El legislador, presidente del bloque de diputados del Frente Progresista, remarcó que “en momentos de crisis económica estos temas explotan. Por eso es fundamental regular la actividad que, además, tienen un alto componente de género porque el 93 por ciento de quienes participan en la venta directa son mujeres”, en un sector que involucra a más de 900.000 personas.

Según explicó el legislador, con la ley provincial que fue aprobada pero no reglamentada aún, buscaron formalizar las relaciones laborales que muchas veces son sólo de palabra, sin nada escrito que regula la relación contractual entre las partes. “Lo que se está protegiendo es al eslabón más débil, el revendedor, y prohibiendo la venta de formato piramidal”, remarcó.

Para eso, la ley provincial fija, entre otras cosas, que las empresas involucradas en este sistema de ventas tienen que abrir una oficina comercial en territorio local para atender quejas y consultas de consumidores y de revendedores; establece que no pueden exigir clausulas de exclusividad ni estipular tiempos de permanencia a los revendedores, y dispone mecanismo para clarificar los vínculos contractuales con los revendedores. Blanco remarcó que “la venta piramidal no es intrínseca al modelo de venta directa, pero es frecuente si no se regula. Por eso es importante una regulación nacional”.