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Un terreno en El Calafate vuelve a mostrar los vínculos de corrupción entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Es un inmueble emblemático aun propiedad de la vice, que ya fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción. Hay una investigación judicial en marcha.
Cristina Kirchner redujo los acuerdos comerciales millonarios con Lázaro Báez a “intercambio de prestaciones recíprocas”, y negó ser socia del dueño del Grupo Austral. El Tribunal que la condenó habló de vínculos “espurios y de corrupción” que le permitieron un notable crecimiento patrimonial mientras “ordenaba el desvío de fondos a favor” del Grupo Austral. El extenso listado de operaciones comerciales incluye un emblemático terreno que un nuevo informe, muestra aún bajo la titularidad de la vice.
Durante su alegato, el abogado Carlos Beraldi utilizó otra expresión para describir esos negocios que para los jueces exponen una contabilidad cruzada y al menos difusa. “Uno alquilaba y el otro pagaba”, dijo Beraldi sobre los múltiples y millonarios acuerdos comerciales celebrados con la empresa que ganó 51 licitaciones viales y que tuvo como único cliente al Estado nacional entre 2003 y 2015.
Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.
Para esos intercambios, el abogado de la vicepresidenta tuvo otra definición: “No fueron retornos, fueron negocios privados”. Los jueces que condenaron por corrupción a la vice, desecharon esa premisa.
El volumen de la evidencia respecto a los acuerdos comerciales “es realmente inmenso” evaluaron los jueces y añadieron que los “variopintos acuerdos que unieron a Báez y Fernández de Kirchner (compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios)”, posibilitaron “el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”.
En ese extenso listado se encuentra el terreno que recibió Austral Construcciones tras una cesión realizada por Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del inmueble identificado como “Quinta Diez. A”, ubicado en El Calafate. Por su parte, la ex presidenta, se comprometió a entregarle el 50% de un terreno ubicado en Punta Soberana a la constructora (identificado como fracción CCXXXIII, Partida municipal C11-F000-422).
Esta permuta se concretó porque la constructora que hacia 2006 ya había ganado una importante cantidad de contratos viales, le entregó un terreno para que Cristina Kirchner amplíe su hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica. En vez de pagar con dinero esa extensión de la propiedad, permutaron tierras.
El 11 de julio del año 2008 la vice, representada por su hijo Máximo Kirchner, transfirió a Austral, la titularidad del 50% del dominio.
Cuando en marzo de 2016 después de haber sido indagada por primera vez en la justicia federal, el juez Claudio Bonadio iba a disponer el primer embargo sobre el patrimonio de la ex presidenta, resolvió ceder todos sus bienes en partes iguales a sus hijos. Así, no tendría nada en su haber que pueda ser alcanzado por la medida judicial.
La decisión incluía la mitad de aquel terreno ubicado en Punta Soberana, valuado por el Tribunal de Tasación de la Nación en $ 17.400.000.
Un reciente informe patrimonial ordenado por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se encuentra imputada Cristina Kirchner y Lázaro Báez, expuso que sobre aquel emblemático terreno, “no se ha obtenido la escritura ni se han podido determinar los datos de escrituración”. Se refiere al “número, escribano interviniente ni fecha”.
En función del relevamiento de cincuenta propiedades que le pertenecen a Lázaro Báez y a su holding empresarial, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz la información “real del inmueble con el fin de determinar la escritura mediante la cual se realizó el acto de adquisición del inmueble”.
La documentación remitida a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, que colaboró con la fiscalía de Marijuan, indicó que el folio real del inmueble, muestra que “titular del bien es Cristina Fernández quien lo adquirió por compraventa por $ 36.010,32”, en 2007.
En el marco de la causa donde se busca determinar si los 1.420 bienes muebles e inmuebles que adquirió Báez, lo hizo a título personal o actuando como testaferro de la vice, se requirió este nuevo informe que corrobora las diversas operaciones cruzadas que se concretaron mientras Austral Construcciones se posicionaba como la principal adjudicataria de obra pública vial en el sur.
“Las irregularidades en esta operación incluye que la ex Presidenta cedió a modo de pago un terreno que aún no tenía escriturado a su nombre”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. La permuta se hizo en 2006 y un año después Cristina Kirchner figuraba como titular del terreno que permutó.
Lo que puede entenderse como una falta de culminación de la parte administrativa de la entrega del 50% de un terreno que figura bajo la titularidad de Austral Construcciones, muestra, según indicaron fuentes judiciales, “algo ya demostrado en instancia de juicio oral, un vínculo comercial conveniente que construyó una economía cruzada donde a veces no quedaba claro dónde terminaba el patrimonio de uno y del otro”.
El terreno que figura cedido a Austral pero que aún conserva la titularidad la vicepresidenta, en parte, responde a las medidas cautelares dictadas por la justicia que le impiden que se desprenda de cualquier bien mueble o inmueble. Por otro lado, las autoridades judiciales se remiten a otra explicación: “Existió una relación espuria y de corrupción” entre ex funcionarios y el empresario.
La operación a través de este terreno, describe -junto a veinte acuerdos más- “la íntima relación personal y comercial entre el matrimonio Kirchner y el empresario acusado de haber forjado una fortuna formidable a partir de su incursión en la obra pública vial a partir de mayo de 2003”, dijeron los jueces que condenaron a Cristina.
