Suspendieron a dos empleados del Consejo de la Magistratura detenidos por presunto secuestro extorsivo

La decidió la vicepresidenta del organismo, Agustina Díaz Cordero. Los acusados son dos hermanos que habrían utilizado una camioneta oficial. El padre de los imputados, Sebastián Más, es el encargado de la seguridad del órgano constitucional

Dos empleados del Consejo de la Magistratura de la Nación, detenidos por una presunta participación en secuestros extorsivos en La Matanza, fueron suspendidos preventivamente en sus cargos. Se trata de los hermanos Matías Nahuel y Juan Jesús Más y la decisión fue tomada ayer por la vicepresidenta del organismo, Agustina Díaz Cordero, tras un informe del Cuerpo de Auditores que recomendaba esa medida.

El argumento central es que de la causa penal, que tramita en la justicia federal de Morón, surge que en uno de los secuestros estaría involucrada una camioneta Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo y a la que tenía acceso Juan Jesús Más por su rol de chofer del organismo.

Díaz Cordero no solo suspendió preventivamente a los hermanos ya que también dispuso el cambio de lugar de Sebastián Más, padre de los detenidos y titular de la Oficina de Enlace. En ese rol, Sebastián Más tiene a su cargo un aspecto sensible del Consejo: su seguridad. Entre otras funciones, incluye la dirección del área de choferes en la que se desempeña uno de sus hijos por lo que se dispuso un “cambio de funciones preventivo” de Más a la Dirección General de Recursos Humanos.

Los dos hermanos y otros tres hombres están detenidos acusados de integrar una organización que cometió al menos dos secuestros extorsivos en mayo en el partido bonaerense de La Matanza. Una de las víctimas fue un adolescente de 15 años. También se investigan los delitos de robo, acopio de armas y municiones, comercialización de estupefacientes y utilización de chapas patentes falsas.

“A raíz de las tareas investigativas y escuchas telefónicas practicadas se supo que las personas que participan observan con detenimiento los movimientos de sus víctimas con varios días de antelación, conocen sus casas, sus actividades, con quienes viven, sus vehículos y también realizan un relevamiento de la zona ante la posible existencia de cámaras de seguridad. También organizan su fuga y cómo desechar los elementos que puedan incriminarlos”, sostuvo el fiscal de Morón Sebastián Basso en los pedidos de procesamiento de los acusados que hizo ante el juez federal Jorge Rodríguez.

Respecto de los hermanos Más, la justicia señaló que una de las camionetas que se usó para llevar adelante un secuestro extorsivo es una Amarok blanca del Consejo de la Magistratura. Uno de los secuestros fue el 12 de mayo, día que Matías Nahuel Más figura como “ausente” en su trabajo. Juan Jesús Más era la persona autorizada ese vehículo.

Parte de la banda acusada de los secuestros

Con la causa judicial, el Consejo les inició un sumario que quedó a cargo de Díaz Cordero, vicepresidenta del organismo. Díaz Cordero remitió el caso al Cuerpo de Auditores que propuso la suspensión preventiva de los hermanos. Matías Nahuel Más fue designado como medio oficial interino de la Dirección General de Infraestructura Judicial el 9 de octubre de 2017 y promovido como oficial de servicio efectivo desde el 14 de noviembre de 2018. Por su parte, Juan Jesús Más fue contratado en la categoría escalafonaria de medio oficial en la Dirección General de Tecnología el 6 de diciembre de 2021 y por pedido de su padre pasó a la Oficina de Enlace dentro del área de choferes.

“El vehículo Volkswagen Amarok dominio AC—–, objeto de investigación en la citada causa judicial y parte de la flota oficial de vehículos de este Consejo, encontraba lugar de guarda habitual en un estacionamiento privado, sito en la intersección de la Avenida Corrientes y la calle Paraná, CABA, al que tenía acceso el agente Juan Jesús Más, dado, precisamente, su rol de chofer”, describe la resolución del Consejo a la que accedió Infobae.

“Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas (art. 77 del C.P), exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, destacó Díaz Cordero en la resolución en la que agregó que la situación “demanda la inmediata adopción de medidas preventivas que aventen cualquier duda respecto del funcionamiento regular de las oficinas en donde se desempeñan las personas sujetas a la investigación penal”.

Así, la acusación sobre los hermanos “no deja margen para la duda en cuanto a la procedencia de sus inmediatas suspensiones preventivas”.

La vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero

Respecto de Sebastián Más, padre de los acusados y un histórico funcionario del Consejo, la resolución remarcó que de la causa penal “no se desprende la existencia de imputación penal alguna a su respecto” pero pone de resalto que “en su calidad de Jefe de la Oficina de Enlace, el nombrado es quien tiene deberes de cuidado respecto de los vehículos asignados a su dependencia”.

Para el Cuerpo de Auditores la permanencia de Más en esa dependencia podría “resultar inconveniente para el esclarecimiento de los hechos investigados” y un eventual conflicto de intereses porque uno de sus hijos se desempeña en el área de choferes que depende de él. “En sintonía con la apreciación vertida, tampoco puede soslayarse que gran parte de las diligencias probatorias cumplidas a la fecha en el expediente CAU 275/2023, como también las que fueron ordenadas por la instrucción penal, insumieron trámite en la propia Oficina de Enlace; circunstancia que torna inconveniente que el señor Sebastián Más, progenitor de los dos agentes detenidos, siga ejerciendo su jefatura”, consideró Díaz Cordero quien ordenó el cambio de funciones preventivo a la Dirección General de Recursos Humanos.

Por último, la vicepresidenta le pidió al Cuerpo de Auditores que “adopte las medidas de resguardo de información y documentación que entienda adecuadas sobre la base de las constancias obrantes en la información sumaria” que puedan ser útiles para la causa penal.