A través de nuevo DNU, el gobierno de Javier Milei le sacó a la Comisión Bicameral de Monitoreo del Congreso la implementación del nuevo Código Procesal Penal. A partir de este decreto, será el Ministerio de Justicia el responsable de continuar con esa tarea. Se busca priorizar la puesta en marcha del Sistema Acusatorio con el que pretenden imprimir mayor celeridad a las investigaciones penales, con un rol más protagónico de los fiscales durante la instrucción.
El Código Procesal Penal Federal que se sancionó en 2014 -una herramienta que define las funciones de los jueces, fiscales y policías-, se venía implementando por tramos y la responsabilidad de llevar adelante dicha tarea, era la Comisión Bicameral del Congreso que, previo acuerdo con el Ministerio de Justicia, llevaba adelante este trabajo.
Una de las modificaciones más relevantes del Código Procesal Penal es la utilización del Sistema Acusatorio, conocido como un sistema adversarial donde la oralidad es la herramienta utilizada para darle celeridad a las investigaciones y así llegar, en plazos menores, al juicio oral donde concluye el expediente.
Este sistema rige, en la actualidad, en Salta y Jujuy desde la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En la agenda de trabajo, tarea que dependía de la Comisión del Congreso, se debía continuar con la implementación en Mendoza, Santa Fe y el cronograma incluía otros distritos.
Además, la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal busca, con la inclusión de la oralidad en los procesos, “modernizar los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.
Sin embargo, el DNU firmado por Milei sostiene que los resultados obtenidos hasta el momento “son insuficientes”.
En este sentido,el Gobierno acusó a la Comisión que funciona en el ámbito del Congreso de generar una “postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido” Código.
Uno de los primeros factores negativos de este comportamiento, dice el DNU, es que se “impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del Estado Nacional”.
Entre los argumentos para trasladar la tarea de poner en marcha el Código Procesal Penal al ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona, el DNU dice que “la falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala”. En este punto se refiere a que, actualmente, en el país conviven dos sistemas procesales diferentes en el orden federal y en el nacional.
Al respecto, el Ministerio de Justicia consideró el Código Procesal Penal Federal “coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente”. Por eso, entienden que es “fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”.
Bajo esta misma línea argumental, el DNU sostiene que el estancamiento reseñado “impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal”. Esto en relación a la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal que ya tiene una década, en casi la totalidad del territorio nacional.
Dicha parálisis, a criterio del Poder Ejecutivo, “dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito”. Uno de los problemas del Ministerio Público Fiscal, en la actualidad, es el enorme porcentaje de cargos sin cubrir que tiene: un 30%, lo que dificulta el avance en las investigaciones.
En función de estos planteos, el Gobierno decidió que el proceso de implementación del Código Procesal que incluye la puesta en marcha del Sistema Acusatorio, “será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que coordinará su labor con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados”.
