Sociedad
Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado
Un trabajador inició una demanda contra su exempleador tras ser acusado de apropiarse de un obsequio sindical. La empresa había justificado la cesantía por violación de deberes de buena fe y fidelidad. Cómo fue analizado el caso
El hecho que motivó el litigio ocurrió en una empresa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires cuando un trabajador, con menos de un año de antigüedad, fue desvinculado luego de que la firma afirmara que se apropió sin permiso de una caja navideña destinada a una compañera de trabajo. El episodio, ocurrido en marzo de 2023, fue registrado por cámaras de seguridad internas, según consta en la causa judicial.
Ya desde el inicio del vínculo laboral, el empleado había quedado bajo la lupa de la administración por hechos anteriores. Uno de los testimonios ofrecidos en el juicio recordó que al poco tiempo de ingresar, el trabajador reportó el robo de un vehículo de la empresa, que llevaba mercadería. El vehículo estaba ploteado y se consideraba difícil de hurtar, lo que generó recelos internos.
En su argumento, el trabajador deslizó que la verdadera causa del despido se relacionaba con la desconfianza originada tras ese incidente previo, y no con la caja de productos. Sin embargo, la carta documento que comunicó su despido citaba textualmente la sustracción y apropiación indebida del paquete, señalando como causal la pérdida de confianza por parte de la empresa.
En el expediente judicial se describió que el propio trabajador admitió haber retirado el paquete que no le pertenecía. La carga de acreditar que contaba con autorización pesaba sobre él, y el tribunal consideró que no logró probar ese extremo, criterio que resultó decisivo para la sentencia.
En primera instancia, el juez rechazó la demanda principal del trabajador por despido sin causa, al considerar probada la injuria laboral. No obstante, dispuso el pago de una suma menor por diferencias en la liquidación final y estableció la actualización de ese monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, contemplando un interés anual.
El fallo también evaluó el contexto del vínculo y la gravedad del hecho. Para el tribunal, la apropiación de la caja no revestía alto valor económico, pero sí implicaba una falta objetiva a los deberes de buena fe, diligencia y fidelidad, especialmente dadas las funciones de confianza que desempeñaba el trabajador.
Los argumentos de la Cámara
Al analizar la apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo examinó los testimonios, el monitoreo por cámaras y el historial de incidentes. Destacó que la pérdida de confianza resultó justificada al haberse comprobado la conducta irregular dentro de los primeros meses de empleo. Remarcó también que, en situaciones de tan breve antigüedad, el empleador se encuentra en desventaja para formarse una opinión diferente sobre la honestidad o probidad del empleado.
La Cámara sostuvo que circunstancias de esta índole, cuando resultan cabalmente probadas, habilitan la decisión extintiva del vínculo laboral, pues lesionan de manera terminal la confianza depositada. La falta de antecedentes que atenuaran la gravedad de la conducta del trabajador contribuyó a respaldar ese criterio.
Antecedentes
Entre las declaraciones recabadas, la responsable de recursos humanos puntualizó que antes de la desvinculación existían antecedentes de desempeño irregular, sumando dificultades previas en tareas y movimientos sospechosos de mercadería, aunque reconoció que no había pruebas plenas hasta el incidente de la caja.
La sentencia precisó que situaciones de este tipo, dentro de un corto período de contratación y en un contexto de desconfianza previa, pueden fundar la decisión de romper el vínculo laboral por exclusividad del empleador. En cuanto a las costas y honorarios, el tribunal resolvió imponerlas en el orden causado, atendiendo a la particularidad fáctica del caso y la expectativa razonable de defensa de ambas partes.
En otro tramo del litigio, se discutió si correspondía el pago de la indemnización adicional prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por falta de entrega del certificado de servicios. El tribunal aclaró que la empresa había cumplido con esa obligación, al haber puesto a disposición los certificados en tiempo y forma, por lo que se rechazó ese reclamo.