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Economia

Reservas: el Gobierno buscará cerrar esta semana el préstamo de un grupo de bancos para sumar USD 2.000 millones al BCRA

La operación se cerrará en los próximos días con entidades con las que se negocia la tasa de interés. El Central anunció que recomprará los “puts” de bonos del Tesoro pendientes del 2024

El Gobierno ultima los detalles finales con un grupo de bancos para conseguir un préstamo de USD 2.000 millones para alimentar las reservas del Banco Central, en una negociación que se extendió algo más de lo esperado, debido a la persistencia del riesgo país y la volatilidad financiera internacional.

Según fuentes oficiales, luego de semanas de tironeo para establecer una tasa de interés para la operación, el anuncio de un acuerdo para la concreción del Repo (abreviatura utilizada en el mercado para repurchase agreement) tendría lugar finalmente esta semana. Se trata de una ampliación de un convenio iniciado en los primeros días de 2025 por USD 1.000 millones.

A cambio de esas divisas, el BCRA entregará a los bancos que terminen por firmar el acuerdo una tenencia de títulos que estén en manos del Central. En enero la entidad que preside Santiago Bausili entregó USD 1.750 millones de bonos Bopreal en dólares como colateral.

Futuras colocaciones

La expectativa del Gobierno es volver a colocar deuda en algún momento de este año o en enero de 2026 para refinanciar los vencimientos de capital con bonistas, pero el contexto global, la posición de reservas y el historial crediticio de la Argentina le juegan en contra al Tesoro. También juega la incertidumbre sobre si el oficialismo tendrá una buena elección en las legislativas de octubre. En el BCRA entienden que como la autoridad monetaria “nunca estuvo en default” puede funcionar como punta de lanza para abrir los mercados.

El impacto en las reservas es directo, pero no así para la meta de acumulación de divisas en las arcas del BCRA. Eso sucede porque no toda la sumatoria de dólares en la autoridad monetaria son contabilizados para el umbral mínimo que estipuló el acuerdo con el Fondo Monetario. Los técnicos del organismo dejan afuera de esa cuenta tanto los desembolsos del propio FMI como los primeros USD 1.500 millones de deuda en moneda extranjera que coloque en el mercado un emisor soberano.

Dicho de otra forma, si el Repo finalmente tuviera como monto USD 2.000 millones, solo USD 500 millones se reflejarían en la cuenta que siguen de cerca en el staff del Fondo para considerar si el Central se acercó o no al objetivo. De todas formas, si bien la meta inicial se había planteado para este viernes 13 de junio, el Gobierno dejó trascender que todo el proceso de revisión y las fechas de corte se estirarán hasta fines de julio. Para sumar reservas de acuerdo a la contabilidad que hace el FMI es más útil, para el Gobierno, extender la emisión de los nuevos Bontes en pesos a cambio de dólares de inversores internacionales, como hizo por USD 1.000 millones el 28 de mayo. Ese monto, que el miércoles ingresó en las reservas, forma parte de las divisas consideradas en su totalidad por los técnicos del Fondo como acumuladas en las arcas.

Se compran “puts”

El Banco Central anunció en una comunicación que ofrecerá este martes a los bancos la posibilidad de rescindir anticipadamente las opciones de liquidez sobre títulos públicos que forman parte de sus carteras. Es decir, los “puts” que no fueron recomprados en la primera operación de julio del año pasado, en que el BCRA había cancelado casi el 80 por ciento.

La autoridad monetaria exigirá al banco que quiera adherir que entregue la totalidad de esos contratos de recompra, por lo que no podría vender una parte de su tenencia. La operación se realizará este martes. La medida forma parte del proceso iniciado en 2023, cuando el BCRA durante el Gobierno de Alberto Fernández introdujo opciones de recompra para acompañar las licitaciones de deuda del Tesoro y facilitar la absorción de pesos.

Según datos oficiales, en julio del año pasado el organismo ya había recomprado el 78% del stock en circulación, con un costo de $90.000 millones. La rescisión de estos contratos apunta a desarmar pasivos contingentes que podían convertirse en emisión monetaria potencial.

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