Presentaron la primera denuncia para investigar las presuntas irregularidades en el gasoducto Kirchner que originaron la salida de Kulfas

A última hora de este domingo, miembros de la Fundación Apolo, cuyo uno de los apoderados es el titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, presentaron la primera denuncia contra los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) luego de salida de Matías Kulfas del Gobierno Nacional a partir de la información sobre irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que hicieron circular funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Presentamos una denuncia para que la Justicia investigue la licitación en la cual, según Matías Kulfas, hubo un procedimiento fraudulento. El directorio de IEASA habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner”, publicó la organización a través de sus redes sociales.

La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda -otro de los apoderados- y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo. A partir de información que circuló en medios de comunicación, las irregularidades en la obra habría implicado “la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”, señala el documento haciendo referencia a las declaraciones de un sector del Gobierno que acusó a funcionarios cercanos a la vicepresidenta de armar el pliego de licitación del gasoducto Néstor Kirchner “a la medida de Techint”.

Según la información en off que fue brindada por el entorno de Kulfas, “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. Se trata de la ex Enarsa, una de las empresas estratégicas en materia energética y que la lidera Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se resaltó en la denuncia.

IEASA aprobó el pliego a través de la Resolución 15/2022 que “no se encuentra publicada en la página web” de la empresa “en violación de expresas normas de transparencia activa establecidas por el art. 32 de la ley 27.275 de acceso a la información pública, sí surge de la página web la composición del directorio que habría aprobado el pliego en cuestión, a saber: Dr. Agustín Gerez – PRESIDENTE, Dr. Gastón Leydet – SUBGERENTE GENERAL, Lic. Oscar Cretini – DIRECTOR, Dra. María Belén de los Santos – DIRECTORA, Lic. Diego Leandro Rozengardt – DIRECTOR, Ing. Victor Raul Bronstein – DIRECTOR, Lic. Mariano Alejandro Barrera – DIRECTOR, Mario Alfredo Metaza – DIRECTOR”.

“Por lo embrionario de la investigación no se sabe si los imputados han mancomunado esfuerzos para llevar adelante este único hecho o si, por el contrario, esto se trata de un grupo de personas que se unieron con la intención de cometer delitos indeterminados y de forma permanente”, se agregó en la denuncia.

El art. 174 del Código Penal estipula el catálogo de defraudaciones agravadas y, en su inciso 5°, reprime con una pena de entre dos y seis años de prisión a aquel ―que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública, y como pena accesoria que si el culpable ―…fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Yamil Santoro, uno de los que firmó la denuncia contra IEASA

A partir de la interna que se profundizó en el Frente de Todos, las polémicas declaraciones en off y la salida de Kulfas, según la Fundación Apolo “resulta claro que los denunciados, habrían confeccionado un pliego para la licitación a medida de una empresa del grupo Techint para de ese modo beneficiar a esa compañía y que lucre de forma indebida”.

En efecto, consideran que “el sentido común indica” que no puede descartarse “la existencia de un retorno de ese lucro indebido hacia los directivos de la empresa estatal”, por lo que “no puede descartarse la figura penal de cohecho” .

“De comprobarse lo denunciado, se estaría beneficiando a la compañía SIAT S.A. del grupo Techint para que lucre de forma indebida, y justamente por eso se hace la denuncia y se pide que se inicie la investigación, pues la única forma de determinar si eso ocurrió de esa manera es mediante la correspondiente instrucción de la causa para establecer si la hipótesis denunciada, se confirma o descarta”, se concluyó en la denuncia en la cual se requiere a la empresa en cuestión que remita los informes detallados del gasoducto Néstor Kirchner; que remita el pliego de la contratación; que se lo interrogue al experto respecto de si tanto el diseño de la obra del gasoducto como el pliego de la contratación están hecho bajo especificaciones técnicas adecuadas a los fines que se quieren alcanzar; y que se requiera informe de NOSIS de la empresa SIAT S.A., y se practiquen tareas a los fines de determinar si existieron en el pasado vinculaciones entre sus elementos y los actuales directivos o gerentes de IEASA.

Tras la presentación de esta denuncia, se espera que se sumen dirigentes de Juntos por el Cambio. La diputada nacional Graciela Ocaña adelantó que impulsará una investigación penal junto con su par de la Cámara Baja, Waldo Wolff.

Además, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación presentará un Proyecto de Comunicación donde exigirá al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron surgidas desde el propio Gobierno.

En un comunicado oficial, señalaron que requerirán precisiones vinculadas a la licitación que dio originó al mensaje “en off” y “difundido por la Vicepresidenta de la Nación respecto a presuntas cuestiones vinculadas a hechos de corrupción”.

En este escenario, en el que se puso en duda la transparencia de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, la diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, también realizó un pedido de manera pública para crear una comisión en el Congreso de la Nación que investigue y controle la licitación de la obra.