madres de 4 o más hijos-, con talleres para mejorar la “organización familiar” pero también con capacitaciones para fomentar los emprendimientos de la denominada “economía solidaria”. También dispondrá de “prestaciones monetarias y no monetarias” nominalizadas a fin de evitar eventuales “triangulaciones” de las organizaciones sociales.
Será la ministra Pettovello la encargada de diseñar “el reglamento operativo” de cada programa, que incluirá los procedimientos y los requisitos y, seguramente, definirá los montos de los ingresos.
La amiga del Presidente será asesorada por Pablo de la Torre, titular de Niñez y Familia, en relación al plan para acompañar a las familias y por Omar Yasin, secretario de Trabajo, en la iniciativa que intentará integrar a casi un millón de personas al mercado laboral.
No va a ser necesario un reempadronamiento de los integrantes del megaplan social ya que será la propia cartera la que segmente ambas iniciativas con las bases de datos existentes.
