Sociedad
“Pago un seguro,tengo terror de que pase lo mismo”: otra casa tomada y el miedo tras el derrumbe trágico en Floresta
Hizo denuncias pero los trámites de desalojo no avanzan. El drama de la casa donde murieron 3 personas hace una semana y el peligro latente en otras viviendas del barrio.
La semana pasada, tres personas -entre ellas una nena de 12 años- murieron en el derrumbe de una vivienda en Floresta. Después de esta tragedia se supo que la propiedad estaba tomada y que, a lo largo de los años, las familias que la usurparon fueron subdividiendo los espacios y construyendo informalmente; esto terminó provocando el colapso de una parte de la estructura. El caso reveló no sólo la emergencia habitacional que padecen miles de familias en plena Ciudad de Buenos Aires, sino la falta de controles por parte del Estado y el sinuoso camino que deben recorrer aquellas personas que quieren recuperar sus propiedades tomadas, algo que se repite en distintos barrios.
Patricia Castro es heredera de una de las decenas -¿cientos?- de casas tomadas que existen en Floresta. ¿Por qué Floresta? Porque aquí se encuentra el segundo polo textil más importante de la Ciudad, después de Once, ubicado sobre avenida Avellaneda.
En el barrio hay muchas casas bajas: típicas construcciones de las primeras décadas del 1900, con varias habitaciones, un patio central, planta baja y planta alta. Algunas de ellas con detalles de categoría, como escaleras de mármol o vitrales. La mayoría eran viviendas que compartían varios núcleos de una misma familia; las clásicas casas chorizo, habitadas en muchos casos por la inmigración europea que llegó al país huyendo de las guerras y de la crisis.
Algunas de estas construcciones tenían locales comerciales en la planta baja (como la que se derrumbó la semana pasada, en donde funcionó una panadería).
La casa de los Castro, en Bahía Blanca y Bacacay, fue adquirida por los abuelos de Patricia en 1968 y funcionó como un hotel pensión durante años. Ella recuerda a sus abuelos al frente de este negocio familiar. Luego la casa se alquiló y ahí comenzaron los problemas.
La pandemia les jugó una mala pasada. Le cuenta a Clarín: “Había dejado de ser hotel pensión muchos años atrás. Mi papá la tenía alquilada a un grupo familiar de origen boliviano. Le pagaban muy poco, pero mi papá los estimaba y se veía reflejado en ellos, porque tanto mis abuelos, como mi padre y mi madre, fueron inmigrantes españoles e italianos y sufrieron el desarraigo. La situación cambia cuando muere mi papá, afectado por el Covid”, relata Patricia.
Es así que los inquilinos dejaron de pagar el alquiler, subalquilan habitaciones a otras familias y transforman el lugar en un taller textil, en un depósito y en una cocina de comida para venta ambulante; así lo relata Patricia.
Ya no queda nada del hotel pensión familiar. “Es un modus operandi. Con el tiempo las ventanas quedan siempre cerradas, como si estuvieran tapiadas, sacan el picaporte y el timbre. Borran la numeración de la vivienda; ahora sabemos que esto se hace para evitar citaciones, cartas documentos o inspecciones. Cambian la titularidad de los servicios, pueden hacerlo con una certificación policial”, explica.
La familia inició una demanda ante la justicia (Juzgado Nacional en lo Civil número 24) y solicitó el desalojo en octubre del año pasado, pero mucho antes hicieron una recorrida por diferentes organismos porteños. “Nos quedó claro que se pasan la pelota unos con otros. Es evidente que a la Ciudad no le interesan ni las familias que viven en condiciones de hacinamiento, ni las familias propietarias, cuyos bienes se ponen en riesgo. Yo sigo pagando el ABL de la casa y un seguro, porque tengo terror que ocurra algo”.
Patricia ya pasó por todas las instancias que dependen de la Ciudad y en todas se le cerraron las puertas, nadie puede hacer nada: ni la Agencia Gubernamental de Control (AGC), ni el Ministerio Público Fiscal (MPF), ni la Policía de la Ciudad. Nadie tiene injerencia. Tampoco la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, “que nos ve a nosotros como un monstruo inescrupuloso y despiadado que quiere echar a las familias a las calles”. Se pregunta Patricia si no es el Estado quien debe tener soluciones para la situación habitacional de estas familias que viven en condiciones de hacinamiento.
Desde Clarín se le hicieron al Ejecutivo porteño consultas concretas sobre la situación que ocurre en Floresta, teniendo en cuenta que hay decenas y decenas de propiedades en las mismas condiciones. Que además el tema involucra a los menores de edad que viven con sus familias en condiciones de absoluta vulnerabilidad, talleres textiles que podrían ser ilegales, depósitos sin ningún tipo de control, y producción de alimentos para consumo humano. Aseguraron “que desde 2022 hasta la fecha se produjeron en la Ciudad 244 desalojos de espacios o propiedades, tanto públicas como privadas”. Y que la Justicia puede actuar a partir de denuncias. De lo contrario, no se puede ingresar a las propiedades.
