Sociedad
Potenciar Trabajo: las preguntas que deberán responder los beneficiarios del plan y con las que el Gobierno busca detectar irregularidades
La encuesta consta de 40 ítems y el Ejecutivo, además, busca saber si quienes cobran el plan pertenecen a una organización oficialista o de izquierda
Infobae accedió de manera exclusiva a las planillas que servirán como base a las auditorías que en los próximos días el Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, comenzará sobre el programa Potenciar Trabajo. Las preguntas aún pueden sufrir alguna modificación, pero son las que hasta ayer eran utilizadas para capacitar a quienes realizarán la encuesta y las que se hicieron llegar a las organizaciones populares.
Son casi 40 items que apuntan a conocer, no solo la realidad social que vive cada uno de los casi 1.300.000 beneficiaros, sino también a qué organización social pertenecen: es decir si es oficialista u opositora; si están dispuestos a dejar de recibir el plan a cambio de un “trabajo formal, registrado, en relación de dependencia”; si la contraprestación laboral para cobrar el plan la hace como “integrante de una organización comunitaria/social”, como “integrante de un pequeño emprendimiento”, o “como trabajador municipal”; y si desarrollan otra actividad y que remuneración perciben. Entre otras preguntas, el amplio cuestionario está destinado a saber si las personas “conocen a qué Unidad de Gestión (UG) y/u organización pertenece” y en este caso debe nombrar si trabajan en una cooperativa, por ejemplo, a cargo de los oficialistas Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, o de organizaciones enfrentadas al gobierno del Frente de Todos, como el Polo Obrero o el Movimiento Teresa Vive-MTS, que integran la Unidad Piquetera.
La encuesta no pregunta, por ejemplo, si en los lugares en los que deben realizar 60 horas mensuales, tienen los insumos suficientes, como máquinas, herramientas o alimentos, que debe destinar el ministerio de cargo de Juan Zabaleta; o si sufren algún tipo de abuso por parte de los dirigentes sociales que están a cargo de las Unidades de Gestión.
Sobre este último punto, los funcionarios podrán aducir que ya hay un registro, en la secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico (referente del Evita) para solicitar el cambio de lugar de trabajo.
Algunas de las respuesta que busca el Gobierno con el cuestionario provisorio ya existen los datos filiatorios de los beneficiarios. Por ejemplo, se consulta si cobran otro plan, o si en sus hogares reciben de manera gratuita: leche, bolsas o cajas de alimentos secos o fresco o raciones de comida a través de merenderos o comedores.
“El objetivo de la encuesta es conocer las condiciones socio demográficas de los titulares. Los estudios alcanzados y el tipo de actividad que realizan en el marco del programa: que tipo de contraprestación realiza en el marco del Potenciar Trabajo y cuantas horas diarias cumplen”, le explicó a este medio un funcionario de Desarrollo Social al ser consultado sobre las razones de la auditoría.
—¿Y si encuentran que el beneficiario no cumple con las tareas laborales, que no va a la Unidad de Gestión ni estudia, ni se capacita, le dan de baja?.
—Por ahora no se le va a suspender el beneficio a nadie, respondió. Si la respuesta es sincera la pregunta es ¿para qué se invierten los fondos públicos para realizar la auditoría?
Lo que no se pregunta
Dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (Partido Obrero); Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur) y Mónica Sulle (MTV-MST), están convencidos de que la auditoría, entre otros motivos, busca recortar unos 400.000 beneficiarios y así cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Es más, Belliboni descree que se termine la auditoría en todo el país y sobre todas las Unidades de Gestión, como se anunció, porque semejante tarea demandaría más de un año. “Están haciendo todo este show para la popular. Para conformar a Cristina. Es pura espuma”, interpreta el líder del Polo Obrero.
La auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo se implementó después de que la Vicepresidenta Cristina de Kirchner denunciara el 20 de junio que el gobierno que ella misma integra “tercerizó” el manejo de los planes sociales y apuntó contra el Movimiento Evita. Ese día planteó que el Estado debía “recuperar el control” sobre programas como el Potenciar Trabajo.
Días después el presidente Alberto Fernández y más tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, hicieron lo propio.
El encargado de implementar la auditoría es Zabaleta. Belliboni aseguró, desde los movimientos populares, que se iba a realizar ese control sobre las 200 Unidades de Gestión que dependen de las organizaciones sociales y que en vez de hacerlo de manera “seria”, sería un “show mediático” a través del cual se los seguiría “persiguiendo” y “estigmatizando”, tal como lo denunciaron ante Monseñor Vicente Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Sin embargo, los dirigentes ganaron la pulseada. No se opusieron al control y habrían forzado dos cambios: auditar a la Unidades de Gestión de los movimientos sociales, pero también las que dependen de iglesias, pequeños emprendimientos privados, ONG´s, municipios y gobernaciones.
El otro punto relevante fue que las auditorías se realizarían en los lugares de trabajo. De esta forma, pretenden que los beneficiarios expongan la falta de insumos porque Desarrollo Social no los estaría enviando.
Sin embargo, los encargados de la encuesta no preguntaran sobre eso. Al menos hasta ahora esa consulta no esta incorporada a las ocho planillas que compone el “Formulario de certificación de actividades titulares Potenciar Trabajo”.
Presupuesto multimillonario
El año pasado al Potenciar Trabajo se destinaron 226.557 millones de pesos, el 43% del presupuesto ejecutado del ministerio de Desarrollo Social, según los datos del ministerio de Economía. A partir del mes de septiembre, los beneficiarios del programa recibirán 25.600 pesos. Como contraprestación deben cumplir un mínimo de 20 horas de tareas semanales.
Los “auditores”, serán estudiantes de universidades públicas que son aún capacitados para la tarea. Estarán acompañados por funcionarios de Desarrollo Social y de los propios movimientos populares, por lo general que integran el Frente de Todos.
Según le aseguró a este medio Alejandro Gramajo, Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local: “El principal objetivo de este proceso de auditorías que vamos a encarar es conocer mejor la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se encuentran en el programa Potenciar Trabajo. La idea es relevar en qué condiciones trabaja el sector y fundamentalmente mejorar el programa”.
El viernes comenzarán las primeras auditorías en Unidades de Gestión (cooperativas de trabajo) de los municipios bonaerenses de Lanús e Ituzaingó y en la ciudad de Santa Fe. La encuesta iba a empezar antes, pero fallas en la aplicación durante las “pruebas de auditorías” hizo que se postergara al viernes. Según el cronograma oficial, ese día comenzaría en el ECOPUNTO de Lanús “dónde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan actividades de reciclado, herrería y obrador y también llevan adelante comedores comunitarios y de estudios para completar la escuela”, según el comunicado oficial difundido por la secretaría de Economía Social a cargo de Pérsico.
Realizar la entrevista pautada por la auditoría es obligatorio y quien no la realice cobrará el 50% del monto mensual.
Preguntas y respuestas
La mayoría de las preguntas que se realizan en el “formulario de certificación” ya están archivadas en el ministerio de Desarrollo Social. O se acreditarían cruzando la información en organismos con ANSES o AFIP. Por ejemplo, se consulta si el beneficiario o algún miembro de la familia recibe planes como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, por discapacidad, prestación alimentaria, entre otras.
El cobro de algún otro plan social no es motivo para perder el Potenciar Trabajo.
Los encuestadores consultarán también que tipo de “contraprestación” realizan los beneficiarios. Si no desarrollan ninguna tarea en una cooperativa o pequeña empresa, familiar o no, no estudian o se capacitan, el ministerio de Desarrollo Social está facultado para darle de baja del programa.
En caso de responder de manera positiva, las personas deberán relatar que tareas realizan y para quien lo hacen. También si son integrantes activos de una organización social y en este caso, deberán confiar si lo hacen en un movimiento oficialista u opositor. Una pregunta que no cumple ninguno de los objetivos planteados en la auditoría. Debería bastar con saber si el beneficiario cumple con sus tareas, no si pertenece a un movimiento de izquierda o de Frente de Todos.
Los funcionarios buscan conocer también otros detalles que parecen tener poca relación con saber si cumplen o no con las 60 horas mensuales de trabajo o estudios: ¿integran una organización social? y si es así ¿Cuál?; ¿Cuántas horas laborales está dispuesto a realizar si tuviese un “trabajo en blanco”.
“Los Movimientos populares vamos a acompañar las auditorías de Potenciar Trabajo, pero no vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”, le dijo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a este medio.
Habrá que esperar para tener los resultados de la encuesta, conocer qué porcentaje del Potenciar Trabajo fue mal concedido por el Gobierno y por cuanto tiempo, o si no hay ningún tipo irregularidades.
