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Economia

El Gobierno congeló las tarifas de telefonía fija y móvil, Internet y TV por cable hasta el 31 de agosto

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La decisión incluye también la prestación de servicios complementarios para aquellos usuarios que no pueden pagar las tarifas. Las empresas del sector se comprometieron a no despedir personal hasta esa fecha

El Gobierno dispuso el congelamiento de las tarifas de telefonía, celular y fija, acceso a Internet y televisión por cable hasta el próximo 31 de agosto. El anuncio fue formulado por Claudio Ambrosini, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La medida, según explicó el funcionario, fue tomada con el acuerdo de las compañías del sector, las que a su vez se comprometieron a no despedir a nadie de su personal hasta la misma fecha.

“El Poder Ejecutivo resolvió, con el acuerdo de las partes, suspender los aumentos de tarifas de la telefonía celular, telefonía fija, Internet al hogar y televisión paga hasta el 31 de agosto. Es una medida que va a aliviar a todos los argentinos, ya que en estos momentos de pandemia se ha determinado que la comunicación se considere un servicio esencial. Estamos muy contentos de haber arribado a esta solución,” señaló Ambrosini.

La resolución, destacó el funcionario, se produjo tras una reunión en la que participó el presidente Alberto Fernández. “Estamos muy conformes con lo que se ha resuelto y creemos que va a ser en beneficio de nuestro país”, agregó

Asimismo, la decisión de no tocar las tarifas se complementó con otras para aquellos que no pueden afrontar las facturas actuales, aún con el congelamiento.

“Para quienes no puedan acceder a seguir pagando ese servicio, hemos implementado servicios complementarios, muy similares al que tenían, en servicios pospagos, prepagos e Internet al hogar, con lo cual el paquete de medidas cubren todas las necesidades para estos momentos,” dijo Ambrosini.

Según se informó, se pondrán a disposición de los usuarios “planes inclusivos” de telefonía e Internet móvil de pospago, de prepago móvil y de Internet fijo, destinados a todas las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 31 de octubre. “El objetivo de los mismos es que las personas que atraviesan dificultades económicas durante la cuarentena puedan cambiarse de plan y acceder a un servicio que garantiza la conectividad a un precio accesible” explicó el Gobierno a través de un comunicado.

Dichos planes deberán cumplir una prestación que consistirá en al menos 500 MB de datos; el uso de aplicaciones de mensajería -solo texto-(WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 500 mensajes de texto (SMS); 300 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores, 0800 gratis, navegación gratuita en portales educativos para el caso de la Telefonía e Internet Movil de Pospago.

Para los servicios de prepago móvil, incluirá las mencionadas aplicaciones de mensajería, solo en su modalidad de texto; 300 mensajes de texto (SMS); 100 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores; 0800 gratis, navegación en portales educativos gratis.

Los planes también pemitirán navegar a una velocidad de 5 Mbps en el servicio de Internet fijo. También se dispuso extender el beneficio del “servicio reducido”, que garantiza la conectividad de usuarios con sistema prepago de telefonía móvil e internet. Todos estos servicios quedarán en funcionamiento con el mismo precio hasta hasta el 31 de octubre de 2020.

“Este acuerdo se suma a las medidas dispuestas por el gobierno nacional para garantizar la conectividad y el pleno acceso a la información necesaria de toda la ciudadanía, motivo por el cual tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fueron declaradas una actividad esencial en el marco de la pandemia”, explicó el Enacom.

A través del decreto 311, del 24 de marzo, el gobierno dispuso para todos los servicios públicos la prohibición de aumentar las tarifas y de hacer cortes por falta de pago durante 180 días en el caso de sectores de bajos ingresos. El congelamiento, que en esa primera etapa se aplicó hasta el 30 de abril, luego fue extendido hasta fin de mayo por el decreto 426 y ahora se decidió que continúe vigente hasta fin de agosto.

En concreto, la primera norma estableció que por 180 días no se pueden interrumpir los servicios de los usuarios exceptuados en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas, consecutivas o alternadas, que hayan tenido vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 en adelante. La medida comprendió ademas a los usuarios con aviso de corte en curso. En los casos de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, el decreto dispuso que una vez producida la mora las empresas están obligadas a mantener un servicio reducido.

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Economia

Pese a los controles, en el primer semestre el precio de los alimentos tuvo la suba más alta en los últimos 5 años

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El rubro acumula, además, un incremento por encima del nivel general de inflación, a pesar de la estabilidad del dólar oficial y los programas de regulación de precios. Cómo pueden evolucionar en la segunda parte del año

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Dólar: aunque los bancos creen que el Central podrá controlar turbulencias, preocupa la brecha con el blue

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Ven que, si la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo profundiza más allá del 90%, las distorsiones complicarán más el plan oficial.

A diferencia de otras oportunidades, el ruido cambiario de las últimas semanas no tuvo a los bancos locales como protagonistas. Es que con el endurecimiento del cepo de octubre pasado, el porcentaje de ahorristas que puede comprar dólares en las entidades se redujo a un mínimo.

De todas formas, en las mesas de los bancos locales miran de cerca el salto de las cotizaciones paralelas y monitorean la brecha.

Si bien en la mayoría de las entidades consultadas por Clarín creen que el Banco Central tendrá poder de fuego para controlar cualquier turbulencia que surja en los próximos meses en el mercado cambiario, alertan porque cualquier cambio en el panorama financiero internacional puede afectar la estabilidad de la moneda.

Además, advierten que si la brecha se profundiza más allá del 90% que alcanzó este miércoles, las inestabilidades pueden ser mayores que las previstas.

“Las últimas medidas simplemente fueron restricciones adicionales sobre la operatoria del dólar contado con liqui, cuyo efecto será marginal y posiblemente de muy corto plazo“, señalaron en la mesa de una entidad privada.

“Creemos que el Banco Central tendrá que lidiar con continuas presiones por dolarización de carteras hasta las elecciones, y estas medidas sólo amortiguan temporalmente dicha presión”, dijeron.

En otra entidad señalaron que las limitaciones al mercado financiero sólo hacen que los inversores y las empresas busquen otras alternativas para dolarizarse, lejos de los controles oficiales.

“Cuántas más restricciones haya, el mercado se vuelve más chico y menos representativo. A su vez, aparecen precios diferenciales por todos lados. Es justamente la brecha de la brecha lo que termina preocupando”, explicó un operador, en referencia a las diferencias que aparecen entre los dólares alternativos y, por ejemplo, el dólar que se negocia entre privados en el llamado mercado Senebi.

Para los mesadineristas, las estrategias del Banco Central le sirvieron para reducir sus montos de intervención diario en el mercado de bonos, pero no alcanzan para disipar la demanda por cobertura, sobre todo en los meses previos a la contienda electoral.

“Todavía son montos relativamente pequeños los que está usando el BCRA para contener al paralelo, pero crecieron sustancialmente a fines del mes pasado”, destacaron en una entidad.

En promedio, los bancos dicen que la autoridad monetaria había vendido en el mercado de bonos cerca de US$ 30 millones diarios en los primeros días de julio y, tras las medidas que se anunciaron el fin de semana largo, esos montos se habrían reducido a la mitad.

Sin embargo, ven con preocupación que pese a las trabas el volumen operado de los bonos para hacer la operación de contado con liquidación o dólar MEP se duplicó desde mediados de junio.

“Esto indica mayores presiones hacia la dolarización y a la vez una intervención mucho más activa de parte del BCRA en los mercados paralelos respecto de los montos que se venían viendo en lo que va del año (prácticamente el doble)”, dijeron en un banco.

Dentro de los distintos testimonios hay coincidencias. Pese a los riesgos, en los bancos creen que el Central tiene espalda para mantener a raya las distintas cotizaciones y evitar una disparada del precio del dólar similar a la que se vivió en octubre del año pasado, cuando la brecha cambiaria superó el 130%.

Justamente es la diferencia entre el dólar oficial y los múltiples paralelos lo que preocupa a las entidades que ven en el nivel del 90% que alcanzó por estos días, una alerta roja. “Más allá de esos valores, las expectativas de devaluación se vuelven aún más difíciles de contener”, afirmaron en un banco.

“El BCRA debería intentar contener más decididamente el paralelo respecto de lo que estuvo haciendo últimamente, dado que si se mantiene al alza a un ritmo por encima del 5% mensual como viene sucediendo desde abril, los incentivos a dolarizarse por parte del público se espiralizan y no hay tasa en pesos suficiente que alcance para ser atractiva”, remarcaron.

Al mismo tiempo, los analistas consultados coincidieron en que el programa de Creadores de Mercado de Capitales que anunció el Gobierno en las últimas semanas, es una medida que no alcanza para impulsar las inversiones en moneda local, más allá de las necesidades financieras puntuales del Tesoro.

“Desde 2018 que el mercado de bonos fue totalmente golpeado. Ahora este programa ofrece difusos beneficios y es menos atractivo que el que la CNV de Mauricio Macri había impulsado”, se quejó el ejecutivo de una entidad.

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Vicentin haría una oferta de pago y la comprarían 3 agroexportadoras

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El ofrecimiento a los acreedores y la transferencia de acciones sería casi en simultáneo. El 3 de septiembre, una fecha límite.

La agroexportadora Vicentin presentaría una oferta formal de pago a sus acreedores, en la primera quincena de agosto, según afirmaron fuentes de la compañía santafesina. Y a la par de ello, esperan la propuesta conjunta de Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, tres agroexportadoras que se mostraron formalmente interesadas en adquirir la empresa y preacordaron la posibilidad de que los actuales dueños cedan entre el 51 y el 90% de las acciones.

Los tiempos se aceleran y durante el próximo mes y medio habría definiciones, luego de más de un año de tensión, que incluyó un intento de intervención y expropiación de la empresa por parte del Gobierno nacional, a través de un decreto presidencial que fue desestimado luego por otra resolución del mismo tenor.

Si los planetas se alinean como el directorio de Vicentin espera, tanto la oferta de pago a los acreedores como la propuesta de venta se harían de modo casi simultáneo. En rigor, los montos con los que la agroexportadora pretendería conseguir una aprobación mayoritaria de los que reclamaron deudas por US$ 1.350 millones, va atada a lo que se pueda consensuar con las tres agroexportadoras referidas, una instancia de evaluación y negociación intensa que no se ha detenido desde que fue anunciada en mayo.

Luego de llegar a un preacuerdo de venta, se comunicaría la propuesta a los acreedores y, en caso de que haya una aceptación general, en línea con lo que establece la ley concursal, se efectivizaría después la transferencia accionaria.

En enero pasado, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso de acreedores, verificó los créditos reclamados. En el caso de quienes entregaron granos, la deuda en pesos se admitió a por un valor total de $ 23.956.545.784,63, en tanto que las acreencias en dólares se establecieron en U$S 31.211.979,47, según el detalle del siguiente documento.

En el caso de los acreedores financieros, Lorenzini reconoció deudas a 27 firmas, entre bancos públicos y privados, argentinos y de otros países por al menos 1.000 millones de dólares, entre los cuales se destaca el Banco Nación, con US$ 296.000 por cobrar. Además de esas cifras, quedan por “recalcular” US$ 853 millones a la socia de Vicentin en la empresa Renova, Oleaginosa Moreno, del ex grupo Glencore, ahora denominado Viterra, que es una de las tres empresas que comprarían la mayoría accionaria de la empresa concursada.

Listado de los acreedores financieros y los créditos verificados en el concurso de acreedores de Vincentin.

Listado de los acreedores financieros y los créditos verificados en el concurso de acreedores de Vincentin.

En ese contexto, el 24 de junio se realizó la asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobó el balance cerrado al 31 de octubre de 2020, así como la gestión del directorio (se renovaron los mandatos de quienes asumieron el año pasado) y lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

En el marco del concurso preventivo, la fecha clave es el 3 de septiembre, cuando vence el período de exclusividad (en el cual el deudor ofrece sus propuestas a los acreedores). Antes de eso, otro próximo paso procesal es la reunión informativa prevista para el 28 de agosto, según lo previsto por Lorenzini el mes pasado, para que intervengan voluntariamente los acreedores y la empresa.

Estado de cuentas

Según su último informe de evolución, en junio Vicentin tuvo prácticamente el mismo nivel de actividad que en mayo, con una leve reducción de los niveles de molienda, debido a la bajante del Rio Paraná.

Por otro lado, ha tenido un incremento de los gastos producto del pago de aguinaldos, por lo cual por primera vez en varios meses el resultado operativo fue negativo: US$ 630.000, producto de ingresos por US$ 6.870.000 y egresos de US$ 7.500.000.

Con todo, desde el directorio aseguran se ha hecho una buena reserva de caja en los últimos meses, con lo cual la administración operativa de la empresa funciona bien. Destacan que los recursos monetarios que se reunieron en el último año, en base a servicios para terceros, formará parte de esa primera propuesta formal a los acreedores prevista para el mes próximo.

En efecto, luego de la inactividad entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (en los primeros meses posteriores a la declaración de cesación de pagos del 4 de diciembre de 2019) la empresa fue sumando servicios para terceros (exportadores que utilizaron sus plantas industriales) y acumuló resultados operativos favorables.

Así, luego de reunir un saldo favorable de US$ 1 millón entre noviembre y diciembre de 2020, a comienzos de año el directorio proyectó que aún en el escenario más desfavorable, cumplirían con todos sus compromisos internos (remuneraciones, impuestos y mantenimiento de instalaciones) y la empresa transitaría el camino hacia la resolución concursal con una “sólida posición de caja”, tal como ahora aseguran que disponen.

Ya entre enero y febrero de este año acumuló ganancias por US$ 4,5 millones y pese a cambiar de clientes a los que les prestó servicios, en los meses siguientes mantuvo un resultado operativo favorable en torno a US$ 1 millón por mes.

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