La deuda de la firma láctea asciende a alrededor de u$s300 millones. Sus principales acreedores son dos fondos de inversión del exterior y luego, en orden de importancia, sigue el Estado.
El plan de rescate de la cooperativa SanCor es un proyecto en el que viene trabajando desde hace largo tiempo el gremio que nuclea a sus trabajadores: Atilra. Y su interés no es menor, porque 2.000 de sus afiliados dependen de la continuidad de la empresa. Según dicen, en las últimas semanas el Gobierno mostró “mayor voluntad política” de acompañarlos, pero en la práctica, el capital de trabajo para que la firma vuelva a niveles lógicos de producción todavía no apareció aunque cifran esperanza con una posible ayuda por parte del INAES o de “un inversor privado”.
En líneas generales el proyecto de Atilra, contempla acceder a capital de trabajo, es decir, dinero fresco para salir a comprar leche y procesar más con el claro objetivo de recuperar posición en las góndolas, como por ejemplo con productos claves como los quesos. Para eso, propusieron hacer un fideicomiso en el Banco BICE y que ese fideicomiso sea el que trabaje sobre las cuestiones financieras para llegar a un acuerdo de quita de deuda con sus acreedores.
El quid de la cuestión está en la deuda financiera que hoy presenta la cooperativa láctea que perdió drásticamente unidades productivas en los últimos cinco años. Los bancos no son de la partida, pero el Estado, con deudas por cobrar a través de la AFIP y otras reparticiones publicas por un total de alrededor de $6.000 millones, otros $6.000 millones en deudas con proveedores, el gremio, empleados, etc. A esa cantidad hay que sumarle la deuda en dólares con privados que está repartida entre u$s33 millones con un fondo de inversión holandés, u$s71 millones con el fondo de inversión local BAF y otros u$s18 millones con Sancor seguros.
En este marco, fuentes del Gobierno, consultadas por Ámbito, remarcaron que por el momento no fue presentada propuesta viable para el rescate de la cooperativa y en caso de que sea presentada será evaluada. En tanto, hacen foco que SanCor tiene entre sus pasivos una deuda de 1.200 millones de pesos al FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) de la gestión anterior.
Respecto a su deuda con la AFIP, el propio Héctor Ponce, secretario general de Atilra destacó que “el primer paso importante del Gobierno nacional vino de la AFIP y su titular, Mercedes Marcó del Pont, que cambió los parámetros para que se le pueda refinanciar su pasivo, tomando en cuenta que es una empresa de la economía solidaria y que ha sido un factor clave en el desarrollo de la lechería nacional”.
En cuanto al futuro, una vez que ingrese el capital necesario a la compañía y se configure el fideicomiso, desde el gremio proyectan un achique de estructura de SanCor, quizás desprendiéndose de alguna de sus plantas.
Ahora la empresa tiene bajo su órbita a seis plantas que están ubicadas las localidades de Sunchales, Gálvez, San Guillermo, en Santa Fe y en La Carlota, Balnearia y Devoto en Córdoba. En este marco, remarcan que el plantel de personal se mantendrá intacto y a que a la par se le ofrecerá a los acreedores privados y estatales “una capitalización” en la firma. El plan va tomando forma.