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Economia

Subsidios a tarifas: buscan que unos 2 millones de usuarios con tarifa social se inscriban en los registros

La gestión anterior los incluyó sin tomar los datos.

 Las autoridades creen que una parte de esas familias puede no necesitar la ayuda del Estado.

El Gobierno saldrá a buscar a más de 2 millones de personas que tienen la “tarifa social” para que se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que definen la segmentación de tarifas de luz y gas. Además, reforzará la atención oficial a los usuarios para responder dudas.

Según establece la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía, publicada el miércoles 5 de junio en el Boletín Oficial, los cerca de 1.700.000 hogares que fueron beneficiados a partir de 2022 con los subsidios nacionales y categorizados como usuarios Nivel 2 (N2 – Ingresos bajos) “deberán inscribirse -al RASE- en forma individual, dentro de un plazo de 60 días corridos contados desde la vigencia de la presente medida”. El tiempo corre hasta principios de agosto.

“Cumplido ese plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual”, cita la norma firmada por Eduardo Rodríguez Chirillo en su artículo 8°.

La intención es focalizar los subsidios y destinar los recursos del Estado nacional exclusivamente a las personas más vulnerables. Para completar esa tarea, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, abrieron con el Decreto 465/2024 un “período de transición” de 6 meses hasta el 30 de noviembre, prorrogable hasta el 31 de mayo.

En ese sentido, mediante la Disposición 3/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético y la Resolución 631/2022 de la Secretaría de Energía, el Gobierno anterior había incluido directamente a 1,7 millones de hogares (en los que viven al menos 2 millones de personas) que disponían de la Tarifa Social Federal -un programa que manejan las provincias- a los subsidios nacionales, sin verificar si realmente esas familias tenían ingresos bajos, menores al equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT), que fija la línea de pobreza a nivel nacional.

Desde la Secretaría de Energía dijeron a Clarín: “Se mantiene cierta estructura del Decreto 332/2022, por ejemplo, la segmentación de los niveles de usuarios en N1, N2 y N3, pero se llevará a cabo cruces de información que nunca se hicieron, revisión de criterios, y básicamente se eliminó el limite del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Se sigue subsidiando, pero sin ese límite que importaba que el usuario N2 y N3 pagara casi nada por la luz y el gas, lo que fue una errónea señal de precios. Además, se establecieron límites al consumo. Se deja sin efecto el populismo energético sobre la base de la arcas del Estado, hoy vacías”.

La ex subsecretaria de Planeamiento Energético Cecilia Garibotti explicó: “Ahora van a usar la misma base de datos de las personas inscriptas y aparentemente, por ahora al menos, los mismos criterios de inclusión y exclusión para conseguir el beneficio en cuanto a ingresos familiares y patrimonio que están vigentes desde 2022”.

“Lo que han cambiado es que en el esquema de la segmentación los aumentos en el precio de la energía para los segmentos de ingresos medios y bajos tenían un tope, que tomaba en cuenta el incremento de los salarios medido de acuerdo con el coeficiente de variación salarial (con el objetivo de que las tarifas no subieran más rápido de que los salarios). En el esquema actual, ese tope ya no está, y el subsidio que se le da a las familias incluye una cantidad máxima de consumo (en el caso de energía eléctrica de 350 kWh al mes para las familias de bajos ingresos, y 250 KWh mes para las de ingresos medios). Por encima de esos consumos, las familias pagarán el mismo valor que las familias de ingresos altos”, amplió.

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