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El Gobierno refuerza su reclamo a Gran Bretaña por las islas Malvinas: impulsó una nueva demarcación de la plataforma submarina y más sanciones a la pesca ilegal

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También promoverá por ley la creación de un Consejo para fijar políticas de Estado

En un nuevo gesto tendiente a reafirmar los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y endurecer los reclamos al Reino Unido, el Gobierno anunció este miércoles que enviará al Congreso tres proyectos de ley de alto voltaje político para fijar la demarcación de la plataforma continental marítima, establecer un nuevo régimen de sanciones a la pesca ilegal en aguas cercanas a las islas y crear un Consejo Nacional de Asuntos relativos al archipiélago para establecer políticas de Estado a largo plazo.

Esta batería de proyectos de ley que se elaboraron desde la Cancillería bajo el auspicio del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, se presentó en la residencia de Olivos con el canciller Felipe Solá y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, precisamente por la conmemoración del 191° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas. Es que en 1829 el gobierno de la provincia de Buenos Aires designó como gobernador de las Malvinas a Luis Vernet y fijó su posición de soberanía en las islas.

El presidente Alberto Fernández ratificó esta mañana el “reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía”, al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas. En su cuenta de Twitter el jefe de Estado sostuvo: “En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios”.

Tras reunirse con Alberto Fernández y mostrarle el nuevo mapa de la plataforma continental marítima de la Argentina el canciller Felipe Solá dijo: “Una de las prioridades de la política exterior argentina en la evolución de las negociaciones sobre el derecho del mar ha sido y continúa siendo consolidar nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental”.

De esta manera, Solá consideró que “tanto el proyecto de ley de demarcación del límite de la plataforma continental, como el de incremento de las sanciones por pesca ilegal y el de creación del Consejo Nacional, tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”.

A la vez, Filmus dijo tras presentar los proyectos de ley en la quinta de Olivos que “estas iniciativas establecen una mirada integral de reclamo de soberanía de Argentina en las Malvinas pero también la proyección económica del país en el Atlántico Sur”.

“En un día histórico como el de hoy en que se conmemora el nombramiento de Vernet como gobernador de Malvinas la Argentina refuerza y reafirma los derechos de las Malvinas porque hay constancia jurídica e histórica de la posesión de las islas por parte de la Argentina”, dijo el secretario de Malvinas en relación a la conmemoración del Día de Afirmación de los derechos de Malvinas.

En este contexto, mañana se publicarán en el Boletín Oficial dos de los tres proyectos de ley que fueron presentados y pasado mañana el tercero.

El Gobierno avanzará en primer lugar con la presentación en el Congreso del proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Se busca “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”. Es que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009. Así, confirmó que la plataforma continental del país ahora tiene 1.633.000 kilómetros cuadrados más y reconoció que las aguas de Malvinas están en disputa con el Reino Unido. Esto se agregó a los 4.500.000 kilometros cuadrados que ya tenía el país.

Para esto se presentó el nuevo mapa de la plataforma continental marina que fue avalado por la ONU y que se ratificará por ley para que se incorporen en los colegios como material didáctico de los nuevos espacios limítrofes de la Argentina.

“Se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional”, sostiene en los fundamentos el proyecto de ley que girará el Gobierno.

Y en relación al reclamo de soberanía de las islas Malvinas por parte de la Argentina, la Cancillería cree que la inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur resultará imprescindible ya que se tratará de “un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas”.

Es que con este proyecto de ley sustentado en el fallo de la ONU la Argentina podrá avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias en el suelo continental submarino ampliado aunque no de las aguas superiores.

La intención de la Argentina de avanzar con esta iniciativa fue duramente cuestionada hace 10 días por la Cancillería de Chile que envió una carta al ministro Felipe Solá para objetar la decisión “unilateral” de promover esta demarcación que, al entender de la administración de Sebastián Piñera, atenta contra la zona limítrofe del Canal de Beagle.

Por otra parte, el Gobierno promoverá desde hoy por ley la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El objetivo de esta comisión conformada por especialistas, académicos, ex combatientes, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, parlamentarios del oficialismo y de la oposición y el Poder Ejecutivo es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática de Malvinas. Es la primera vez que los veteranos de guerra de las Malvinas forman parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo con proyecciones a largo plazo e injerencia en las políticas de las islas.

Por último, el Gobierno impulsará un proyecto de modificación de la ley que fija un régimen de sanciones por la pesca ilegal en aguas lindantes con Malvinas.

Según el Gobierno, la Ley Federal de Pesca 24.922 estaba desactualizada, con montos que databan de 1997 (con una actualización para las causales agravantes del año 2008), lo que generaba que las sanciones monetarias no cumplieran con el objetivo de desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques pesqueros. El proyecto de ley que ahora se promueve tiene como objetivo actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal de la Ley Federal de Pesca, perpetrada contra nuestros recursos, muchas veces por buques extranjeros, incluso en el área de Malvinas, otorgando herramientas normativas más dinámicas para combatir ese flagelo.

“Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, dado que dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas”, sostiene la iniciativa oficial.

Filmus acotó a la vez que la actual ley de pesca “estaba muy desactualizada en términos de pagos de sanciones y multas a las empresas que extraen recursos del mar argentino”.

Así, el proyecto de ley propone un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al monto del combustible, que contempla su actualización. La iniciativa también posibilita restituir todos los gastos en que incurre el Estado una vez cometida la infracción. Este régimen es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa y al cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Argentina, en particular, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 14.4 de las Naciones Unidas, que establece que antes de 2020 los Estados deben reglamentar eficazmente la explotación pesquera.

Las propuestas que presentará el gobierno se dan en un contexto de dureza de parte de los isleños respecto de la política argentina hacia las islas y la ratificación de su alianza con Londres.

En su mensaje a la Asamblea Legislativa de las islas, el gobernador puesto por Gran Bretaña en las Malvinas, Nigle Phillips, expresó ayer que “las Islas Falkland (Malvinas) cuentan con el apoyo del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación”. También instó a “trabajar muy de cerca con Londres en asegurar los intereses de las Islas en las negociaciones del Brexit”.

En el mensaje de Phillips se presentó el presupuesto de las Islas para el ejercicio 2020/21, a la vez que rindió cuentas sobre “logros y errores” durante los últimos doce meses y adelantó las políticas y metas para el futuro.

En este sentido, Phillips dijo que entre los proyectos a ejecutar se cuentan la construcción de un puerto nuevo de aguas profundas, el mejoramiento de los caminos rurales y muelles en distintas localidades de las Islas, asfaltar otro tramo de la arteria que conecta Puerto Argentino con el aeropuerto internacional y complejo de Mount Pleasant, la ampliación del hospital KEMH, proyectos de viviendas y la adquisición de un par de aviones para el servicio interno, entre otras cosas.

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Pacto con Irán: el fiscal apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner y pidió que se haga el juicio

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Lo hizo el fiscal Marcelo Colombo en la misma línea que la DAIA. Ahora la decisión final será de la Cámara de Casación.

En oposición a lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), el fiscal Marcelo Colombo apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del Pacto con Irán y pidió que se haga el juicio contra la vicepresidenta. Fue en un escrito que presentó contra la decisión judicial que benefició a Cristina firmada por los jueces José Michilini, Gabriela López íñiguez y Daniel Obligado.

El lunes ya habían apelado también la DAIA y la querella en representación de un grupo de familiares. Ahora, será la Cámara de Casación la que resuelva sobre el futuro del expediente.

El caso que investigaba la firma del Pacto con Irán arrancó con la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. En otro expediente, la Justicia sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia contra la entonces presidenta de la Nación.

Pese a que en agosto de 2020 el TOF 8 había firmado una resolución aceptando 300 testigos para el debate oral y citando a una audiencia preparatoria, que es una instancia ordenatoria de cara al juicio, un año después los jueces decidieron que el caso que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio “deja al descubierto que la intención de los funcionarios y las funcionarias públicas de nuestro país involucrados en la presente causa tenían como objetivo lograr que la justicia argentina pueda recibir las declaraciones indagatorias de los prófugos iraníes por el caso AMIA, así como también, que la República Islámica de Irán conteste las rogatorias cursadas por la justicia de nuestro país”.

Dándole la razón a Cristina, el Tribunal señaló que dichos objetivos “fueron vehiculizados a través de un instrumento internacional (Memorándum de Entendimiento), que nunca entró en vigencia; sumado a que fue declarado inconstitucional por la justicia federal de nuestro país, mediante la resolución citada varias veces en este pronunciamiento, a lo que se remite”.

Los acusados por el Pacto con Irán

En la causa del Pacto con Irán, que arrancó en 2015 tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman, están procesados varios ex funcionarios que ahora ocupan cargos en el Gobierno de Alberto Fernández.

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Infografía: Clarín

Es más, agregaron que “las críticas o discusiones sobre el acierto o no del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, fueron zanjadas con la declaración de inconstitucionalidad antes referida”.

Las autoridades imputadas, que para la época de los hechos investigados “revestían la calidad de funcionarios públicos se ajustaron estrictamente al marco normativo y, por ende, cumplieron con su rol. De tal manera, no se advierte, a su respecto, comportamiento con relevancia jurídico-penal, desde la perspectiva analítica de la teoría del delito”.

Otro de los planteos realizados por la vicepresidenta es que la firma del Memorándum con Irán respondía a una política de Estado. “No corresponde valorar el acierto o desacierto de la política exterior argentina. Sino por el contrario poner enérgico control sobre las cuestiones federales que podrían afectar los intereses de la sociedad dentro del cartabón penal”, indicaron los jueces avalando ese criterio.

Frente a esos planteos el fiscal Marcelo Colombo presentó el recurso de apelación, en desacuerdo con los argumentos que expusieron los jueces al momento de firmar el sobreseimiento de todos los acusados.

El representante del Ministerio Público Fiscal ya había manifestado, durante la audiencia que se realizó ante el TOF 8 (y que no está contemplada en el Código Procesal Penal), que “todas las sospechas de que ha sido una instrucción sesgada: qué mejor instancia que el juicio”.

Consideró que expedirse sobre la existencia o inexistencia del delito, es algo que “deberá discutirse en el debate oral, de allí podrá surgir esto”. Por ese motivo, en la etapa de audiencias el fiscal Colombo instó a que los jueces inicien el debate oral. Sostuvo que la implicancia de los hechos investigados “impone avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que esta etapa garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones”.

El argumento central del pedido de nulidad del caso se centra en las más de quince visitas de los jueces de la Cámara de Casación Borinsky y Hornos a la quinta de Olivos y la Casa Rosada durante la presidencia de Macri. Cristina Kirchner sostuvo que esos encuentros respondieron a la persecución política de la que indicó ser víctima y que esos encuentros guardaron relación con diferentes resoluciones de los magistrados en diversos casos de corrupción. Entonces, consideraron que estaba en riesgo la imparcialidad de los jueces.

En este expediente Cristina Kirchner había sido procesada, junto a los demás ex integrantes de su gabinete que intervinieron en la firma del Pacto con Irán, por encubrimiento agravado del atentado de la AMIA.

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El Gobierno aprobó el pago de un bono de 15.000 pesos para artistas

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Es la quinta vez que lo pagan desde el inicio de la pandemia. La semana pasada, la Justicia frenó un bono de 5 mil pesos a jóvenes para gastar en cine, teatro y recitales.

El Gobierno aprobó este lunes el pago de un subsidio de 15 mil pesos para artistas y trabajadores de distintos sectores de la cultura, a menos de tres semanas para las elecciones legislativas.

La aprobación del subsidio fue oficializada este lunes a través de la resolución 1561/2021 publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Según indicaron en la resolución, todavía “persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante la aparición de nuevas variante del virus Sars Cov 2” y estas medidas “impactan en las actividades del sector cultural”.

Ante esto, argumentaron que “resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago” de un bono.

El ministerio decidió “disponer el otorgamiento de un nuevo pago del subsidio no reembolsable ‘APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA’ (…) mediante el otorgamiento de un quinto pago de hasta PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), a liquidarse en el mes de octubre de 2021, destinado a todos los artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura incluidos en la Nómina de Beneficiarios adjunta a la Resolución”.

El ministerio aclara en la resolución que transferirá a la ANSES la suma de 760 millones de pesos para hacer efectivo el pago de los subsidios.

La semana pasada, la jueza federal con competencia electoral María Servini frenó el pago de 5 mil pesos para jóvenes de bajos recursos entre 18 y 24 años para gastar en cine, teatro y recitales.

La denuncia penal fue por utilizar dichos fondos con fines proselitistas. Hasta que no pase el 14 de noviembre, el ministro de Cultura no podrá implementar el plan, ordenó la magistrada.

“Con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente, corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción al Sr. Ministro de Cultura de la Nación, Sr. Tristán Bauer, al sólo efecto de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo”, sostiene la resolución de la jueza electoral.

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La Justicia española suspendió la entrega a Estados Unidos del ex jefe de espionaje de Chávez, Hugo “el Pollo” Carvajal

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En las últimas horas trascendió que en su testimonio ante la Justicia habría confesado que mandaron US$ 21 millones “en maletas” para financiar a Cristina Kirchner.

La Audiencia Nacional, la jurisdicción en España a cargo de las extradiciones, dejó en suspenso la entrega a Estados Unidos del ex responsable de inteligencia venezolano Hugo “el Pollo” Carvajal, según anunció el tribunal este viernes.

Ante un recurso de la defensa de Carvajal, la Audiencia Nacional determinó que hubo un defecto de forma en un auto judicial anterior del propio tribunal, por lo que “ha acordado suspender la materialización de la entrega a Estados Unidos” del general retirado hasta que se subsane dicho error, señaló en un comunicado.

El proceso de extradición de Carvajal desde España, que ha sufrido varios sobresaltos incluido la fuga del sospechoso quien pasó casi dos años prófugo, vuelve a quedar paralizado, apenas dos días después de que la Audiencia Nacional indicara que era inminente su envío al país norteamericano.

El miércoles, el tribunal, con sede en Madrid, ordenó hacer efectiva “la entrega del militar venezolano Hugo Armando ‘el Pollo’ Carvajal a Estados Unidos una vez que ha adquirido firmeza la denegación” del asilo que solicitó en España.

El tribunal no especificó cuánto tiempo podría tardar en corregirse el error para que el proceso vuelva a ponerse en marcha.

Cabeza de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), Carvajal fue detenido en septiembre en Madrid luego de pasar casi dos años prófugo para evitar su extradición, aprobada inicialmente por la Audiencia Nacional en noviembre de 2019.

Para evadir a las autoridades, el general retirado de 61 años se sometió a operaciones de cirugía estética, usaba bigotes y pelucas postizas y cambiaba de domicilio cada tres meses, según la policía española.

Luego de ser figura de peso en el chavismo, Carvajal fue repudiado por el gobierno de Nicolás Maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó, cuando éste se autoproclamó presidente de Venezuela en febrero de 2019.

Entonces, salió en barco a la República Dominicana y luego voló a España, donde fue detenido en abril de 2019 a petición de Estados Unidos, que lo acusa de haber pertenecido con otros altos cargos del chavismo al llamado Cártel de los Soles, que habría traficado drogas con la antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego de ser figura de peso en el chavismo, Carvajal apoyó en público al opositor Juan Guaidó. Foto: AP

Luego de ser figura de peso en el chavismo, Carvajal apoyó en público al opositor Juan Guaidó. Foto: AP

Un tribunal de Nueva York acusó a Carvajal en 2011 de haber coordinado el envío de 5,6 toneladas de cocaína de Venezuela a México en 2006, que luego llegaron a Estados Unidos. Podría ser condenado a hasta cadena perpetua.

Además, Carvajal está llamado a declarar el 27 de octubre por un juez de la Audiencia Nacional, como testigo para “colaborar” con la justicia española en otros casos relacionados con Venezuela.

Los millones “en maletas” para Cristina Kirchner

El ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo Armando Carvajal, hizo explosivas declaraciones sobre los oscuros vínculos económicos entre la presidencia de los Kirchner (2003-2015) y el chavismo. Afirman que confesó que mandaron US$ 21 millones “en maletas” para financiar a Cristina Kirchner.

En un escrito que en exclusiva publicó este jueves OK DIARIO, un medio digital de Madrid, aparece el testimonio del “Pollo Carvajal”. Allí, siempre según la versión de la prensa extranjera, se asegura que los casi U$S 800.000 dólares que Guido Antonini Wilson intentó entrar a la Argentina en agosto de 2007 fueron sólo una parte de otros envíos al kirchnerismo.

El ex jefe de Inteligencia de Chávez confesó que mandaron US$ 21 millones "en maletas". Foto captura

El ex jefe de Inteligencia de Chávez confesó que mandaron US$ 21 millones “en maletas”. Foto captura

De acuerdo a la confesión del “Pollo Carvajal”, “lo que no se supo es que ese era el vuelo número 21, con 20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”.

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ADT

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