Venezolanos en la Argentina piden que Milei se endurezca más con el chavismo

La comunidad de venezolanos en el exilio argentino presiona para que el gobierno de Javier Milei sea más duro con el chavismo.

Entre tanto, la decisión oficial es la de no designar embajador a Caracas hasta evaluar lo que ocurra cuando haya elecciones en el país caribeño. La orden es enviar un encargado de negocios, que sería el diplomático Andrés Mangiarotti.

La Cancillería estudia con cautela cómo endurecer el discurso frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Para el caso, la distancia y un comunicado sobre la proscripción electoral de la opositora y favorita en Venezuela, María Corina Machado, fueron hasta ahora las expresiones manifiestas.

Pero en los últimos meses el régimen de Maduro volvió a mostrar su rostro más represivo con la ruptura del diálogo con los partidos de la oposición que se había iniciado en Barbados. Además, el régimen abrió una ola de detenciones de pedidos de cárcel para activistas dentro y fuera del país caribeño. Eso movilizó nuevamente a la diáspora venezolana en la Argentina.

Recientemente, Elisa Trotta Gamus, reconocida a nivel diplomático por el gobierno de Mauricio Macri como embajadora del ahora apagado líder Juan Guaidó -título que le retiró Alberto Fernández al llegar al poder-, estuvo reunida a principios de mes con la cúpula de la Cancillería y le hizo una serie de pedidos.

Estuvo con la canciller Diana Mondino, con el vicecanciller Leopoldo Sahores, y con el Secretario de Asuntos Americanos Mariano Vergara, y les solicitó que la Argentina vuelva a pronunciarse en una causa por crímenes de lesa humanidad contra Maduro ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En concreto, solicitó que Argentina vuelva a respaldar un pedido de investigación que presentaron en 2018 seis gobiernos americanos  Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Entonces aquí gobernaba Mauricio Macri. Y la denuncia argentina fue desestimada por Alberto Fernández al llegar al poder por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.

Venezolanos que viven en el país y optaron por no dar su identidad al ser consultados por este diario consideran que al respaldar la investigación que lleva adelante el fiscal de la CPI, Karim Khan, la el gobierno de Milei estaría enviando un “poderoso mensaje en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, volviendo a levantar las banderas que fueron manchadas por el kirchnerismo con su alianza con estos regímenes autoritarios”.

Según se informó, Trotta también le pidió a Mondino que ayude “a presionar junto al resto de la comunidad internacional para que se cumpla el acuerdo de Barbados y que haya elecciones realmente libres y transparentes en Venezuela, así como la inmediata liberación de más de 300 presos políticos constantemente torturados”.

Y al mismo tiempo, también otros consultados entienden que la embajador de Maduro en la Argentina está en una posición incómoda en este país si se tiene en cuenta que su segundo, el ahora ex primer secretario de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Jesús Jara Díaz, acaba de ser nombrado “persona non grata” por el gobierno argentino.

Fue después de que este diplomático chavista fuera retenido en Ezeiza cuando intentaba tomar fotos del avión de Emtrasur Cargo que fue entregado a las autoridades el domingo pasado.

Ello generó una ola de furiosas críticas por parte del régimen de Maduro, que varias veces insultó a Milei, y recibió sus respectivas respuestas. Milei siempre consideró a Maduro un “dictador”.

Con todo, el Gobierno va con cautela en cada decisión. Entre otras cuestiones porque busca no repetir errores como los que cometió la región en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, cuando se acompañaron las presiones y el aislamiento del chavismo que emprendió el fracasado Grupo de Lima. A través de éste, junto al gobierno de Donald Trump y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se apoyó el surgimiento de un gobierno paralelo al de Maduro en Venezuela, cuyo fracaso fortaleció a la dictadura.

Si bien la presencia del vicecanciller Sahores este lunes y martes en La Haya confundió a diplomáticos en Holanda que pensaron que era por la denuncia contra Maduro -viajó por actividades con el Instituto Ana Frank- el Gobierno no la descarta pero aclara: sería un pronunciamiento porque si bien el ex presidente Fernández dijo haberse retirado, al presentarse la denuncia con los testimonios de torturados y detenidos que viven en la Argentina ya son parte y entonces no hay tal retiro en lo técnico y jurídico. Concretamente, Argentina se retiró del Grupo de Lima en 2021 y en ese mismo año retiró la denuncia ante la CPI, algo que procesalmente no tiene sentido, porque una denuncia penal sigue su curso.

Entre tanto, hasta ahora, la dirección de derechos humanos, que ahora está en manos de Christian Machuca -ex funcionario en la sede de organismos internacionales en Ginebra- promovió la vuelta de la Argentina al llamado “Core Group de Venezuela”.

Este es clave porque llevó a la Argentina a formar parte de la resolución sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2018 y 2019. Entonces la embajada en Ginebra estaba en manos del ex vicecanciller Carlos Foradori, que ahora será enviado a la misma misión en reemplazo del embajador del kirchnerismo Federico Villegas Beltrán.

En 2020 Argentina se retiró de Core Group. Y fue una cachetada al resto de los países y a las organizaciones venezolanas que sufrían y siguen sufriendo el acoso del gobierno de Maduro.

Pedido por una activista

En la Justicia argentina también avanza una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. La abrió el año pasado el fiscal federal Carlos Stornelli tras las denuncias presentadas por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Clooney, basados en el principio de jurisdicción universal que establece que los países pueden procesar graves delitos contra la humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

Este miércoles, a través del abogado Tomás Farini Duggan, el FADER acudió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia e incluir el caso más reciente, de la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue arrestada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija.

Además de San Miguel, también fueron detenidos e incomunicados cinco de sus familiares. El régimen acusa a la activista de delitos de traición a la patria, conspiración terrorismo y asociación para delinquir y ordenó su reclusión en la sede del SEBIN El Helicoide, el mayor centro de torturas que existe en Caracas.