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Economia

Vicentin haría una oferta de pago y la comprarían 3 agroexportadoras

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El ofrecimiento a los acreedores y la transferencia de acciones sería casi en simultáneo. El 3 de septiembre, una fecha límite.

La agroexportadora Vicentin presentaría una oferta formal de pago a sus acreedores, en la primera quincena de agosto, según afirmaron fuentes de la compañía santafesina. Y a la par de ello, esperan la propuesta conjunta de Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, tres agroexportadoras que se mostraron formalmente interesadas en adquirir la empresa y preacordaron la posibilidad de que los actuales dueños cedan entre el 51 y el 90% de las acciones.

Los tiempos se aceleran y durante el próximo mes y medio habría definiciones, luego de más de un año de tensión, que incluyó un intento de intervención y expropiación de la empresa por parte del Gobierno nacional, a través de un decreto presidencial que fue desestimado luego por otra resolución del mismo tenor.

Si los planetas se alinean como el directorio de Vicentin espera, tanto la oferta de pago a los acreedores como la propuesta de venta se harían de modo casi simultáneo. En rigor, los montos con los que la agroexportadora pretendería conseguir una aprobación mayoritaria de los que reclamaron deudas por US$ 1.350 millones, va atada a lo que se pueda consensuar con las tres agroexportadoras referidas, una instancia de evaluación y negociación intensa que no se ha detenido desde que fue anunciada en mayo.

Luego de llegar a un preacuerdo de venta, se comunicaría la propuesta a los acreedores y, en caso de que haya una aceptación general, en línea con lo que establece la ley concursal, se efectivizaría después la transferencia accionaria.

En enero pasado, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso de acreedores, verificó los créditos reclamados. En el caso de quienes entregaron granos, la deuda en pesos se admitió a por un valor total de $ 23.956.545.784,63, en tanto que las acreencias en dólares se establecieron en U$S 31.211.979,47, según el detalle del siguiente documento.

En el caso de los acreedores financieros, Lorenzini reconoció deudas a 27 firmas, entre bancos públicos y privados, argentinos y de otros países por al menos 1.000 millones de dólares, entre los cuales se destaca el Banco Nación, con US$ 296.000 por cobrar. Además de esas cifras, quedan por “recalcular” US$ 853 millones a la socia de Vicentin en la empresa Renova, Oleaginosa Moreno, del ex grupo Glencore, ahora denominado Viterra, que es una de las tres empresas que comprarían la mayoría accionaria de la empresa concursada.

Listado de los acreedores financieros y los créditos verificados en el concurso de acreedores de Vincentin.

Listado de los acreedores financieros y los créditos verificados en el concurso de acreedores de Vincentin.

En ese contexto, el 24 de junio se realizó la asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobó el balance cerrado al 31 de octubre de 2020, así como la gestión del directorio (se renovaron los mandatos de quienes asumieron el año pasado) y lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

En el marco del concurso preventivo, la fecha clave es el 3 de septiembre, cuando vence el período de exclusividad (en el cual el deudor ofrece sus propuestas a los acreedores). Antes de eso, otro próximo paso procesal es la reunión informativa prevista para el 28 de agosto, según lo previsto por Lorenzini el mes pasado, para que intervengan voluntariamente los acreedores y la empresa.

Estado de cuentas

Según su último informe de evolución, en junio Vicentin tuvo prácticamente el mismo nivel de actividad que en mayo, con una leve reducción de los niveles de molienda, debido a la bajante del Rio Paraná.

Por otro lado, ha tenido un incremento de los gastos producto del pago de aguinaldos, por lo cual por primera vez en varios meses el resultado operativo fue negativo: US$ 630.000, producto de ingresos por US$ 6.870.000 y egresos de US$ 7.500.000.

Con todo, desde el directorio aseguran se ha hecho una buena reserva de caja en los últimos meses, con lo cual la administración operativa de la empresa funciona bien. Destacan que los recursos monetarios que se reunieron en el último año, en base a servicios para terceros, formará parte de esa primera propuesta formal a los acreedores prevista para el mes próximo.

En efecto, luego de la inactividad entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (en los primeros meses posteriores a la declaración de cesación de pagos del 4 de diciembre de 2019) la empresa fue sumando servicios para terceros (exportadores que utilizaron sus plantas industriales) y acumuló resultados operativos favorables.

Así, luego de reunir un saldo favorable de US$ 1 millón entre noviembre y diciembre de 2020, a comienzos de año el directorio proyectó que aún en el escenario más desfavorable, cumplirían con todos sus compromisos internos (remuneraciones, impuestos y mantenimiento de instalaciones) y la empresa transitaría el camino hacia la resolución concursal con una “sólida posición de caja”, tal como ahora aseguran que disponen.

Ya entre enero y febrero de este año acumuló ganancias por US$ 4,5 millones y pese a cambiar de clientes a los que les prestó servicios, en los meses siguientes mantuvo un resultado operativo favorable en torno a US$ 1 millón por mes.

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En 6 años, el salario mínimo perdió casi el 30% frente a la inflación

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Debería ser de $ 44.700, o sea, $ 12.700 más de los $ 32.000 fijados para octubre-diciembre de 2021.

 Aún con el reciente aumento –oficializado hoy mediante Resolución 11/2021 del Ministerio de Trabajo- el Salario Mínimo Vital y Móvil, en 6 años perdió casi un 30% de su poder adquisitivo. Debería ser de $ 44.700 –o sea, $ 12.700 más o casi un 40% por encima de los $ 32.000 fijados para octubre-diciembre de 2021 para igualar en términos reales el valor de fines de 2015.

Veamos.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el salario mínimo pasó de $ 5.588 en diciembre de 2015 a los $ 16.875 en igual mes de 2019: un incremento del 202%. La inflación en esos 4 años fue del 299,2%. Esto implicó una pérdida del 24,4% del poder adquisitivo, superior a la caída del salario real del conjunto de los trabajadores.

Alberto Fernández asumió la presidencia con el SMVM en $ 16.875. En 2020, hubo una pérdida del 10,4% porque aumentó un 22% versus una inflación del 36,1%. Este año, para octubre-diciembre se fijó en $ 32.000, un aumento del 55,4% con lo que podría mejorar en términos reales un 5% frente a una inflación que podría rondar el 48%. Aún así, el balance 2020/2021 sigue siendo negativo.

Con relación a la canasta de pobreza la pérdida, según CIFRA ( Centro de Investigación y Formación de la República Argentina-CTA) en enero de 2016, el salario mínimo cubría el 60,4% y a fin de año cubriría apenas el 42,4%. Y por la definición legal, el salario mínimo debería superar con creces el valor de la canasta familiar de pobreza.

Por eso, para una familia tipo (matrimonio y dos hijos). restando los descuentos de jubilación y salud (17%), más las asignaciones por 2 hijos, el ingreso salarial total es de poco más de $ 36.000 frente a una canasta familiar de pobreza valuada por el INDEC para agosto en $ 68.359. Y que en diciembre podría rondar los $ 72.000.

La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

El salario mínimo impacta en los programas “Potenciar Trabajo” (casi un millón de personas) que cobran la mitad del salario mínimo y “Acompañar” (35.000 personas) mujeres y LBGTI+ en situaciones de violencia de género que perciben un salario mínimo durante 6 meses consecutivos.

También incide en los trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Y de manera indirecta como referencia sobre los trabajadores no registrados o informales.

También influye en la cuota de inembargabilidad de los salarios que equivale hasta el monto del salario mínimo, salvo por deudas alimentarias. A partir de ese valor, se aplica un porcentaje creciente sobre la diferencia entre el salario percibido y el SMVM, explicó el abogado Luis Ramirez.

Además ajusta la jubilación mínima de los que se jubilaron sin acudir a las moratorias. En esos casos debe equivaler al 82% del SMVM.

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Plan Registradas: de qué se trata el programa para empleadas domésticas que promete un subsidio a empleadores

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Está previsto que lo anuncie el Gobierno este lunes al mediodía.

Para regularizar a las más de un millón de trabajadoras de Casas Particulares (personal doméstico), está previsto que el presidente Alberto Fernández anuncie este lunes a las 11.30 horas el plan “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de empleo e Inclusión Social de las Trabajadoras de Casas Particulares).

Consiste en el pago por parte del Estado de entre el 30 y 50% del salario durante 6 meses a cambio de que el empleador registre a la trabajadora y abone el porcentaje del sueldo restante, los aportes de jubilación, la ART (Riesgos del Trabajo) y la obra social.

El pago de la mitad del sueldo que pondrá el Estado, llegará a las empleadas domésticas a través de cuentas-sueldo que serán abiertas en el Banco Nación. Y el proceso de registro se hará on line a través de la AFIP.

Las empleadas registradas continuarán con el cobro de la Asignación por Embarazo, AUH y la Tarjeta Alimentar (como ya pasa actualmente) y sería compatible con otros programas sociales.

La inscripción estaría abierta hasta fin de año.

El nuevo plan habría sido ideado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con la participación el Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación.

En el nuevo plan trabajó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación. Foto Lucía Merle

En el nuevo plan trabajó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación. Foto Lucía Merle

Por eso, se prevé que el Presidente esté acompañado en el acto por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, según informó Presidencia.

Se descuenta que los empleadores que ya tienen registradas a las empleadas domésticas no podrán acceder al plan “Registradas”.

De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad.

El dato se aproxima a los del Ministerio de Trabajo, que a junio registró 474.578 trabajadores del sector con aportes a la Seguridad Social.

El empleador de una trabajadora de casas particulares registrada puede deducir del ingreso imponible del impuesto a las Ganancias tanto la remuneración como las contribuciones patronales hasta el máximo previsto para 2021, que es $167.678,40.

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El Gobierno habla de un aumento de 15% en luz, pero solo en una parte de las tarifas

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¿Qué explicó el secretario de Energía, Darío Martínez?. Especialistas estiman un ajuste de entre 30% y 40%.

El secretario de Energía, Darío Martínez, negó que las tarifas (de luz y gas) vayan a aumentar un 30%. Sin embargo, sus definiciones al respecto dejaron abiertos interrogantes. Aunque habló de un 10% a 15% de recomposición, lo hizo solo en referencia a una parte de las boletas.

“El VAD (valor agregado de distribución, el margen de las distribuidoras por prestar sus servicios) lo definen las provincias y es su responsabilidad en cada jurisdicción, sí tenemos injerencia en el estacional que creemos que andará entre 10-15% de aumento”. dijo Martínez, en declaraciones radiales.

Sin embargo, el VAD representa solo una parte de la tarifa. En Buenos Aires, es cerca de un 20%. En el interior, puede llegar a ser más alto (40%).

“El presupuesto no establece que las tarifas deban subir un 30% el año que viene. El nivel de evolución debe ser por debajo de los salarios y el presupuesto pone topes sobre la utilización de subsidios; eso sí es una discusión de muchísimos años de la Argentina para usarlos más eficientemente”, expresó Martínez.

El ministerio de Economía confirmó el domingo que habrá segmentación de subsidios. La comunicación resultó inusual. Economía confirmó que el Gobierno avanzará en esa dirección, como había adelantado Clarín.

“A medida que evolucione el bolsillo, podrá evolucionar la tarifa pero siempre por debajo (de la inflación). Este año se tomó la decisión de que aumente un dígito y creo que el año que viene andará sólo un poco por arriba de eso, pero también hay que ver cómo evoluciona el resto de la economía”, afirmó Martinez.

Sin embargo, para lograr disminución de los subsidios, los aumentos de tarifas deben estar por arriba del 10%-15% anunciado por el secretario. De lo contrario, es improbable que se pueda achicar la partida de subvenciones para energía.

El aumento en el “VAD” mejoraría los balances de las distribuidoras. Pero no cambiaría el costo de generación eléctrica. Dos tercios de esa cuenta las paga el Estado y ese es el mayor gasto. Cualquier intento de disminuir subsidios tiene que atender esa situación.

Para que en 2022 se cumpla el presupuesto, habrá que aplicar subas. El presupuesto avisa que se buscará que la tarifa cubra un 43% de los costos eléctricos, en lugar del 30% actual. Para lograrlo, el Gobierno tendrá que avanzar con incrementos.

En algunos casos, esas subas rondarían el 40% o más en sectores de clase media, para llegar a las cuentas que presentó Economía. Especialistas consultados están haciendo estudios. Una opción que manejan en las distribuidoras es incrementos de entre 18% y 20% para  todos, sin segmentación.

En el Poder Ejecutivo existe un plan para adecuar las tarifas, a implementar después de las elecciones. Se trata de una segmentación, por la cual el nivel de incremento sería diferente según las características de los consumidores. Se vino estudiando buena parte del año.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó hace una semana que no sirve “tener las tarifas congeladas” durante otro año más.

Estamos convencidos en que hay que ir hacia un esquema de segmentación, que tiene que hacerse con un nivel de base de datos que la estamos construyendo; hay limitaciones en cuanto a la información de AFIP que iremos resolviendo con una legislación para avanzar en la ley”, dijo Martínez. “El ahorro de subsidios no es la única motivación, sino la justicia en la distribución aplicada inteligentemente”, agregó.

La pregunta de los especialistas en servicios públicos es si en 2022 se repetirá la película de 2021. Es decir, si nuevamente se destinarán más fondos que los asignados para mantener las tarifas congeladas

El ministro de Economía Martín Guzmán está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese entendimiento, la reducción de subsidios es una de las vigas, según creen varios economistas. Si Guzmán sale fortalecido de los desacuerdos entre presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Kirchner, tendrá más chances de aplicar las correcciones que considera convenientes.

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ADT

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