Tarifario para presos y call center tumbero: el escándalo que hizo caer a la cúpula penitenciaria en Córdoba

La investigación lleva más de 150 condenas a bandas dedicadas a cometer estafas virtuales en penales de la provincia de Córdoba, que se convirtieron en call centers tumberos. Desde 2015 la modalidad se derramaba en unidades penitenciarias de Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Bouwer y en la UCA EP N° 9 hacia todo el país.

Durante años, la mirada estuvo puesta en explicar cómo y por qué había lógicas repetidas en cada uno de estos grupos criminales y en distintas ciudades.

Ahora, con la caída de la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el flamante gobernador, Martín Llaryora, decidió intervenir el SPC y pasar a retiro al ex jefe Juan María Bouvier (a cargo de la institución desde 2008), a su segundo, Víctor Hugo Vivas; a la secretaria privada de Bouvier, Silvia Barbero; y al jefe de Seguridad, Diego Martín Ayala. Todos terminaron detenidos este martes.

Además, lo dejó en manos del ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, que fue designado interventor del organismo.

La investigación tiene dos partes. Una comenzó en abril y estuvo a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.

En esa causa detuvieron a 20 personas que operaban en distintos penales, junto a sus familiares que apoyaban el negocio desde afuera y a la plana mayor del SPC en el penal de Villa María. Cayeron en esa causa Andrés Américo Aciar, el director; Néstor Gómez, el subdirector y el entonces jefe de Seguridad, Ezequiel Arroyo.

Los imputaron por asociación ilícita, estafas reiteradas, extorsión y encubrimiento.

¿Algunos resultados de esa causa? Allanamientos con cinco millones de pesos en casas precarias y escrituras por propiedades compradas en efectivo, más de 60 celulares secuestrados en un solo pabellón y hasta escondidos en desagües.

También encontraron cocaína proveniente de México en la casa de la familia de un detenido que -a su vez- estafaba desde el penal.

La impunidad era tanta que los presos se filmaban y subían videos a redes sociales de asados, bailes y hasta en visitas conyugales.

“Los reclusos tienen que ser requisados antes de entrar a la visita y al salir, igual que la visita ¿Cómo pueden ingresar con un teléfono y que nadie lo encuentre?”, cuestionaban los investigadores.

También se filtraba información sobre requisas y allanamientos en medio de esta investigación. O entregaban documentación falsa para entorpecerla: en un primer operativo encontraban “seis teléfonos y, una vez detenidas las autoridades del penal, se hallaron 60”, ejemplifican para describir la complicidad.

Esos fueron algunos de los primeros indicios que permitieron avanzar con una segunda instancia de la investigación y que llevó a nueve penitenciarios de alta jerarquía tras las rejas.

El puntapié inicial fue la denuncia de un detenido que contó cómo le pidieron dinero a cambio de “un trato especial”.

Es que, además de la connivencia para que se cometan estafas y otros delitos dentro de los penales, el fiscal Gavier encontró elementos suficientes para considerar que había una red delictiva detrás de la operatoria y maniobras extorsivas en las altas esferas del SPC.

“Hay, en primer lugar, una responsabilidad de tipo objetivo, porque hablamos de una fuerza de seguridad con una estructura jerárquica muy marcada y resulta imposible pensar que las esferas más bajas hubieran actuado sin que tuvieran conocimiento en las más altas”, detalló Gavier.

Y siguió: “Se ha llegado a una suerte de co-gobierno con los jefes de cada uno de los pabellones que organizaban las bandas, con los delincuentes que realizaban las estafas”.

En el establecimiento de Villa María coexistían dos bandas de delincuentes en dos pabellones diferentes que funcionaban justo al lado de la oficina del jefe de Seguridad. Operaban de 8.30 a 23, a la noche les retiraban el teléfono y se los volvían a dar por la mañana. De esa complicidad se nutría el negocio.

El tarifario para los presos

Las maniobras de corrupción tenían un tarifario propio y no estaban reducidas a un solo penal, si no que se repetían en toda la estructura carcelaria de la provincia.

Entrar un celular a un penal costaba 700 mil pesos, según consta en la investigación. “Eso da cuenta de que había muchas personas entre las que repartir la coima”, argumentan los investigadores.

Pedir el traslado a otro establecimiento, valía 450 mil pesos. O conseguir un permiso para ir al médico a recibir un tratamiento (incluso cuando realmente lo necesitara el detenido), otros 200 mil pesos. Y hasta 380 mil pesos para coordinar una visita íntima.

La mecánica, según establece la investigación, funcionaba en todos los penales de maneras similares, pero también desde las autoridades máximas del Servicio derramando instrucciones a los subalternos.

Cobraban, según la acusación, por entregar certificados médicos que permitieran conseguir beneficios de prisión domiciliaria, tratos preferenciales o el acceso a programas educativos que los ayudaran a obtener salidas anticipadas.

Trabajaban en colaboración con abogados que ponían el precio y cobradores a quienes las familias hacían el pago para que llegara a las autoridades.

Pedir unos 150 dólares por cambiar de fase a regímenes abiertos o mudarse de pabellón se convertía, además, en una herramienta de extorsión: si el preso no contaba con el dinero para que lo autorizaran a ir al médico, por ejemplo, podía verse obligado a ser parte de las estafas telefónicas que proliferaban dentro del penal para poder pagarlos.

Las cifras de los delitos son millonarias y casi imposibles de calcular. “Los establecimientos penitenciarios se han transformado en un centro de capacitación para el delito”, cuestionó Gavier.

EMJ