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Economia

Para el Banco Mundial, 1,7 millones de argentinos se cayeron de la clase media en 2020

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La clase media bajó del 51% al 45% de la población, según el documento, que relevó el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe.

En diversas mediciones internacionales, la Argentina ha quedado muy mal rankeada al considerar cómo las autoridades de cada país enfrentaron la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.

Esto también se refleja en un reciente informe del Banco Mundial. El trabajo calcula que 1,7 millón de argentinos se cayeron el año pasado de la clase media.

La cifra surge de evaluar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que es representativa sólo para los 31 aglomerados urbanos donde viven 29,8 millones de personas.

Los técnicos del Banco Mundial que participaron de la elaboración de este informe le dijeron a Clarín. “Las estimaciones para Argentina muestran que antes de la pandemia alrededor de 51% de la población (representada en la encuesta) estaba en la clase media. Esto es alrededor de 14,7 millones de personas. Bajo esta lógica, en 2020, tras la crisis económica por la pandemia y los efectos de mitigación de la respuesta a través de programas sociales, un aproximado de 1.7 millones de personas habrían salido de la clase media”.

El informe dice que la porción de personas incluida en la clase media bajó del 51% de la población al 45%. Si la estimación se ampliara al total de la población argentina, la cifra de caídos de la clase media tranquilamente rondaría los 2 millones de personas.

Para definir a una persona de clase media, el informe señala que están dentro de ese grupo socio-económico personas que tuvieron ingresos de entre 13 y 70 dólares por día, expresados en “paridad del poder adquisitivo”. Lo de la PPP se aplica porque en Argentina las cosas son más baratas que en Estados Unidos. En otras palabras, con 10 dólares al tipo de cambio oficial o paralelo se compran en Argentina más cosas que en Estados Unidos con los mismos 10 dólares. El factor PPP se utiliza para ajustar esas diferencias.

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos devastadores en América Latina, que registró, a finales de julio, más de 37 millones de casos y cerca de 1,1 millón de muertes.

Las cuarentenas a su vez causaron estragos en términos económicos como hacía mucho no se veía. El informe del Banco Mundial hace foco sobre el impacto de la pandemia sobre la clase media del continente. El título: “El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe”. Allí marca el contraste entre la ampliación de las clases medias de la región que se venía observando, con más y menos, hasta 2019 y el súbito retroceso por culpa del virus.

Dos conclusiones del informe:

– “Es probable que la crisis de 2020 revierta en poco tiempo muchos de los logros sociales que tardaron décadas en materializarse en América Latina y el Caribe. En las últimas dos décadas, la región ha visto reducirse a casi la mitad el número de personas que viven en la pobreza y aumentar el tamaño de su clase media.”

– En 2019, América Latina era una región predominantemente de clase media, con un 38 por ciento de su población, aproximadamente 230 millones de personas, que alcanzaba el estatus de clase media. Sin embargo, se prevé que este grupo socioeconómico haya disminuido hasta el 37,3 por ciento de la población en 2020, lo que supone una pérdida neta de 4,7 millones de personas de la clase media.

En Argentina, el impacto económico de la pandemia sobre la clase media se dio en varios niveles. Muchas personas no pudieron salir a trabajar, sobre todo autónomos, cuentapropistas o monotributistas. Ni hablar del sector informal. También se resintió el ingreso de las mujeres, en muchos casos obligadas a quedarse en su casa al cuidado de los hijos, que a su vez no pudieron asistir a la escuela durante buena parte del año pasado.

No obstante, el informe del Banco Mundial admite que sin medidas paliativas, la salida de la clase media podría haber alcanzado a más personas.

Por medidas paliativas, para el caso de Argentina, deben mencionarse, entre otros, al IFE, los bonos suplementarios para beneficiarios de la AUH y otros planes sociales, los ATP y la Tarjeta Alimentar, por ejemplo.

El daño sobre la Argentina fue tal vez más grave, en comparación a la mayoría de los países de la región, porque encontró al país con una economía que ya venía en recesión y con serios problemas de funcionamiento. Sin posibilidades de tomar deuda en los mercados de capitales, el gobierno se vio obligado a aumentar sustancialmente el gasto público para compensar -muy parcialmente- a los sectores económicos más golpeados por la cuarentena, tanto a las empresas como a sus trabajadores.

Una parte de ese gasto se financió con deuda en pesos, otra con pesos emitidos por el Banco Central.

La emisión monetaria del 2020 es lo que mantiene aún muy alta la inflación en 2021 y lo que explica una parte del ascenso de las proyecciones de la pobreza, que podría alcanzar el 50% hacia fin de año.

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Economia

En 6 años, el salario mínimo perdió casi el 30% frente a la inflación

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Debería ser de $ 44.700, o sea, $ 12.700 más de los $ 32.000 fijados para octubre-diciembre de 2021.

 Aún con el reciente aumento –oficializado hoy mediante Resolución 11/2021 del Ministerio de Trabajo- el Salario Mínimo Vital y Móvil, en 6 años perdió casi un 30% de su poder adquisitivo. Debería ser de $ 44.700 –o sea, $ 12.700 más o casi un 40% por encima de los $ 32.000 fijados para octubre-diciembre de 2021 para igualar en términos reales el valor de fines de 2015.

Veamos.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el salario mínimo pasó de $ 5.588 en diciembre de 2015 a los $ 16.875 en igual mes de 2019: un incremento del 202%. La inflación en esos 4 años fue del 299,2%. Esto implicó una pérdida del 24,4% del poder adquisitivo, superior a la caída del salario real del conjunto de los trabajadores.

Alberto Fernández asumió la presidencia con el SMVM en $ 16.875. En 2020, hubo una pérdida del 10,4% porque aumentó un 22% versus una inflación del 36,1%. Este año, para octubre-diciembre se fijó en $ 32.000, un aumento del 55,4% con lo que podría mejorar en términos reales un 5% frente a una inflación que podría rondar el 48%. Aún así, el balance 2020/2021 sigue siendo negativo.

Con relación a la canasta de pobreza la pérdida, según CIFRA ( Centro de Investigación y Formación de la República Argentina-CTA) en enero de 2016, el salario mínimo cubría el 60,4% y a fin de año cubriría apenas el 42,4%. Y por la definición legal, el salario mínimo debería superar con creces el valor de la canasta familiar de pobreza.

Por eso, para una familia tipo (matrimonio y dos hijos). restando los descuentos de jubilación y salud (17%), más las asignaciones por 2 hijos, el ingreso salarial total es de poco más de $ 36.000 frente a una canasta familiar de pobreza valuada por el INDEC para agosto en $ 68.359. Y que en diciembre podría rondar los $ 72.000.

La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

El salario mínimo impacta en los programas “Potenciar Trabajo” (casi un millón de personas) que cobran la mitad del salario mínimo y “Acompañar” (35.000 personas) mujeres y LBGTI+ en situaciones de violencia de género que perciben un salario mínimo durante 6 meses consecutivos.

También incide en los trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Y de manera indirecta como referencia sobre los trabajadores no registrados o informales.

También influye en la cuota de inembargabilidad de los salarios que equivale hasta el monto del salario mínimo, salvo por deudas alimentarias. A partir de ese valor, se aplica un porcentaje creciente sobre la diferencia entre el salario percibido y el SMVM, explicó el abogado Luis Ramirez.

Además ajusta la jubilación mínima de los que se jubilaron sin acudir a las moratorias. En esos casos debe equivaler al 82% del SMVM.

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Plan Registradas: de qué se trata el programa para empleadas domésticas que promete un subsidio a empleadores

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Está previsto que lo anuncie el Gobierno este lunes al mediodía.

Para regularizar a las más de un millón de trabajadoras de Casas Particulares (personal doméstico), está previsto que el presidente Alberto Fernández anuncie este lunes a las 11.30 horas el plan “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de empleo e Inclusión Social de las Trabajadoras de Casas Particulares).

Consiste en el pago por parte del Estado de entre el 30 y 50% del salario durante 6 meses a cambio de que el empleador registre a la trabajadora y abone el porcentaje del sueldo restante, los aportes de jubilación, la ART (Riesgos del Trabajo) y la obra social.

El pago de la mitad del sueldo que pondrá el Estado, llegará a las empleadas domésticas a través de cuentas-sueldo que serán abiertas en el Banco Nación. Y el proceso de registro se hará on line a través de la AFIP.

Las empleadas registradas continuarán con el cobro de la Asignación por Embarazo, AUH y la Tarjeta Alimentar (como ya pasa actualmente) y sería compatible con otros programas sociales.

La inscripción estaría abierta hasta fin de año.

El nuevo plan habría sido ideado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con la participación el Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación.

En el nuevo plan trabajó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación. Foto Lucía Merle

En el nuevo plan trabajó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación. Foto Lucía Merle

Por eso, se prevé que el Presidente esté acompañado en el acto por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, según informó Presidencia.

Se descuenta que los empleadores que ya tienen registradas a las empleadas domésticas no podrán acceder al plan “Registradas”.

De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad.

El dato se aproxima a los del Ministerio de Trabajo, que a junio registró 474.578 trabajadores del sector con aportes a la Seguridad Social.

El empleador de una trabajadora de casas particulares registrada puede deducir del ingreso imponible del impuesto a las Ganancias tanto la remuneración como las contribuciones patronales hasta el máximo previsto para 2021, que es $167.678,40.

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El Gobierno habla de un aumento de 15% en luz, pero solo en una parte de las tarifas

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¿Qué explicó el secretario de Energía, Darío Martínez?. Especialistas estiman un ajuste de entre 30% y 40%.

El secretario de Energía, Darío Martínez, negó que las tarifas (de luz y gas) vayan a aumentar un 30%. Sin embargo, sus definiciones al respecto dejaron abiertos interrogantes. Aunque habló de un 10% a 15% de recomposición, lo hizo solo en referencia a una parte de las boletas.

“El VAD (valor agregado de distribución, el margen de las distribuidoras por prestar sus servicios) lo definen las provincias y es su responsabilidad en cada jurisdicción, sí tenemos injerencia en el estacional que creemos que andará entre 10-15% de aumento”. dijo Martínez, en declaraciones radiales.

Sin embargo, el VAD representa solo una parte de la tarifa. En Buenos Aires, es cerca de un 20%. En el interior, puede llegar a ser más alto (40%).

“El presupuesto no establece que las tarifas deban subir un 30% el año que viene. El nivel de evolución debe ser por debajo de los salarios y el presupuesto pone topes sobre la utilización de subsidios; eso sí es una discusión de muchísimos años de la Argentina para usarlos más eficientemente”, expresó Martínez.

El ministerio de Economía confirmó el domingo que habrá segmentación de subsidios. La comunicación resultó inusual. Economía confirmó que el Gobierno avanzará en esa dirección, como había adelantado Clarín.

“A medida que evolucione el bolsillo, podrá evolucionar la tarifa pero siempre por debajo (de la inflación). Este año se tomó la decisión de que aumente un dígito y creo que el año que viene andará sólo un poco por arriba de eso, pero también hay que ver cómo evoluciona el resto de la economía”, afirmó Martinez.

Sin embargo, para lograr disminución de los subsidios, los aumentos de tarifas deben estar por arriba del 10%-15% anunciado por el secretario. De lo contrario, es improbable que se pueda achicar la partida de subvenciones para energía.

El aumento en el “VAD” mejoraría los balances de las distribuidoras. Pero no cambiaría el costo de generación eléctrica. Dos tercios de esa cuenta las paga el Estado y ese es el mayor gasto. Cualquier intento de disminuir subsidios tiene que atender esa situación.

Para que en 2022 se cumpla el presupuesto, habrá que aplicar subas. El presupuesto avisa que se buscará que la tarifa cubra un 43% de los costos eléctricos, en lugar del 30% actual. Para lograrlo, el Gobierno tendrá que avanzar con incrementos.

En algunos casos, esas subas rondarían el 40% o más en sectores de clase media, para llegar a las cuentas que presentó Economía. Especialistas consultados están haciendo estudios. Una opción que manejan en las distribuidoras es incrementos de entre 18% y 20% para  todos, sin segmentación.

En el Poder Ejecutivo existe un plan para adecuar las tarifas, a implementar después de las elecciones. Se trata de una segmentación, por la cual el nivel de incremento sería diferente según las características de los consumidores. Se vino estudiando buena parte del año.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó hace una semana que no sirve “tener las tarifas congeladas” durante otro año más.

Estamos convencidos en que hay que ir hacia un esquema de segmentación, que tiene que hacerse con un nivel de base de datos que la estamos construyendo; hay limitaciones en cuanto a la información de AFIP que iremos resolviendo con una legislación para avanzar en la ley”, dijo Martínez. “El ahorro de subsidios no es la única motivación, sino la justicia en la distribución aplicada inteligentemente”, agregó.

La pregunta de los especialistas en servicios públicos es si en 2022 se repetirá la película de 2021. Es decir, si nuevamente se destinarán más fondos que los asignados para mantener las tarifas congeladas

El ministro de Economía Martín Guzmán está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese entendimiento, la reducción de subsidios es una de las vigas, según creen varios economistas. Si Guzmán sale fortalecido de los desacuerdos entre presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Kirchner, tendrá más chances de aplicar las correcciones que considera convenientes.

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ADT

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