Pablo Ventura -el joven que estuvo cuatro días detenido luego de ser señalado falsamente por el crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020- demandó al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa “infundada e injusta detención”, según definió su abogado patrocinante, Marcelo Olmos, en la demanda presentada en noviembre de 2021. El expediente tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Dolores y está próximo a recibir veredicto, según fuentes del caso.
En la demanda, el letrado describió la detención de Ventura como “ilegítima” y apuntó contra el accionar del Ministerio Público Fiscal al que, “sin detenerse siquiera a evaluar la seriedad y procedencia del ‘dato’ hizo suya la versión del personal policial y con estos elementos paupérrimos e infundados ordenó la detención del joven”.
Y sigue: “Lo razonable, aconsejable y deseable hubiera sido que exigiera una mínima acreditación de la hipótesis planteada por la investigación e inquiriera del personal policial el origen del ‘dato’ y que plasmara por escrito el origen de la información arrimada para dar sustento lógico a la medida cautelar ordenada”.
“(…) La mera insinuación de la supuesta existencia de una denuncia anónima alegada por la policía no es razón suficiente para que nos encontremos dentro de los conceptos de ‘causa probable’, ‘sospecha razonable’ o ‘razones urgentes’ tal como los delineó la jurisprudencia de la Corte Suprema y así se desencadene lícitamente la ilegítima detención de Pablo Ventura (…)”, continúa.
En rigor, el expediente no menciona quién entrega a Ventura a la Policía Bonaerense, un misterio que continúa hasta hoy. Fuentes cercanas al expediente y Pablo Ventura mismo aseguran que fueron varios de los rugbiers, sin mencionar a uno en particular. Según fuentes del caso, los acusados dieron el modelo de auto que conducía el padre de Ventura y parte de su patente, hasta alertaron sobre sus próximas vacaciones a Uruguay. La demanda apunta a Walter Mércuri, fiscal original del caso, que corroboró la identidad de Ventura ante la versión en las primeras 24 horas del caso y ordenó arrestarlo para evacuar dudas, un procedimiento que no es inusual en casos de esta gravedad.
Mércuri aún no fue citado a declarar en el expediente por la demanda.
En el texto, Olmos también describe el sufrimiento por el que pasó su representado, a quien se llevaron esposado de la casa mientras dormía la siesta. Tras llegar a Villa Gesell y encerrarlo en un calabozo “fue alojado en una suerte de comedor en donde había una mesa y un jergón en el que dormía, siempre amarrado al caño. Iba al baño esposado. El padre le llevaba comida dos veces al día”, detalló.
Ventura, de acuerdo al texto, “fue ofendido en su honor y en su dignidad por haber sido injustamente acusado de un delito y se vio impedido de realizar actividades sociales en su vida de relación durante mucho tiempo (…) Su imagen fue reproducida junto a la de los demás detenidos y al momento de ser liberado decenas de reporteros y las cámaras de los principales canales de televisión y de innumerables medios gráficos fueron apostados en la puerta de la comisaría”.
